Superintendente asegura que desarme de oficiales es rutinario durante investigaciones
Pesquera señaló que los oficiales fueron desarmados como parte del protocolo rutinario y no implica en este momento que se haya encontrado alguna responsabilidad por el incidente.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 11 años.
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El superintendente de la Policía, Héctor Pesquera, aseguró que el incidente en que una joven de 23 años murió baleada presuntamente a manos de policías en Naranjito se investigará en su totalidad.
Pesquera señaló que los siete oficiales involucrados en el incidente fueron desarmados como parte del protocolo rutinario y no porque se les haya adjudicado alguna responsabilidad por el incidente.
El Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) investiga si el incidente en que murió Karla Michelle Avilés en medio de una persecución policiaca fue un acto de defensa de parte de los policías o si se empleó fuerza excesiva.
“En el sistema nuestro, cualquier persona que haya estado envuelta en la persecución, como en este caso, tiene que entregar el arma porque no se sabe quién disparó primero", dijo Pesquera en entrevista radial con WKAQ 580. "Es totalmente rutinario y no es indicativo de absolutamente nada", reiteró.
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Por un lado, Félix Marrero Zayas, conductor del vehículo en que viajaba Avilés, alega que no disparó contra los policías y que fueron ellos los que abrieron fuego durante la persecución. Por su parte, los oficiales alegan que dispararon en defensa, después de que primero les dispararan desde la guagua Toyota 4Runner que intentaban detener por supuestas violaciones a la Ley de Tránsito.
"Casi siempre en este tipo de situación, la versión original no es la que corresponde y la que finalmente los investigadores determinan que eso fue lo que ocurrió", indicó Pesquera. "Adjudicarlo tan temprano sería totalmente impropio. Hay que dejar que el NIE y los fiscales hagan su investigación y adjudiquen en su debido tiempo, a base de la prueba", agregó.
Por otro lado, Pesquera aseguró que se adjudicarán responsabilidades en caso de que se halle alguna falla en atender el reclamo de protección de la mujer que fue asesinada ayer por su exesposo en el residencial Manuel A. Pérez en San Juan.
Familiares de Madeline Torres Soto alegan que ella había acudido en varias ocasiones para pedir protección contra su exesposo Víctor Vázquez Guzmán, quien se suicidó después de asesinarla.
"Estamos en la etapa investigativa. Estamos 100% de acuerdo de que cuando se determine lo que pasó, se van a adjudicar las responsabilidades que correspondan", afirmó el funcionario. "Aquí hay unas responsabilidades que cada cual tiene y, si se fallan, tiene que haber consecuencias. Pero, igualmente, es muy temprano. No sabemos aún. Siempre hay de todos los lados versiones encontradas", indicó.