El comité Pro Buen Ambiente de Tallaboa insistió en que las cenizas que se depositaron en el vertedero de Peñuelas por parte de la empresa Applied Energy Systems, la semana pasada escoltados por la Policía de Puerto Rico y avalados por La Fortaleza, la Junta de Calidad Ambiental y el Departamento de Desarrollo Económico, son dañinas a la salud.

El portavoz, Víctor Alvarado, afirmó que el componente Agremax que depositó AES en Peñuelas la semana pasada contiene 80 por ciento de cenizas sueltas y 20 por ciento de cenizas de fondo, por lo que no cumplen con lo dispuesto en la Ley 40 del 4 de julio de 2017, que firmó el gobernador. 

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Alvarado hizo alusión a un estudio realizado por la Agencia Federal para la Protección Ambiental (EPA) en diciembre del 2012, titulado “Leaching Behavior of AGREMAX” Collected from a Coal-Fired Power Plant in Puerto Rico”, que describe el “Agremax” como una combinación hidratada de 80 por ciento de “fly ash” y 20 por ciento de“bottom ash”.

"La denuncia sobre la ilegalidad del depósito de cenizas no debe ser interpretado como un aval a la ley por parte de la comunidad, ya que nos mantenemos firmes en que la redacción de la ley 40 busca favorecer a la AES y no resuelve el problema que estamos confrontando. No estamos satisfechos con la misma", sostuvo Alvarado.

Yanina Moreno, otra de las portavoces del grupo acusó a la Policía de Puerto Rico de parcializarse a favor de AES al cercar y acorralar, así como agredir y arrestar selectivamente a los manifestantes, por lo que someterían querellas ante la Comisión de Derechos Civiles.

En cuanto a la posibilidad de exigir a la Comisión de Servicio Público que inspecciones a los camiones que transportan Agremax, al haber visualizado que incluso algunos no tenían tablillas visibles, Moreno insistió en que eso le corresponde a la Policía de Puerto Rico, pero están parcializados. 

Para Francisco Sáez, “lo que ocurrió la semana pasada fue el Cerro Maravilla del Ambiente, porque el gobierno violó todas las leyes y utilizó la Policía para una masacre ambiental".

La empresa AES sostiene que Agremax cumple con la ley 40 de 2017, mientras que el gobierno afirmó que la paralización o cierre de la carbonera sería detrimental para la economía, mientras la JCA sostiene que no hay estudios validados que demuestren que esa sustancia que contiene cenizas sea dañina a la salud.