Dos empleados del municipio de Vega Baja declararon este miércoles que el 27 de febrero de 2012 el entonces alcalde, Iván Hernández González, dijo molesto en una reunión que “si tenía que picar cabezas, iba a picar cabezas” porque no estaban cooperando con el pago de una “cuota” ni con las actividades del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Molesto el alcalde empezó a decir que si no se cumplía con la cuota que se impuso iba a cortarle la cabeza al que fuera”, dijo Ramón Martínez Rivera, quien fungía como ayudante especial en el área de los cementerios municipales.

Otro empleado, también de confianza, Ángel Rivera de Jesús, dijo que en la reunión que se llevó a cabo a eso de la 1:30 de la tarde en la Casa Alcaldía, Hernández les dijo que “no se iba a compadecer” de nadie.

En diciembre de 2011, el Comité del PNP en Vega Baja escogió a Hernández González como alcalde luego que el entonces incumbente Edgar Santana resultó convicto por cargos de soborno.

A Hernández González se le imputan cargos de aprovechamiento ilícito de trabajo o servicios públicos y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

“Hernández presidió la reunión. Cuando llegó entró un poco molesto porque en esos días había pasado la actividad del presupuesto del gobernador (Luis) Fortuño y dijo que muchos no fueron”, declaró Rivera de Jesús en la continuación de la vista preliminar, que preside la jueza Agnes Orriola Collado, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón.

El testigo dijo a preguntas de la fiscal especial independiente (FEI), Iris Meléndez que en una reunión anterior, el 17 de enero de 2012, se les había asignado a los empleados municipales la cuota obligatoria que tenían que pagar mensualmente de acuerdo al salario que ganaran.

Relató que el alcalde les dijo que la cuota era para pagar el agua y la luz y otros gastos de su comité de campaña.

El empleado, que laboraba en el área de finanzas detalló que su sueldo era de $2,500,000 y su cuota era de $50. Sostuvo que sólo llegó a pagar tres mensualidades en efectivo.

“Estábamos sorprendidos y molestos porque (la cuota) no salió de nosotros y por la cantidad que venía de nuestro salario y en aquel momento estábamos en una reducción de jornada (desde 2008)”, dijo el testigo, quien declaró que optó por pagar "la cuota por miedo a perder el trabajo".

Rivera de Jesús dijo que en mayo de 2012 desistió de pagar la cuota porque que le habían bajado $500 del salario.

Contó que lo trasladaron a otra oficina, le pusieron dos personas por encima y no le asignaban tareas.

El abogado de defensa, Gabriel Rubio Castro trató de establecer inconsistencias en el testimonio que prestó Rivera en corte abierta con dos declaraciones juradas, una que prestó en la Oficina de Ética Gubernamental y otra en el Departamento de Justicia.

La fiscal Meléndez, quien presenta la prueba junto con el también FEI, Ramón Mendoza, dijo que esperan culminar la prueba este viernes.