¿Cómo es? Sí, Pepe.

Así parece que le dirán algunos vecinos de los residenciales públicos del País al administrador de Vivienda Pública, Gabriel López Arrieta, quien ayer advirtió que cancelará los contratos de todo aquel que instale piscinas en los patios de los complejos.

Al menos, en el residencial Luis Llorens Torres, en San Juan, algunos residentes estaban que echaban chispas con las declaraciones del funcionario, quien afirmó que hará cumplir con más rigor el reglamento que prohíbe la instalación de este tipo de entretenimiento acuático en las áreas comunes de los complejos de vivienda pública.

Uno de los que tronó contra la disposición fue Jorge García, quien catalogó de una “estupidez” la prohibición.

“Por aquí han pasado muchas compañías privadas y varios secretarios de Vivienda y este es el único que viene con esta estupidez, porque eso es lo que es: una estupidez. Y más con la temperatura que hace últimamente y como está el calor”, dijo el hombre mientras observaba a un puñado de niños disfrutando de una de las tantas piscinas colocadas por los residentes en las áreas comunes del lugar.

“Mira ahora mismo esos nenes bañándose ahí... esto los refresca un poco y están seguros. En las playas hay mucha violencia, es mejor tenerlos cerca de sus casas donde se les hacen barbecue, sus sándwiches...”, agregó el residente nacido y criado en el lugar.

Otra de las vecinas del residencial más grande de Puerto Rico, que prefirió no ser identificada por miedo a “represalias”, dijo que ya conocía del interés de la agencia en sancionar a los que tengan equipos acuáticos en los patios del complejo.

“Ellos vinieron por ahí y nos dieron un memo y nos dijeron que buscáramos el contrato porque está prohibido. Pero esos son embustes. Ahí no dice na’ de piscinas. Es más, aquí le dan contratos a uno cuando quieren. El que yo tengo es de 2002”, expresó quien hizo caso omiso a la misiva que estrujó y echó al zafacón. De hecho, sólo lo sacó de la basura para entregarlo a Primera Hora.

La carta fechada el 25 de junio comienza expresando a los residentes que “en las pasadas semanas hemos visto cómo crece el número de piscinas y juegos acuáticos instalados en las áreas comunes o en lugares de peligro para los niños y los adultos mayores”.

Continúa recordándoles a los vecinos que el contrato de arrendamiento que cada uno firma prohibe el uso de estos artículos, en la cláusula de “Obligaciones del Arrendatario” .

Además, se les advierte que deben iniciar el vaciado y recogido de piscinas y otros equipos inmediatamente pues comenzarían a implantar lo que dispone el reglamento.

“Tener una piscina conlleva la cancelación del contrato”, dijo López Arrieta a preguntas de este medio luego de una conferencia de prensa para comunicar las medidas que toma el Gobierno de cara a la falta de lluvia en el País.

Aseguró que la penalidad no es en respuesta a la falta de aguaceros que se han registrado en los pasados meses, sino a que “está prohibido históricamente por reglamento de HUD (Departamento federal de la Vivienda”.

Sin embargo, prefirió no estimar cuándo comenzarían a implementar las cancelaciones de contrato. “No puedo tomar una acción si no tengo el informe completo”, indicó al hacer hincapié en que “hay muchos residentes responsables y líderes con mucha conciencia sobre el uso del agua y que hacen su trabajo en los residenciales”.

Mientras, muchos residentes están inclinados a ignorar la orden, como lo aseveró otra mujer del residencial Luis Llorens Torres, que tampoco quiso identificarse.

“Sí, dieron el memorando, pero aquí muchos no lo tomaron en serio... ¿tú sabes lo mucho que se gastaron en esas piscinas? Nadie las va a mover”, auguró.