El juez federal José A. Fusté confesó hoy, miércoles, que lamenta la situación a la que se exponen los padres de niños de educación especial cuando procuran los servicios educativos necesarios para sus hijos, y destacó que el problema con este tema en el Departamento de Educación es algo de "años" y que muchos, incluyendo el gobernador, están tratando de "mantener sus cuellos sobre el agua" en relación a este asunto.

Las expresiones de Fusté surgieron durante la continuación de la vista de interdicto, a raíz de la demanda que presentó Ivis Colón Vázquez contra el Departamento de Educación, por no cumplir con una resolución administrativa del 24 de junio pasado, que ordena que se le provea un maestro recurso de educación especial a su hija, quien padece síndrome de Down, además de gastos de reembolso de transportación a los centros de terapia y una dieta especial, entre otros.

"Francamente no sé qué voy a hacer en este caso. Sólo puedo decir que lamento mucho la situación de los padres de estudiantes de educación especial que no tienen los recursos. Es una tragedia, es una tragedia. Comparo lo que oigo aquí con lo que sé de la educación privada, sea educación especial o no, y lo único que puedo pensar es que por alguna razón, no es culpa de una persona, es el sistema. Estamos fallando totalmente sobre esa obligación sagrada que tenemos, que es educar a nuestros niños", expresó Fusté.

"Es un síntoma que a todos nos toca. Estamos creando una súper clase de personas privilegiadas con educación privada y los que no, y no pueden competir uno con el otro, y eso no es justo. Si hacemos una lista de pecados, denegar una educación apropiada es lo peor", lamentó.

El juez cuestionó el por qué hay tantos casos de educación especial en Puerto Rico comparado con otras jurisdicciones, y opinó que hay un "colapso total". Consideró que la educación comienza desde el nacimiento, y que muchos padres fallan en ese sentido, por lo que "los niños llegan a la escuela problemáticos y no preparados, y por eso acaban en educación especial".

Fusté comparó el sistema de educación pública como una foto de una bomba atómica, "que está el globo arriba, que son los fondos y la burocracia, y el hilo que baja es la radiación".

En un momento dado, los abogados de la demandante, Juan R. González Muñoz y Juan C. Nieves González, mostraron una portada de El Nuevo Día sobre la demanda presentada, que coincidió con la semana en la que el gobernador Alejandro García Padilla le dio un ultimátum al secretario de Educación, Rafael Román, para que agilizara los nombramientos de asistentes para alumnos de educación especial.

 Los abogados del Departamento de Educación, Olga Denisse Álvarez González y Joseph G. Feldstein del Valle trataron de objetarla, pero Fusté no dio paso a la objeción.

"No es inflamatorio, es una realidad. Vivo aquí. Mi decisión no puede ser basada en algo a ciegas, con gríngolas. Tengo que ver el problema en su fondo. Y no es un secreto que todos quieran mantener sus cuellos fuera del agua sobre este asunto, incluyendo al gobernador. Es algo de años", manifestó el juez.

"Es un sistema difícil y no veo cómo se va a resolver esto, pero trataré de hacer lo mejor para ambas partes", concluyó.

Durante la vista, continuó testificando Neuris Contreras, directora de la escuela Dr. Hiram González, en Bayamón, a la que asiste la estudiante de quinto grado, identificada en el tribunal por las siglas ECC.

Contreras reconoció que no podía actuar en varios de los puntos de la orden administrativa emitida en junio pasado en relación a ECC, dado a que no tiene el poder de nombrar maestros ni asistentes para alumnos de educación especial, denominados Trabajadores 1 (T1). Dijo que tampoco tiene facultad para supervisar la dieta especial de la niña, pues es una responsabilidad del programa de Comedores Escolares. No obstante, calculó que de los 171 días de clase el año pasado, ECC fue 123 días y se le deben $615 de la beca educativa concepto de transporte a terapias.

El juez le cuestionó si estaba satisfecha con el apoyo del Departamento de Educación año tras año para proveer servicios a los estudiantes de educación especial, no sin antes decirle que no quería ponerla "en una posición difícil", pero quería saber su sentir.

“Le tengo que decir que no. Si tuviésemos el poder como directores para nombrar personas porque conocemos a los niños, estamos día a día con ellos, somos conscientes de las necesidades de ellos, y tenemos evidencia de sus necesidades. Pero tenemos las manos atadas como administradores para dar un servicio de calidad a estos niños. Quiero ser clara que no es el distrito, ni la región, y a veces ni el propio Departamento de Educación porque esas plazas se solicitan a OGP (Oficina de Gerencia y Presupuesto) y si OGP no las aprueba, también ata al Departamento", señaló Contreras.

Fusté le advirtió a las partes que evaluaría los expedientes entregados para más adelante emitir su decisión por escrito.