LOS ÁNGELES. Un juez federal condenó el jueves al capitán de un barco de buceo a cuatro años de prisión y tres años de libertad supervisada por negligencia criminal, después de que 34 personas murieran en un incendio a bordo de la embarcación.

El incendio del 2 de septiembre de 2019 fue el desastre marítimo más mortífero en la historia reciente de Estados Unidos y provocó cambios en las regulaciones marítimas, una reforma del Congreso y varias demandas en curso.

El capitán Jerry Boylan fue declarado culpable de un cargo de mala conducta o negligencia de oficial de barco el año pasado. El cargo es un estatuto anterior a la Guerra Civil, conocido coloquialmente como homicidio involuntario de marinero. Se diseñó para responsabilizar a los capitanes y la tripulación de los barcos de vapor de los desastres marítimos.

En una apasionada vista, los familiares suplicaron al juez George Wu que condenara a Boylan a la pena máxima de 10 años. Muchos lloraron, y Robert Kurtz, padre de la única marinera fallecida, Alexandra Kurtz, subió un pequeño contenedor al atril para dirigirse a Boylan y al tribunal.

“Esto es todo lo que tengo de mi hija”, dijo.

Yadira Álvarez es la madre de Berenice Felipe, de 16 años, voluntaria en un refugio de animales y que soñaba con ser bióloga marina, y era la más joven de las 34 víctimas mortales del barco.

“Él no es una víctima. Él es el responsable de que mi hija no esté aquí”, dijo Álvarez, mientras sollozaba ante el tribunal. “¿Pueden imaginarse mi dolor?”.

Durante la vista, el abogado de Boylan leyó una declaración en voz alta ante el tribunal en la que expresaba sus condolencias y decía que había llorado todos los días desde el incendio.

“Ojalá hubiera podido traer a todos a casa sanos y salvos”, decía la declaración. “Lo siento mucho”.

Para determinar la sentencia, Wu dijo que tuvo en cuenta la edad de Boylan, su salud, la improbabilidad de reincidencia y la necesidad de disuasión y castigo.

Dijo que aunque el comportamiento de Boylan fue imprudente, las directrices para la imposición de penas no justificarían una condena de 10 años.

“No se trata de una situación en la que el acusado tuviera la intención de hacer algo malo”, dijo Wu.

La defensa había pedido al juez que condenara a Boylan a una pena de cinco años de libertad condicional, tres de ellos en arresto domiciliario.

El recurso de Boylan sigue su curso.

Hank García, cuyo hijo Daniel estaba entre las víctimas, dijo que no es una persona vengativa, pero que él y otros familiares no quieren que algo así vuelva a ocurrir.

“Todos tenemos una cadena perpetua”, dijo al tribunal. “Tenemos una cadena perpetua sin estas personas a las que queremos”.

El Conception estaba anclado frente a la isla de Santa Cruz, a 25 millas (40 kilómetros) al sur de Santa Bárbara, cuando se incendió antes del amanecer del último día de una excursión de tres días y se hundió a menos de 100 pies (30 metros) de la costa.

Murieron 33 pasajeros y un miembro de la tripulación, atrapados en una litera bajo cubierta. Entre los fallecidos se encontraban la marinera, que había conseguido el trabajo de sus sueños; un científico medioambiental que investigaba en la Antártida; una pareja de trotamundos; un científico de datos de Singapur; y una familia formada por tres hermanas, su padre y la esposa de éste.

Boylan fue el primero en abandonar el barco y saltar por la borda. Cuatro miembros de la tripulación que se le unieron también sobrevivieron.

“Aunque la sentencia de hoy no puede curar por completo sus heridas, esperamos que nuestros esfuerzos por responsabilizar penalmente a este acusado aporten cierta medida de curación a las familias”, dijo el fiscal federal Martin Estrada en un comunicado.

La sentencia del jueves fue el paso final en un proceso tenso que duró casi cinco años y ha frustrado repetidamente a las familias de las víctimas.

En 2020, un gran jurado acusó inicialmente a Boylan de 34 cargos de homicidio involuntario de marinero, por lo que podría haberse enfrentado a un total de 340 años entre rejas. Los abogados de Boylan argumentaron que las muertes fueron el resultado de un solo incidente y no de delitos separados, por lo que los fiscales consiguieron una acusación sustitutiva que acusaba a Boylan de un solo cargo.

En 2022, el juez de distrito George Wu, desestimó la acusación sustitutiva, alegando que no especificaba que Boylan hubiera actuado con negligencia grave. Los fiscales se vieron entonces obligados a comparecer de nuevo ante un gran jurado.

Aunque la causa exacta del incendio a bordo del Conception sigue sin determinarse, la fiscalía y la defensa intentaron culpar a Boylan a lo largo de los 10 días que duró el juicio el año pasado.

El gobierno afirmó que Boylan no realizó la vigilancia nocturna obligatoria y que nunca formó adecuadamente a su tripulación en la extinción de incendios. La falta de vigilancia nocturna permitió que el fuego se propagara sin ser detectado por el barco de 23 metros de eslora.

Pero los abogados de Boylan intentaron culpar a Glen Fritzler, propietario junto con su esposa de Truth Aquatics Inc., que operaba el Conception y otros dos barcos de submarinismo, a menudo en las Islas del Canal. Argumentaron que Fritzler era responsable de no formar a la tripulación en la lucha contra incendios y otras medidas de seguridad, así como de crear una cultura marinera laxa que denominaron “la manera Fritzler”, en la que ningún capitán que trabajara para él, realizaba guardias itinerantes.

Los Fritzler no han hablado públicamente de la tragedia desde una entrevista concedida a una cadena de televisión local pocos días después del incendio. Sus abogados no han respondido a las peticiones de comentarios de The Associated Press.

Una vez concluida la causa penal, la atención se centra ahora en varias demandas en curso.

Tres días después del incendio, Truth Aquatics presentó una demanda al amparo de una disposición del derecho marítimo anterior a la Guerra Civil que le permite limitar su responsabilidad al valor de los restos de la embarcación, que fue siniestro total. Los propietarios del Titanic y de otras embarcaciones ya habían recurrido con éxito a esta maniobra legal, que requiere que los Fritzler demuestren que no fueron culpables.

Ese caso está pendiente, así como otros presentados por las familias de las víctimas contra la Guardia Costera por lo que alegan fue una aplicación laxa del requisito de vigilancia itinerante.

Tras la sentencia del jueves, Susana Solano, que perdió a tres de sus hijas y al padre de éstas en el barco, dijo que ella y los demás familiares esperaban que el juez escuchara sus súplicas.

“Estoy muy decepcionada”, dijo. “Es simplemente desgarrador”.