Siete de los 17 acusados por delitos graves en el grupo que se alega encabezó Carlos Morales Dávila, conocido como Cano Gurabo, son elegibles para la pena de muerte.

Sin embargo, uno de los acusados fue descalificado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, según trascendió esta tarde en el Tribunal Federal, Sala de San Juan.

En una conferencia de estatus del caso en el que también está acusado el abogado Juan Ramón Zalduondo Viera, el fiscal Eugenio Lomba informó que el Comité de Pena de Muerte en Washington no recomendó la pena capital contra uno de los elegibles, identificado como Alexis Sánchez Díaz.

El juez federal Daniel R. Domínguez destacó que tienen hasta el 15 de diciembre para informar si los casos de los demás acusados elegibles serán certificados como casos de pena de muerte o no.

Los acusados elegibles son: Morales Dávila, José Silva Rentas, Luis López Fernández, Randy Barbosa Martínez, Julio Colón Maldonado y Jorge Acevedo Martínez, quien todavía no ha sido arrestado.

Según las autoridades, durante 22 años, Cano Gurabo logró evadir la justicia y fue escalando en las esferas del narcotráfico hasta convertirse en la fuerza que controló “a fuerza de gatillo” toda la zona este de la Isla. Se alega que para dominar sobre otros narcos encabezó una ola de asesinatos que sirvió para desplazar a su principal rival, identificado como el fugitivo Jaime Dávila Reyes, mejor conocido como “Peluche”.

Esta tarde, en la sala del juez Domínguez, el licenciado Peter Díaz, uno de los abogados del caso, cuestionó por qué uno de los cooperadores estaba en la lista de los elegibles para la pena de muerte. Sin embargo, no hubo respuesta inmediata y no se especificó cuál.

El fiscal agregó que a los acusados no elegibles a la pena capital, les entregará ofertas de negociación para cambio de alegación de culpabilidad dentro de 15 días. Además, dijo que ya les entregó a los abogados un primer paquete del descubrimiento de prueba relacionado a los asesinatos y delitos violentos que se le atribuyen a la organización, y que mañana, martes, entregará otro paquete relacionado.

En diciembre de 2014, las autoridades federales reclamaron que desmantelaron la organización dirigida desde prisión por Morales Dávila, quien cumple sentencia de 12 años por narcotráfico en una institución federal en Estados Unidos.

En la organización participaban contadores públicos, desarrolladores y abogados como Zalduondo Viera, según el pliego acusatorio que consta de cargos por lavado de dinero y narcotráfico. El letrado está libre bajo fianza de $250,000.

Según la pesquisa, el grupo se dedicaba a importar cocaína y heroína desde Venezuela, Colombia y República Dominicana. Los contrabandos importados eran distribuidos en Puerto Rico, mayormente el área este, y repartidos desde Vieques usando el "ferry".

La acusación incluye una alegación de confiscación contra los 17 acusados por $1,000 millones.

Como parte del esquema criminal, los acusados usaron las ganancias de la venta de narcóticos para comprar 65 casas, 15 vehículos, botes, un apartamento de lujo en Miami, 10 lotes de terrenos para desarrollo residencial, un complejo de cuatro torres de 32 apartamentos en Montemar Apartments en Ponce, armas de fuego, prendas y dos botes de lujo.

Sobre Zalduondo Viera, se alega que fungía como facilitador de lavado de dinero y ayudó a depositar casi $3 millones en efectivo en cuentas del Banco Santander y en la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Puertorriqueña. El abogado y desarrollador usó tres cuentas de banco bajo su nombre y de su compañía de bienes raíces Juaza Inc. para facilitar el lavado de dinero proveniente de la organización de Cano Gurabo, según se desprende de la acusación federal. En 2012, las autoridades federales le confiscaron a Zalduondo Viera cerca de $600,000. Esa suma depositada en varias instituciones bancarias tenía olor a humedad y rastros de droga.

Otro desarrollador que participó de la conspiración fue identificado como Carlos "Charlie" Alvarado Encarnación, quien es dueño de varios negocios. Se le imputa vender en 2010 la propiedad Vistamar Marina a la corporación Aguas del Caribe, Inc., cuyo dueño es Luis Santana Mendeoza, pero el verdadero comprador era Cano Gurabo.

Según la investigación, Cano Gurabo invertía en bienes raices, en proyectos como Montemar Apartments, Las Veredas del Mar Residential Development y fincas en Brisas del Caribe Residential Development para lavar dinero. Uno de los coacusados, Luis Santana Mendoza, construyó y luego alquiló un edificio al Sistema Universitario Ana G. Méndez en Naguabo con dinero recibido de las ganancias de las actividades ilícitas.

Otro acusado, Jorge Bobonis Rexach, identificaba y adquiría propiedades de lujo, las remodelaba y las ponía a nombre de la corporación de Luis Santana Mendoza para esconder que el verdadero propietario era Morales Dávila.

Francisco "Pache" Pimentel Maldonado, otro de los acusados, era empleado de la Autoridad de los Puertos y trabajaba en los "ferries" que navegan de Vieques a la Isla Grande.

En el grupo de acusados figuran José "Cheo Silva" Silva Rentas, Luis "Pocho" López Fernández, Jaime "Jimmy" Serrano Cardona, Randy Barbosa Martínez, Julio Colón Maldonado, Jorge "Shampoo" Acevedo Martínez, Alexis "Koya" Sánchez Díaz, José Claudio "Grasa" Del Valle, Santana Mendoza, conocido como "El Viejo"; Bobonis Rexach, apodado "Clonopin"; Felipe "Tatu" Gómez Encarnación, Héctor "El Lechero" Orta Castro, Eduardo "El Ingeniero" Santiago Orta y el desarrollador Carlos "Charlie" Alvarado Encarnación.

De ser encontrados culpables, las penas a las que se enfrentan van desde 10 años de prisión hasta cadena perpetua.