El juez superior Daniel López González determinó este jueves causa para juicio contra el alcalde suspendido de Ponce, Luis Irizarry Pabón, por presuntamente presionar a los directores de las dependencias municipales a pagar su deuda personal de una suma total de $53,000.

El magistrado encontró causa para juicio por violación al Artículo 251 del Código Electoral (enriquecimiento injustificado) y el Artículo 4.2B de la Ley de Ética Gubernamental, que establece que “un servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley”.

Estos dos cargos aplican a los pagos de empleados que se emitieron entre abril de 2021 a septiembre de 2021, según los testimonios de los exempleados municipales Oscar Nazario y Jorge Mercado Santiago.

“Yo creo que la prueba es bien clara que él (Irizarry Pabón) utilizó su posición y utilizó su poder a los efectos de pedirle, darle instrucciones a unos empelados que hasta sacaron dinero de vacaciones, de unos chequecitos que le dieron de cuando renunciaron a sus trabajos para pagar una obligación que no era de ellos. Nadie hace eso de forma voluntaria ni lo hace porque quiere. Obviamente, este señor estaba utilizando su puesto para beneficiarse y para lograr una ventaja y esto es un abuso contra estos empleados. Así que, yo creo que aquí se ha hecho justicia y estamos muy satisfechos”, celebró la fiscal especial Zulma Fúster Troche ante la prensa al salir de la Sala 405 del Tribunal de Ponce donde el juez dictó su determinación.

El Opfei también buscaba que se le acusara por los mismos cargos por el pago que efectuó el exempleado Ángel Gómez en abril de 2022. El juez, sin embargo, no encontró causa en estos cargos.

“En el juicio vamos a prevalecer. En el primer ‘inning’, se cayeron dos cargos. De cuatro, cayeron dos”, dijo la defensa de Irizarry Pabón, José Andreu Fuentes, al reiterar que su cliente aún no se le ha determinado culpabilidad de delito alguno.

El político del Partido Popular Democrático (PPD) acumuló la deuda tras solicitar un préstamo personal en el Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) para financiar su campaña política y para uso personal.

De los más de $50,000 que debía, presuntamente $30,000 fueron dirigidos a la campaña, mientras que los restantes $20,000 para su uso personal.

Al escuchar la determinación en sala, el suspendido alcalde mostró frustración. Estaba de pie, e inmediatamente al escuchar la palabra “causa”, se volteó hacia su esposa, Miyady Vázquez -quien estaba sentada en la banca justo detrás de él con su hijo e hija- bajó los hombros y abrió los brazos, en una expresión que pareciera ser de sorpresa y desilusión.

Esta fue la única reacción que reflejó el funcionario. Al dirigirse a los elevadores a su salida del Centro Judicial, se limitó a indicarle a los medios de comunicación: “respetamos los procesos. Gracias, gracias”.

Irizarry Pabón tampoco contestó las preguntas de si renunciaría a su posición en la poltrona municipal o si ha sostenido conversaciones con líderes de la colectividad.

De ser hallado culpable por violar el Código Electoral, podría enfrentar hasta ocho años de cárcel. Mientras, si el juez determina culpabilidad por violar la Ley de Ética, podría estar encarcelado por cinco años sin derecho a probatoria.

El 25 de abril será la lectura del pliego acusatorio. El 6 de junio comenzará el juicio.

“¿Para eso es que son electos?”

Durante la vista preliminar, varios testigos describieron que se sintieron timados y temerosos de no cumplir con la exigencia del alcalde, ya que adujeron temer perder sus posiciones de empleo si no cumplían.

“Si fuese ser un préstamo de campaña, la ley es clara en relación a los requisitos que hay que cumplir. Aquí hay jurisprudencia vasta y el Contralor Electoral tiene una reglamentación. Aquí no se cumplió ninguno de estos requisitos: habría que depositar el préstamo completo, habría que informarlo como la deuda del candidato. En este caso no se hizo. En este caso, muy convenientemente, posteriormente, después de que se tomó un préstamo personal cuando lo atrapan con este esquema de empleados pagando ahora se dice que es préstamo de campaña y nunca hubo la intención de un repago tampoco. La prueba no arroja eso”, puntualizó Fúster Troche.

Durante su argumentación final, Fúster Troche subrayó repetidamente que el alcalde abusó de la posición que ostentaba para así obligar a sus “subalternos” en pagar su deuda.

“Su señoría, ¿de qué estamos hablando? ¿Que los servidores públicos de este país para eso es que son electos, para beneficiarse personalmente?”, cuestionó la fiscal.

Recordó, además, el testimonio de Ormiraida López Torres -subgerente administradora de la sucursal del BPPR en Ponce Towne Center- quien interpretó los documentos que reflejaban los pagos al préstamo. Ahí, estableció que cuando el alcalde dejó de pagar su propia deuda es que los abonos se hicieron en efectivo.

Indicó también que el exempleado y director de campaña, Luis Rafael Báez Rodríguez, u “Oso”, alegó que el empresario convicto Oscar Santamaría, aparentemente, le había saldado la deuda de campaña para el 2020. Asimismo, señaló que una anotación del préstamo dictaba que el dinero lo utilizaría para “mejoras al hogar”.

“Este señor fue a tomar un préstamo para mejoras al hogar y ahora pretende pasarlo como préstamo para la campaña y que usted crea eso”, le dijo Fúster Troche al juez.

“Si Juan del Pueblo hace una solicitud como esta a otro compañero de trabajo y (el compañero) lo quiere ayudar, no hay problema. Pero, esta persona (Irizarry Pabón) ostenta un poder sobre estas personas de que pudieran perder su trabajo. El que incurrió en el préstamo personal fue el alcalde. Si pretende ahora pasarlo como que fue un préstamo de campana, esto no se sostiene”, agregó.

Andreu Fuentes, por su parte, intentó establecer que estos pagos nunca beneficiaron personalmente al alcalde, sosteniendo que no es ilegal que los políticos reciban donaciones a sus campañas políticas.

Fue más allá al decir que los pagos se trataban, simplemente, de donaciones de sus “compañeros de trabajo” y que coartar al alcalde de recibir donaciones a su campaña política violaría “uno de los derechos fundamentales”, el derecho de expresión política.

Así, recalcó que “no hay duda” que el dinero era meramente un “gasto de campaña”.

“No les dijo ‘tienen que pagarlo ustedes’”, mencionó al alegar que los testigos que aportaron al préstamo del alcalde lo hicieron como “estrategia” personal para mantener sus posiciones en el municipio.

“Aun cuando el préstamo no fuera de una campaña, no existe una ley que diga que un alcalde o un funcionario no puede ser objeto de donaciones por parte de sus compañeros de trabajo. No existe esa ley”, añadió.

No obstante, Fúster Troche aprovechó su redirecto para contradecir esta postura.

“Ahora resulta que el alcalde es un compañero de trabajo”, comenzó diciendo antes de resaltar que “el problema no es que donaron a su compaña” sino que abusó de su posición para beneficiarse personalmente.

“Ese no es el ‘issue’ aquí. Aquí lo que este señor no podía hacer era usar su posición, su poder, para dar instrucciones para que le pagaran ese préstamo. Si era para lo que fuera, si tomó un préstamo y se lo donó a los niños pobres, era un préstamo personal y no puede usar su posición para satisfacer su posición personal”, repitió al asegurar que hubo beneficio personal, pues por cada pago que les costaba a sus empleados, era dinero que él se ahorraba.