Con la adición de dos nuevas demandas impugnando los requisitos de licitación federal, ya son cuatro las empresas socias de AGC que están impugnando en los tribunales licitaciones federales que requieren acuerdos laborales (PLA’s, por sus siglas en inglés). Las cuatro demandas han llevado al gobierno a suspender, voluntariamente, la adjudicación de los contratos en dichas subastas, mientras se resuelven las impugnaciones. Las demandas impugnando el mandato federal de PLA están fundamentadas en una teoría legal que AGC ayudó a crear con el bufete Fox Rothschild. Las cuatro demandas están pendientes ante el Tribunal de Reclamaciones Federales de los Estados Unidos.

En, al menos, dos de los casos, el gobierno está obligado a presentar estudios de mercado para respaldar el uso de un PLA en dichos proyectos, consistente con la competencia plena y abierta. AGC entiende que los estudios de mercado sometidos originalmente para respaldar el uso de un PLA fueron legalmente insuficientes y no fomentarán eficiencia ni ahorro en las contrataciones federales. Ahora, el gobierno tiene hasta finales de agosto para presentar dichos estudios como parte de expediente administrativo de estos dos proyectos o, probablemente, tomar medidas correctivas. La eliminación del requisito de PLA y volver a emitir la solicitud sin dicho requisito podría constituir una acción correctiva. Hasta la fecha, la administración del presidente Biden no ha concedido ninguna excepción a su nueva política de PLA mandatorio.

A través de estas demandas, basadas en los argumentos desarrollados por AGC sobre la ilegalidad de los PLA, la asociación espera que el tribunal esté de acuerdo y dicte que un mandato de PLA generalizado es un programa de preferencia socioeconómica ilegal, no autorizado por el Congreso, y en clara violación de la Ley de Competencia en la Contratación (CICA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, si el gobierno decide aplicar una excepción y elimina el mandato de PLA en las solicitudes reemitidas, AGC habrá liderado los esfuerzos para crear una vía viable para obligar al gobierno a invocar el proceso de exención. En general, AGC busca reunir recursos y crear un plan que sus socios puedan consultar, si se enfrentan a adquisiciones que perjudican y descalifican a licitadores responsables, que no entran o no pueden entrar en un PLA con un sindicato para recibir una adjudicación de contrato, según los términos de la solicitud.

AGC of America no apoya ni se opone al uso voluntario de PLA’s por parte de los contratistas en proyectos gubernamentales o en otros lugares, pero se opone firmemente a cualquier mandato gubernamental para el uso de PLA por parte de los contratistas. AGC está comprometida con la competencia libre y abierta para el trabajo financiado con fondos públicos. Por mucho tiempo, AGC ha sostenido que el gobierno federal no debería imponer PLA’s. Los mandatos gubernamentales para los PLA’s perjudican tanto a contratistas con uniones como a contratistas de taller abierto, y no promueven ahorros ni eficiencia en las adquisiciones federales. Según un análisis de AGC, las agencias federales de construcción del Departamento de Defensa, que realizan la mayor parte de la construcción federal, rechazaron los mandatos de PLA en el 99.4 % de las veces, incluso cuando se les alentó a hacerlo bajo la administración de Obama.

Encuesta de la fuerza laboral de AGC y Arcoro

El hecho de que los Estados Unidos no inviertan en programas de educación y capacitación de la fuerza laboral de la construcción está teniendo un impacto real y medible en la capacidad del país para construir infraestructura y otros proyectos de construcción, según los resultados de una encuesta de la fuerza laboral realizada por la Asociación de Contratistas Generales de América y Arcoro, empresa líder en tecnología de recursos humanos que apoya a la industria de la construcción. Al señalar que el 94 % de los contratistas reportan que están teniendo dificultades para cubrir los puestos vacantes, los representantes de la construcción pidieron a los líderes del gobierno federal que adopten mejores políticas de fuerza laboral.

“El camino más probable para abordar la escasez de mano de obra en la construcción es que el gobierno federal adopte mejores políticas de mano de obra”, dijo Jeff Shoaf, director ejecutivo de la asociación, durante una rueda de prensa virtual para dar a conocer los resultados. “Los funcionarios federales deben apoyar, en lugar de socavar, nuestras políticas nacionales de infraestructura y desarrollo económico”.

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