Gurabo.- El temor que por tanto tiempo aterró a la familia Estrada se hizo realidad ayer cuando Sandra Ivette Mojica Estrada fue asesinada por su pareja.

La mujer de 34 años y madre de tres menores fue ultimada en su residencia, en el sector Valle Verde. Las autoridades ahora buscan como responsable a Carlos M. Padilla Viera, de 54 años, quien según las autoridades policiales escapó inmediatamente del lugar en un vehículo BMW color negro con tablilla ERY-018.

Ayer, en la conmemoración de los 25 años de la aprobación de la Ley 54 contra la Violencia Doméstica, a eso de las 8:45 de la mañana una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos.

Al llegar a la residencia, encontraron en el baño el cuerpo sin vida de Mojica Estrada. Presentaba tres impactos de bala en la cabeza y uno en el brazo, informó el capitán Gerardo Oliver, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas.

Aunque sí se sabe que dos hijos de la mujer, un adolescente de 14 años y una niña de ocho, estaban en la casa, la Policía investigaba si los niños vieron el momento en que su madre fue baleada.

Mientras intentaba calmar el llanto, Zaida Estrada, madre de la víctima, expresó que hacía mucho que presentía el fatal desenlace.

“Le quitó la vida a mi hija. Se pudo haber evitado. Yo la ayudé… escondida de ella, pero la ayudé. Pero ella no quiso hacerle daño a él”, expresó Estrada. “Ella se iba a ir conmigo a casa. Me dijo: ‘Mamá, ya no puedo más’. Pero él llegaba y se metía como si fuera el dueño de eso (la casa)”, agregó.

Según los expedientes de la Policía, Padilla Viera fue arrestado en 1998 por violación a la Ley de Armas, pero nunca compareció a la vista, por lo que estaba fugitivo desde entonces. Los investigadores, además, intentaban corroborar si fue convicto por un caso de drogas en Nueva York, para cuando ya era pareja de Mojica Estrada.

Esa misma información apunta a que, presuntamente, cuando Padilla Viera regresó a Puerto Rico comenzó a buscar a la mujer por la desaparición de un dinero que él le había dejado para que le guardara, pero que ella le aseguraba que le había sido robado cuando intentó entregarlo en el destino que él mismo le indicó.

En el 2011, Mojica Estrada fue arrestada y cumplía una probatoria por haberle vendido droga a un agente encubierto, pero su madre asegura que ella “estaba siendo obligada”, aunque no quiso entrar en detalles.

Pero, independientemente del historial, el hecho es que la mujer fue asesinada.

“Hasta el momento estamos tratando el caso como uno de violencia doméstica, ya que había habido un incidente anterior y la información que nos llega es que tenemos un incidente de violencia doméstica”, dijo el capitán Oliver.

De acuerdo con la sargento Ivonne Ramírez, directora de la División de Violencia Doméstica de la Región de Caguas, agentes de la Policía llegaron hasta la residencia en “dos a tres ocasiones” en los pasados meses para atender llamadas en las que se denunciaba agresión contra Mojica Estrada. La más reciente fue la semana pasada.

“La Policía hizo el acercamiento, pero a petición de la misma víctima, entonces se dejaba ir la situación”, dijo Ramírez. “Tenemos que tener la formalidad de la querella para la intervención de nosotros”.

“Han pasado estas situaciones: un vecino llama, llegamos a la casa, ambas partes salen y dicen que no ha pasado nada. Lamentablemente, ahí el policía se retira”, añadió. “Quisiéramos ir más allá, pero no la puedo obligar a montarse en una patrulla para declarar si ella no quiere”.

La madre de la víctima dijo que su hija se había mudado a Gurabo intentando que Padilla Viera no la encontrara, pero que hace casi dos meses había dado con ella y la visitaba regularmente e incluso pernoctaba en algunos lugares de la casa.

La fiscal Cándida Sellés indicó que ayer mismo se sometería en ausencia una acusación por asesinato en primer grado y violación al artículo 3.2 de la Ley 54 de Violencia Doméstica, que es maltrato en presencia de menores. También someterían una acusación por maltrato de menores y violación a la Ley de Armas.

“Es lamentable que un día como hoy (ayer), a 25 años de aprobarse esa legislación de avanzada, que estemos aquí”, sostuvo Sellés.

El Departamento de la Familia (DF) se llevó a los dos menores para estudios médicos y sicológicos, informó Lynnette Moreno, portavoz de la agencia.

“Ellos están en un proceso de protección y atención a los servicios que necesitan de inmediato, como sicológico, por el impacto”, explicó.

“Están trabajando con los menores, en seguridad y evaluando los recursos que tengan. Si tienen algún recurso familiar que pueda hacerse cargo, si no el DF tomaría la custodia hasta que sepamos”, abundó.

Para la abuela de los pequeños, no cabe duda de dónde deben estar, pues aseguró que los quiere más que si fueran sus propios hijos.

“Qué más puedo hacer… luchar por el bien de mis niños”, manifestó Estrada. “Todo lo que ella hizo por mí, lo voy a hacer por ella ahora”.

“¿Por qué lo hizo? ¿Por qué me la mató?”, afirmó.

Falta el apoyo

Para personas que trabajan en organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres, el dolor del asesinato de una mujer a manos de su pareja se une la frustración de que la Ley 54 no venga acompañada de las herramientas necesarias para una ejecución exitosa.

“La Ley 54 es una buena ley, lo que tenemos es un problema de ejecución partiendo de la premisa falsa de que una ley, por sí misma, es suficiente. Es un instrumento valioso y necesario, pero también es necesario que a nivel gubernamental existan herramientas de trabajo que trasciendan la Ley 54”, observó la directora de Matria, Amárilis Pagán Jiménez.

El caso del homicidio de Mojica Estrada, quien en situaciones previas de violencia doméstica había sido visitada por la Policía pero optaba por no continuar con el proceso policiaco, confirma que es necesario movilizar una red de ayuda.

“Cuando se radica una querella debería haber un organismo que active una organización de apoyo. Una mujer víctima de violencia doméstica está en un estado de vulnerabilidad tan terrible que ella misma optaría por retirar los cargos”, señaló Pagán Jiménez.

Según la también abogada, si a una intervención de violencia doméstica acude un policía que no conoce la complejidad del problema, seguramente pensará que lo hicieron perder el tiempo.

“Un policía responsable, que sabe lo que es violencia doméstica, sabe que si una víctima pide que se retiren los cargos es signo de la letalidad del agresor”, expuso.