Pobreza vs. protección legal.

El juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico admitió que en la Isla existe un problema de acceso a la representación legal para la población más pobre.

Federico Hernández Denton dijo ayer que el problema de representación para los indigentes “es particularmente serio” debido a los recortes que están sufriendo los programas de asistencia legal gratuita.

Hernández Denton se expresó “seriamente preocupado” con la determinación del Tribunal Federal de eliminar la Corporación de Acción Civil -entidad creada bajo el palio del caso Morales Feliciano- porque eso deja a los confinados sin un recurso para solicitar remedios judiciales.

En momentos como los que vive Puerto Rico, de una grave crisis económica, la asesoría legal gratis cobra más demanda, pero lamentablemente eso coincide con recortes en el presupuesto del programa de Servicios Legales.

Dicho programa perdió $750 mil este año y la Cámara de Representantes federal pretende recortarle al programa en Estados Unidos el 26% de sus fondos. Si eso se aprueba, la oficina de Puerto Rico perdería $4 millones, explicó el director ejecutivo de la entidad, Charles Hey.

Tras participar de un conversatorio con líderes comunitarios, representantes de organizaciones sin fines de lucro, jueces, directores de servicios legales y de programas universitarios acerca del tema del acceso a la justicia, Hernández Denton precisó que en los tribunales se observa un alza en los casos de ejecución de hipotecas.

Indicó que hay gente a la que le están ejecutando su casa porque no tiene dinero para pagar un abogado.

Hoy, en una entrevista con Primera Hora, dijo que en Servicios Legales se han multiplicado los “casos complejos”, en áreas de familia, empleo y otros.

¿Son discriminados los pobres en los tribunales?

“No es sólo llegar al tribunal, es tener los recursos para llegar efectivamente... No en todos los casos, pero en ciertos casos hay una actitud (negativa) hacia los pobres, porque van mal vestidos, porque no se expresan bien o el ambiente los intimida”, afirmó el letrado.

Federico Rentas, director de la Sociedad para la Asistencia Legal, sostuvo mientras tanto que ese organismo no ha tenido recortes de fondos en los últimos tres años, pero lo cierto es que, por la crisis, más personas cualifican ahora para recibir representación legal gratuita.

“Aquí hay un discrimen estructural contra los pobres que comienza con la ley. Asistencia Legal representa entre el 70 y el 80% de los casos de violencia doméstica. ¿Eso significa que no hay casos en otras estratas sociales? No. Esa conducta no se criminaliza para todo el mundo, sólo se criminaliza para los pobres”, dijo el togado.

El tema del acceso a la justicia cobra también otros matices de índole demográfico.

El sistema judicial tiene que atender las necesidades de una población cada vez más vieja, con necesidades propias de esa condición.

La demógrafa Judith Rodríguez dijo que ya el 20% de la población tiene 60 años o más. Hay más viudas y, por lo tanto, más mujeres viviendo solas y con poco dinero.

Todo esto llevará a que más ancianos se vean precisados a acudir a corte por derecho propio, y a esa población hay que educarla.

Menos casos a corte

El Juez Presidente reveló ayer que el número de casos criminales que se radican en los tribunales de la Isla están bajando.

Pese a la alta incidencia criminal que vivimos, los datos arrojan que, mientras en el 2000 se presentaron 37,056 casos graves, en el año fiscal 2011 ese número bajó a 26,348. En 2000 se presentaron 43,155 casos menos graves y, en 2011, sólo 18,879.

“La Rama Judicial no tiene la responsabilidad de combatir el crimen; la Rama Judicial tiene la responsabilidad de juzgar los casos que presenta el Estado”, expresó el Juez Presidente.

Sobre la razón para la baja de los casos sometidos, dijo que esa pregunta quienes la deben responder son la Policía y el Ministerio Público.