Un grupo de ciudadanos radicó en junio pasado un pleito de clase en contra de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en la que aluden que el agua no le pertenece a nadie, por lo que es ilegal que la corporación pública facture a los residentes de la Isla por su uso.

Según al abogado del caso radicado en el Tribunal Superior de San Juan (KDP 2015-0617), el licenciado Steven Batista Caballero, el cobro que realiza la AAA viola el Artículo 254, Sección 1023 del Código Civil de Puerto Rico, el cual establece que el gobierno no puede cobrar por “las cosas comunes… aquellas cuya propiedad no pertenece a nadie en particular y en las cuales todos los hombres tienen libre uso, en conformidad con su propia naturaleza: tales son el aire, las aguas pluviales, el mar y sus riberas”.

Relacionadas

“Lo que ocurre aquí es un escándalo de grandes proporciones. Estamos hablando de que la AAA ha estado cobrando un dinero, de manera ilegal desde el 1945, el cual no tienen ningún tipo de derecho a cobrar. No se le debe cobrar ningún cargo por agua a nadie, el agua no le pertenece a ninguna persona o entidad”, señaló el abogado en un comunicado de prensa. 

Mira la demanda

Destacó que la tarifa de $20.83 residencial y de $25.80 comercial, la cual la corporación pública le factura a sus abonados desde su creación en el 1945, es totalmente ilegal. 

“La AAA les está facturando a los abonados en sus facturas por cinco cargos, de los cuales dos son ilegales a tenor con la ley vigente, como lo son los cargos por agua y el llamado Cargo Especial de $2.00 mensual. El cargo por agua es uno totalmente ilegítimo, porque el agua, según la propia Ley, no le pertenece a nadie y por tal razón no se le puede cobrar a una persona algo que no te pertenece”, añadió.

Por otro lado, el abogado señaló que ya hay muchas personas interesadas en unirse al pleito de clase entablado contra la AAA.

“Estamos hablando que esta demanda podría convertirse en una de las más grandes en toda la nación. No nos cabe la menor duda que esto fue y continua siendo un cobro ilegítimo y la posible compensación a los millones de abonados afectados desde el año 1945 será una billonaria (sic)”, señaló.