El juez Manuel Acevedo Hernández, conocido como Papi y Napo, recibió sobornos por parte del contable Lutgardo "Papo" Acevedo López a cambio de absolverlo por el caso que pesaba en su contra por homicidio negligente.

Por estos hechos, un gran jurado federal emitió ayer un pliego acusatorio con tres cargos contra ambos por conspiración y soborno. Mientras, otras personas que intervinieron en el esquema, también son investigados y podrían ser arrestados en cualquier momento.

Es la primera vez que un juez es acusado por actos criminales a nivel federal. De ser encontrados culpables, se exponen a una pena máxima de 10 años de cárcel.

"El juez Acevedo Hernández no solo violentó, sino masacró la base de los Cánones de Ética Judicial, y con esto manchó y laceró, injustamente, la institución que precisamente existe para hacer valer los derechos de los ciudadanos", expresó el jefe del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en Puerto Rico, Carlos Cases, quien catalogó el suspendido juez del Tribunal de Aguadilla como "corrupto".

Acevedo Hernández fue arrestado esta mañana en su residencia en Aguadilla por agentes del FBI, y están coordinando con el abogado de Lutgardo Acevedo para ser arrestado más adelante, ya que se indicó que está fuera del país.

El juez comparecerá ante la magistrada federal Camille Vélez Rivé para la vista inicial, y se adelantó que los fiscales no solicitarán que se mantenga detenido por entender que no es peligro a la comunidad ni riesgo de fuga.

La jefa de fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, informó que el juez solicitó y acordó recibir dinero, objetos de valor y otros beneficios a cambio de favorecer a Lutgardo Acevedo en el caso que pesaba en su contra por impactar otro auto, provocando la muerte del guardia de seguridad Félix Babilonia, mientras conducía en estado de embriaguez. Los hechos ocurrieron el 30 de junio de 2012 y fue acusado por homicidio negligente.

"El 25 de marzo de 2013 comenzó el caso criminal en el Tribunal de Aguadilla presidido por el juez Acevedo Hernández. Dos días después, el juez absolvió al contable de todos los cargos", recordó Rodríguez.

Según la acusación, Acevedo Hernández y el contable conspiraron para que el juez se enriqueciera al solicitar, acordar y aceptar pagos y cosas de valor a través de una tercera persona, identificado como "Comerciante B". Rodríguez detalló que el esquema duró de noviembre de 2012 a enero de 2014.

Explicó que para llevar a cabo el esquema, el juez, el Comerciante B y la "Persona A", que era un familiar del Acevedo Hernández, se reunieron en un restaurante en Aguadilla para discutir el caso criminal en contra de Lutgardo Acevedo. El juez acordó favorecerlo durante el proceso criminal a cambio de la ayuda por parte del acusado para que lo nombraran como juez del Tribunal de Apelaciones y le consiguiera empleo a la "Persona A y a un segundo implicado, identificado como “Persona B", y quien se cree también es miembro de la familia del juez.

La pesquisa reveló que en diciembre de 2012, la defensa de Lutgardo -integrada por los abogados Mayra López Mulero y Harry Padilla- sometieron una moción para que le devolvieran al acusado su vehículo BMW, el que estuvo involucrado en el accidente, esto para que no pudieran examinarlo. El juez lo concedió. El magistrado también dio paso a una moción en la que pedía que la fiscalía no presentara testigos de reputación.

En enero de 2013, el Comerciante B pagó $2,200 a nombre del juez para saldar una deuda que tenía con el Departamento de Hacienda, y pagó $1,000 el 15 de febrero de 2013 para los mismos fines.

El 21 de enero, e juez se reunió con "Persona D", identificado como un comerciante, y discutieron cómo podría ayudarlo para lograr su objetivo de ser juez del Apelativo. Ya tenían los resumés de las personas A y B para que les dieran empleo.

Entre enero y marzo de 2013, el Comerciante B y la Persona C le entregaban al juez los borradores de las mociones que la defensa del caso de Lutgardo Acevedo para que las revisara y asegurarse que decidiría a favor del acusado.

"Los abogados de defensa y otras personas llevaron documentos al juez ida y vuelta. No que los llevaran ellos personalmente, pero estas personas estaban involucradas y hago la aclaración de 'otras personas'... Lo que no estamos haciendo es tapando el cielo con la mano porque todos sabemos quiénes eran los abogados", aclaró Rodríguez.

