Los retos que enfrentan las personas con diversidad funcional en la educación y en el empleo cada día son más retantes, por la falta de conocimiento de la población y de los patronos.

Puerto Rico carece de desarrollar una política pública estructurada, planificada y coordinada para atender de manera efectiva, eficaz y ágil, la identificación y provisión de servicios gubernamentales para satisfacer las necesidades de la población con diversidad funcional.

En Puerto Rico, como en el resto del mundo, estamos pasando por la pandemia del COVID-19. Esto ha afectado a las personas con diversidad funcional que reciben servicios educativos del Departamento de Educación.

Como defensor de los derechos de las personas con diversidad funcional, me pregunto: ¿Los servicios educativos que ofrece el Departamento de Educación cumplirán con los acomodos razonables en el salón de clases? ¿Qué acomodo se le da a un estudiante sordo? ¿A los ciegos? ¿A los estudiantes con problemas de habla? Y más aún, ¿cuán efectiva es la revisión de un COMPU utilizando el método a distancia? ¿Cómo los padres, que no tienen las destrezas académicas, podrían ayudar a sus hijos académicamente? Este método de enseñanza en vez de ayudar al estudiante entiendo que lo perjudica académicamente. Esto lo puedo confirmar con la situación de las clases a distancia, para las que no se han tomado medidas efectivas y convincentes para los estudiantes del programa de educación especial. Estos estudiantes necesitan, no solamente acomodos razonables para que esta enseñanza a distancia sea efectiva, porque no es meramente una clase por cumplir con el Departamento de Educación. Aquí se trata de la educación, el desarrollo y aprendizaje de nuestros niños y jóvenes con diversidad funcional para que, cuando lleguen a una institución postsecundaria, no se encuentren con lagunas.

Los números hablan

En el año 2010, la Universidad de Cornell realizó un estudio que revela que en Puerto Rico había una población estimada de 723,900 personas con diversidad funcional. Esto equivale al 19.6 % de la población general. El mismo estudio refleja que el 28.3 % de las personas con diversidad funcional finaliza su cuarto año de escuela secundaria y un 22 % obtiene algún grado universitario. Estos números son preocupantes porque, aún la persona con diversidad funcional que finaliza su escuela secundaria, no contempla ingresar a estudios postsecundarios.

Con mi experiencia, uno de los factores que provoca que esto suceda es que la escuela secundaria no haya realizado una transición de forma efectiva para que el estudiante tome una decisión orientada e informada. Se debería orientar a los estudiantes de escuela secundaria que soliciten el pasaporte educativo o Ley 250, ya que le abre las puertas a una educación postsecundaria o inclusiva.

Como parte de una transición efectiva, el estudiante con diversidad funcional debe utilizar los servicios de un consejero en rehabilitación para juntos seleccionar las metas postsecundarias según sus debilidades y fortalezas, con énfasis en el mercado laboral existente. También, las instituciones postsecundarias no incluyen en sus campañas educativas ofertas académicas que provoquen que el estudiante con diversidad funcional se motive a continuar estudios universitarios.

Entre las ofertas que se deben incluir en la promoción, están: acomodos en el salón de clases, instalaciones accesibles y currículos adaptados a su necesidad. Sería interesante algún día escuchar un anuncio de una institución educativa postsecundaria que diga: “Los estudiantes con diversidad funcional son importantes en nuestra institución, atrévete a formar parte de nosotros”.

Mercado de empleo

En cuanto al empleo en Puerto Rico, la empresa privada y hasta el propio gobierno no son receptivos a contratar personas con diversidad funcional porque, como dice la Ley ADA, quizás son onerosos. Esta teoría es totalmente errada, porque estadísticamente se ha probado que estos empleados tienen menos problemas de ausentismo, disciplina o tardanzas, al contrario tienen un alto compromiso con su empresa. El mismo estudio de la Universidad de Cornell refleja que para el 2010 en Puerto Rico las personas con diversidad funcional en la fuerza laboral eran de 22.9 %. Si comparamos esta estadística, Puerto Rico hace el último lugar entre los estados y territorios versus los primeros cinco estados que los números son los siguientes: North Dakota con 52.3 %, Wyoming con 51.2 %, Alaska con 47.5 %, Iowa con 43.6 % y Kansas con 43.3 %. Estas estadísticas son preocupantes debido a que los jóvenes con diversidad funcional no se motivan a continuar carreras postsecundarias y que, aquellos que logran carreras universitarias, no se motivan a la búsqueda de empleo competitivo.

Puerto Rico debería de tener incentivos para que los patronos de la empresa privada contraten a personas con diversidad funcional. De esta forma, fomentamos la empleabilidad de esta población y evitamos la codependencia de los beneficios del gobierno.

Esta gestión, esfuerzo e iniciativa de integración e inclusión de las personas con diversidad funcional es una responsabilidad social, comunitaria y gubernamental.

El autor es exprocurador de las Personas con Impedimentos.