Ponce. “Nadie me obligó”.

Ángel Gómez, exempleado municipal de Ponce, sostuvo durante el cuarto y último día de la vista preliminar contra el suspendido alcalde de este pueblo, Luis Irizarry Pabón, que el dinero que aportó para el pago de la deuda personal de más de $50,000 del político fue un donativo “voluntario”, contrario a lo testificado ayer por quienes fueron sus homólogos.

Desde exigirle repetidamente a que hablara más fuerte, hasta explicar detalladamente las definiciones de objeciones en ley y el por qué aplicaban en el momento de ser vociferados, el testimonio provocó un fuerte careo entre las fiscales especiales de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) y la defensa de Irizarry Pabón. Tanto fue, que la fiscal especial Fabiola Acarón Porrata-Doria demandó en varias ocasiones y a viva voz que el testigo desistiera de mirar a la defensa al responder preguntas, mientras que la fiscal Zulma Fúster Troche sugirió a la prensa que los abogados influyeron en el testimonio de Gómez.

“Ustedes pudieron ver el ‘demeanor’ (la conducta) de ese testigo”, se limitó a decir Fúster Troche a los medios de comunicación al retirarse de la Sala 405, del Tribunal de Ponce donde se celebró la vista y mientras el juez superior Daniel López González tomaba su decisión de determinar causa o no causa para juicio contra el alcalde.

Gómez se mantuvo firme en que su pago al préstamo del alcalde fue voluntario y que lo hizo como aportación a la campaña política del popular, pese a que no lo especificó de esta manera en su declaración jurada.

“El donativo que yo hice fue de $900″, dijo durante el redirecto de Acarón Porrata-Doria.

“Eso era un donativo de campaña. No lo dice (en la declaración jurada), pero para mí sí (era un donativo de campaña)”, recalcó en el contrainterrogatorio del abogado José Andreu Fuentes.

¿Qué pasó?

Según relató Gómez en sala, estuvo empleado por el ayuntamiento entre el 15 de enero de 2021 al 30 de abril de 2022 como asistente administrativo 3, bajo la supervisión de Rafael Torres, director de la Oficina de Protocolo y Calendario. Mientras era empleado municipal, también era dueño de la barra Tambaleo Spot Bar.

A preguntas de Acarón Porrata-Doria, relató que el lunes, 11 de abril de 2022, a eso de las 10:00 a.m. (un día de trabajo y durante sus horas laborales), acompañó a Torres en un vehículo municipal a Tambaleo, donde retiró $900 de la caja. Luego, se dirigieron a un supermercado donde Torres utilizó un cajero automático para retirar $70.

Desde ahí, viajaron hacia la sucursal del Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) ubicado en el Centro del Sur Mall para efectuar el pago de cerca de $970 a la deuda del préstamo personal de Irizarry Pabón. Esto concuerda con lo testificado en días anteriores de que el pago mensual de la deuda del alcalde era de $968.65.

Narró que Torres tenía en su posesión una libreta azul, cuyas páginas tenían grapadas los recibos de pagos anteriores y en el que detallaba que ese pago correspondía a la deuda del mes de marzo de 2022.

“Lo importante de ese testigo es que fue con su supervisor, que era quien ya tenía la libreta (del préstamo), fue al Banco Popular con su supervisor en horas laborables a hacer un pago y ese pago consta con prueba documental”, subrayó Fúster Troche.

A días de ese suceso, el fiscal Mateo Casado del Departamento de Justicia se comunicó con Gómez, asegurándole que tenía vídeos de la cámara de seguridad del BPPR que lo mostraba haciendo el pago. Poco después de esa comunicación, Gómez renunció a su puesto.

Gómez firmó su declaración jurada el 29 de octubre de 2022 y, posterior a esa fecha, pidió una reunión con la defensa de Irizarry Pabón.

“¿Quién le dijo a usted que lo que usted hizo fue un donativo?”, le preguntó Acarón Porrata-Doria a Gómez.

“¡Sugiriendo! ¡Objeción!”, gritó el licenciado Carlos Torres Nolasco desde el banco.

La Opfei acusó a Irizarry Pabón de un cargo por enriquecimiento injustificado y cuatro por violar el Artículo 4.6 de la Ley de Ética Gubernamental al supuestamente pedirle a los directores municipales, presuntamente bajo amenaza de represalias, a pagarle la deuda de más de $50,000 de su préstamo personal, de los cuales $30,000 los utilizó para financiar su campaña y $20,000 para uso personal.

El magistrado recesó la vista hasta las 2:00 p.m., cuando las fiscales y los abogados ofrecerán sus argumentos finales y determinará si encontró causa para juicio.

“Estamos muy confiados. Yo entiendo que no se ha aprobado nada”, estimó Andreu Fuentes a los medios de comunicación.