Alfredo Pacheco Martínez fue hallado culpable de cometer fraude de valores, transferencias fraudulentas, alteración de monedas y lavado de dinero, tras un juicio de diez días ante la magistrada federal Aida Delgado Colón.

Según el pliego acusatorio, Pacheco y su esposa Awilda Figueroa Martínez idearon un esquema para hacer ver que tenían un negocio llamado International Business Group LLC Afiliados y de Nevada (IBGANV), cuya matriz estaba en ese estado, pero que en Puerto Rico existía una subsidiaria. Aunque la compañía estaba legítimamente registrada, el matrimonio no tenía los permisos para llevar a cabo las transacciones y negocios que hacían al solicitarle a sus clientes una inversión mínima de $25,000. La acusación sostiene que por cada inversión que hicieron las 12 personas víctimas, el matrimonio le garantizó a estos clientes que su inversión original de $25,000 no la perderían, además de que obtendrían unos ingresos de 24% aproximados, lo que representaba una ganancia de cerca de $500 mensuales. Cada víctima invirtió entre $25,000 hasta $200,000, y los implicados emplearon, según la acusación, un patrón de conducta engañosa al hacerle creer a sus clientes que su dinero sería utilizado por IBGANV para promover los programas de eliminación de deudas personales y de hipoteca. El pliego sostiene que en realidad el dinero rara vez fue depositado en la cuenta IBGANV y mayormente esos fondos fueron utilizados por el matrimonio para comprar bienes para ellos y sus familiares, incluyendo vehículos, una casa y viajes.

Por otro lado, el también imputado en este caso Héctor Lorenzo Valentín fue encontrado culpable de alteración de monedas. Valentín, quien era el director del Correo en Yauco, junto con Pacheco Martínez promovió la venta del “Liberty Dollar” y realizaba presentaciones para promover la moneda entre la ciudadanía aún cuando la misma carecía de valor y no estaba autorizada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Según la acusación, Valentín aceptaba las monedas en el correo como si fuera el dinero corriente mientras otro acusado llamado José Ramos Rodríguez vendía las monedas y las aceptaba como dinero en su negocio llamado Mi Casa Supermarket en Dorado.

Los imputados se exponen a una pena de hasta 25 años en prisión. La sentencia será en octubre de este año.