Entre enero y mayo de 2013, Comerciante B y Lutgardo Acevedo acordaron pagarle al juez la remodelación del garaje de su casa para guardar sus vehículos clásicos. El mismo comerciante le regaló una motora al juez valorada en $1,200.

Poco después de ser absuelto, el 1 de abril de 2013, Lutgardo Acevedo le facilitó $25 mil al Comerciante B para cubrir todos los gastos de las cosas de valor que le estaban regalando al juez, como ropa y accesorios, relojes y gemelos. Incluía almuerzos y cenas en restaurantes del área de Aguadilla.

El día que le entregó todos esos regalos, el 5 de abril de 2013, el Comerciante B fue detenido por la Policía de Puerto Rico por guiar en estado de embriaguez y el juez, que estaba con él, intervino para que no lo acusaran.

El 17 de abril de 2014, Lutgardo Acevedo y el Comerciante B crearon un contrato con fecha retroactiva para justificar los pagos y regalos que le hizo a través del Comerciante B.

"En este caso la evidencia es sólida y contundente y enfatizo que la investigación continúa. También quiero recalcar que el juez Acevedo Hernández no es representativo de los jueces de la Rama Judicial de Puerto Rico. La mayoría de los jueces y demás empleados de la Rama Judicial son servidores públicos honestos y trabajadores y no deben ser juzgados por las acciones repugnantes y detestables cometidas por el corrupto juez Acevedo Hernández", señaló Cases, quien en agosto de 2013 anunció que en octubre comenzaría a operar una escuadra para investigar la Rama Judicial y sus componentes.

"Lo que más me llena de satisfacción en este caso es darle la esperanza a la familia de Babilonia que se va a hacer justicia por la muerte de su querido Félix", agregó Cases.

Rodríguez aclaró que el entonces fiscal de distrito de Aguadilla, Joseph Esparra, no tiene que ver con este caso, pero que la investigación continúa, en específico contra las personas no identificadas que participaron del esquema para absolver a Lutgardo Acevedo y sobornar al juez.

Indicó que acusarán al resto de los participantes cuando el caso esté preparado.

Los fiscales del caso son el jefe de la unidad de cuello blanco, Timothy Henwood, el jefe de la unidad de crímenes violentos, José Capó, y Peter Mason, de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia en Washington D.C.

Reacción de la Judicatura

Al darse a conocer el arresto esta mañana, la juez presidenta del Tribunal Supremo, Liana Fiol Matta, recalcó que la Rama Judicial tiene una política pública de "cero tolerancia" contra la corrupción judicial y recordó que Acevedo Hernández fue relevado de sus funciones tan pronto ocurrió el allanamiento en su residencia en abril pasado.

Indicó que solicitó a la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) que amplíe la investigación que ya está en curso en contra del juez suspendido por violaciones a los Cánones de Ética Judicial.

“Mi primera expresión pública tras ser designada jueza presidenta, en referencia a hechos relacionados a los que hoy nos ocupan, fue establecer que la Rama Judicial de Puerto Rico tiene una política pública firme de cero tolerancia a cualquier conducta que pueda lacerar la confianza de la ciudadanía en su sistema de justicia. Dije en esa ocasión, y hoy lo reafirmo con mayor vehemencia, que para nosotros esa confianza no es negociable”, señaló la juez en un comunicado de prensa.

Añadió que “reconozco que el juez Manuel Acevedo Hernández tiene el derecho que nos cobija a todos y a todas a la presunción de inocencia, pero también es cierto que sobre la función judicial no puede caer ni la más mínima sombra de duda. Por eso, cuando suspendí al juez Acevedo Hernández ordené, simultáneamente, una investigación de su conducta a la luz de los Cánones de Ética Judicial. Esa investigación está próxima a concluir, pero le he requerido a la Oficina de Administración de los Tribunales que la amplíe para atender la conducta imputada que surja de la acusación federal”.

Fiol Matta indicó que la Rama Judicial cooperará con las autoridades locales y federales para lograr procesar a aquellos que violenten las leyes dentro del sistema.

“Al pueblo de Puerto Rico le aseguro que en nuestros tribunales laboran jueces y juezas que son personas íntegras y amantes de la justicia. Les exhorto a mantener la confianza en su sistema de justicia que le ha servido bien a Puerto Rico por tantos años y les reitero nuestro compromiso firme e inquebrantable de continuar trabajando para garantizar una judicatura íntegra, dedicada e imparcial”, aseguró.