La directora interina del cuido Hogar Infantil Divino Niño Jesús en Luquillo, Ana Delia Iglesias asegura que la monja colombiana, María Ludovina Espitia Bolívar, de 75 años, acusada por cuatro cargos de maltrato de menores por violación al artículo 58 de la Ley 246 para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores fue exonerada en julio de este año de los cargos de maltrato inconstitucional, tras una investigación realizada por el Departamento de la Familia (DF).

“Desde el 21 de mayo, cuando radican la querella por aparente maltrato institucional, el Departamento de la Familia indica que hay que separar a la hermana Lulú de sus labores voluntarias.  Desde entonces, ella no tiene contacto con el centro.  Luego, ellos hicieron sus investigaciones y en un informe que nos entregaron el 19 de julio de 2018 exoneraron a la hermana de las acusaciones de maltrato institucional”, expuso la directora interina del centro  que, actualmente cuenta con 16 niños bajo su cuidado.

Presuntamente, Espitia Bolívar fue captada en las cámaras de seguridad del hogar mientras maltrataba y empujaba a niños de entre 1 a 3 años para el 2017 y 2018.  La querella en su contra fue radicada por una maestra y tres madres de los menores en el mes de abril, confirmó la directora del Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de Fajardo, inspectora Sharon Ruiz.

Según Iglesias, la monja prestaba labor voluntaria desde hace 21 años en el hogar infantil luego de que llegara al pueblo de Luquillo proveniente de Colombia.  Desde entonces, sirvió como cuidadora de los niños que van de entre las edades de 0 meses a tres años. 

Al suscitarse la querella en el DF y el CIC, la monja fue retirada de sus funciones voluntarias, aunque aún permanece en la zona, pues reside en el primer nivel del edificio donde ubica el hogar.

“Ella continúa residiendo en el edificio, solo que no tiene acceso ni relación alguna con los menores. La residencia de ella es abajo, por lo que ella entra por una escalera que está al lado de esta estructura y llega a su casa.  No entra aquí para nada”, aclaró Iglesias.

Precisamente para velar por que esta situación fuese controlada y que el centro retomara sus funciones tras la abrupta salida de la hermana Lulú, Iglesias fue nombrada al puesto de manera interina.

Por tal razón, la funcionaria se confiesa sorprendida por las acusaciones y da fé de que Espitia Bolívar nunca mostró señales de que pudiera ser una persona maltratante.

“A mí me sorprende porque lo que sé de ella no es eso. No conozco a las querellantes, pero lo que conozco de ella (hermana Lulú) no es ni un ápice de maltrato”, confesó Iglesias, quien asegura que no ha podido ver el alegado vídeo, pero ha escuchado a personas que ver lo abril.

“He escuchado que una madre se queja de que ella estaba obligando a comer un niño. Yo no he visto el vídeo, pero lo que me dicen quienes estuvieron aquí y lo vieron es que no hubo maltrato”, expresó la directora interina, quien asegura no contar con detalles específicos sobre los menores involucrados ni sus condiciones físicas al momento del incidente.

No obstante, la directora entiende que todo se ha salido de proporción y que este incidente se pudo haber evitado si las madres se hubiesen querellado directamente en el centro de cuido.

“Entiendo que es una reacción natural de una madre, pero el foro para resolver el problema es aquí. Se podía hacer una investigación y no tenía que llegar a esto. Pero, no escondemos nada y no tenemos ningún problema en aclarar la situación para que se sepa la verdad”, expresó Iglesias. 

“Por mi parte estoy aquí desde mayo y tuve visita dos veces de la unidad de maltrato y dos veces de la unidad de licenciamiento.  Desconozco los pormenores del caso, pero sí me consta que ellos investigaron, vinieron en varias ocasiones y no hay acusación alguna”, insistió la entrevistada.

Sin embargo, el licenciado Iván Rivera, abogado de la imputada, quien pertenece a la orden de Hijas del Corazón Misericordioso de María, se allanó a la vista de causa probable para arresto. El juez José Caballero, del Tribunal de Fajardo, determinó causa en todos los delitos señalándole una fianza de $6,000.

La monja colombiana quedó en libertad al prestar la fianza a través de un fiador privado, se le    colocó un grillete electrónico y fue citada para ser entrevistada por la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores de Fajardo sobre las alegaciones en su contra, pero no compareció.