En Puerto Rico, la mayoría de la población está consciente de la importancia de las vacunas contra el COVID-19. Entienden los fundamentos médico-científicos que demuestran que la vacuna es el instrumento más efectivo para protegernos contra la severidad de la enfermedad del COVID-19. Aquellos que no necesariamente comprenden la ciencia, asumen su responsabilidad, buscando información y recomendaciones de expertos en inmunidad a través del Departamento de Salud, organizaciones privadas con credibilidad, médicos y personal de enfermería.

Son pocos, pero muy vocales y activos en redes sociales, los que desvían el mensaje de protección y medidas de seguridad contra el COVID-19. Sin evidencia, provocan equivocaciones en el análisis y balance de riesgos versus beneficios de la vacunación ante un virus que puede ser letal. Ciertamente la Constitución de Estados Unidos y de Puerto Rico protegen derechos individuales a la libertad y autonomía. Estos derechos nos permiten expresar nuestras ideas en el campo de la libertad de expresión y la autonomía para elegir si autorizamos o rechazamos un tratamiento médico como la vacuna. No obstante, debemos reconocer que los derechos individuales constitucionalmente protegidos NO son absolutos.

El Gobierno tiene un interés apremiante en proteger a sus ciudadanos y visitantes de peligros a la salud pública. La pandemia ocasionada por el virus SARS-COV-2 es un peligro inminente que ha terminado la vida de más de 5 millones de personas alrededor del mundo y más de 3,200 en Puerto Rico. Con el fin de proteger al mayor número de personas, el Gobierno establece medidas de seguridad para todos y mandatos de vacunación con énfasis en la población laboral y estudiantil. En Puerto Rico, tradicional e históricamente, desde la década de los 1970, la Asamblea Legislativa designó a la Rama Ejecutiva, por conducto del Secretario de Salud, la autoridad y el deber de escoger las vacunas requisito para la admisión escolar. Recientemente, el señor gobernador, Honorable Pedro Pierluisi, en la Orden Ejecutiva 2021-075, como medida de emergencia ordena que los menores entre 5 a 11 años deben tener sus dosis completadas para lograr admisión escolar presencial en o antes del 31 de enero del 2022. También se incluyen los estudiantes del sistema público y privado entre las edades de 12 años en adelante, cursando escuela intermedia, superior, vocacional o universitario originalmente bajo la Orden Administrativa del Departamento de Salud 2021-509.

El derecho y la responsabilidad de los padres, tutores o encargados de los menores de edad se expresa al lograr acceso y llevar a sus hijos al proveedor pediátrico de su preferencia, aclarar sus dudas sobre la vacuna y tomar una decisión ilustrada basada en evidencia médico-científica y el bienestar de su hijo. Deben llevar la identificación con foto del adulto, el número de Seguro Social del menor (si tiene) y estar presentes en todo momento con el menor. Si papá o mamá no pueden ir, deben redactar una carta sencilla autorizando a un adulto encargado a completar el consentimiento para la vacuna del menor y copia de la identificación con foto de quien firma la carta.

Si tienes dudas, puedes comunicarte con el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico para una orientación, llamando al 787-751-5979, extensión 122 o pasar por el Centro de Vacunación del Colegio en The Mall of San Juan.

Conoce tu derecho de acceso a la vacunación y ejerce tu responsabilidad.

La autora es experta en Derecho de Salud. Para información, llama al 787-763-0838 o escribe a Lsanchezlaw@gmail.com.