Dueños de armería se declaran culpables por gestionar licencias falsas
Según trascendió, la pareja llegó a un acuerdo con la fiscalía para una pena recomendada de entre cinco años y 12 años de prisión.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 10 años.
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María del Carmen Rivera Negrón y su esposo Julio Colón Santiago hicieron alegación de culpabilidad hoy por tramitar licencias fraudulentas de portación de armas en su negocio The Lawman Gunshop, en Bayamón.
El juez federal Francisco A. Besosa aceptó la alegación de culpabilidad del matrimonio y fijó la fecha de sentencia para el 11 de diciembre.
Según trascendió, la pareja llegó a un acuerdo con la fiscalía para una pena recomendada de entre cinco años y 12 años de prisión.
Sus abogados son Sonia Torres y Juan Matos de Juan, y los fiscales son José Capó y Luke Cass.
Rivera Negrón y Colón Santiago fueron arrestados el 13 de marzo pasado al enfrentar 490 cargos por supuestamente llevar a cabo un esquema para gestionar licencias fatulas de portación de armas a por lo menos 1,300 personas. Cobraban entre $1,000 y $1,500 por cada solicitud y contaban con la ayuda del abogado notario y coacusado en este caso, Antonio M. Peluzzo Perotín, quien fue detenido en diciembre de 2013 y quien podría declararse culpable, según adelantó su abogado en una moción escrita.
Los dueños de la armería están libres bajo fianza.
Según la pesquisa, los acusados gestionaron las licencias falsas y al menos una de éstas fue para un convicto, quien tiene prohibido poseer armas de fuego. La pareja diligenciaba los permisos ilegalmente al tener acceso directo a la Comandancia de Bayamón, donde supuestamente llevaban donas, pitorro y café a cambio de la ayuda.
De haber ido a juicio y ser encontrados culpables, los acusados se exponían a una pena máxima de 15 años de cárcel por la falsificación de documentos de identificación, cinco años por falsificación de documentos de tribunales, cinco años por conspiración, dos años por cada uno de los casos de robo de identidad y 10 años por ayudar a una persona convicta de delito grave a poseer y portar un arma de fuego.