La Asociación de Profesores y Profesoras del Recinto Universitario de Mayagüez (APRUM) demandó a la Junta de Control Fiscal (JCF), al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares y a otras entidades para impugnar la legalidad de los recortes propuestos a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y la validez del Plan Fiscal que fue certificado por el ente federal.

Según se informó, la organización de educadores incluyó en su demanda a Natalie A. Jaresko (Directora Ejecutiva de la JSF), a Rosselló Nevares, a Gerardo Portela Franco, director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), a Raúl Maldonado Gautier, (Secretario de Hacienda) y a José Marrero Rosado, director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

En el procedimiento adversativo presentado a principios de semana en el Tribunal Federal de San Juan, los licenciados Rolando Emmanuelli Jiménez y Yasmin Colón Colón, representantes legales de la APRUM, argumentaron que el presupuesto impuesto para el año fiscal 2018 y el plan fiscal certificado por la JSF viola varias de las disposiciones de la ley PROMESA.

Además, pidieron que se proteja a la UPR como un servicio esencial al país, que se invalide el plan fiscal por amenazar su estabilidad fiscal y que se enmiende el presupuesto aprobado para el año fiscal en curso, para que se garantice la continuidad de los servicios educativos y su impacto como motor de vitalidad económica y movilidad social de las clases desventajadas del país

“La Universidad de Puerto Rico es uno de los servicios esenciales que ofrece el gobierno de Puerto Rico a la población y constituye, además, un instrumento de inversión indispensable para promover el crecimiento económico del País”, expresó Emmanuelli Jiménez en declaraciones escritas.

“Así lo reconocieron recientemente el presidente de la JSF, José B. Carrión III, y otros funcionarios del gobierno”, añadió Emmanuelli Jiménez.

Los demandantes se amparan en estudios de economistas del país, especialmente Alfredo González y José Alameda, al alegar que sus investigaciones demuestran que la recuperación económica del país y la capacidad de recaudos del gobierno de Puerto Rico dependen directamente de una sostenida y adecuada inversión en la UPR. Por otro lado, sostienen que de concretarse los recaudos propuestos, tal acción tendría graves consecuencias para la población y para la capacidad de pago de la deuda pública.

“La UPR es un servicio esencial y, como tal, está protegido, bajo la ley PROMESA. Es esencial para aquellos que dependen de su oferta educativa de calidad, de los que se benefician de sus múltiples programas de extensión, de los que se atienden en hospitales donde labora su facultad médica y de los que cuentan con servicios como la Red Sísmica para su seguridad”. Sostuvo, por su parte, el presidente de la APRUM, Marcel Castro Sitiriche

“A los acreedores les debe preocupar tanto como a nosotros la defensa de la Universidad”, sentenció.