El gobernador Alejandro García Padilla firmó esta tarde el proyecto que aumenta el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), informó el secretario de la gobernación, Víctor Suárez, en un escueto comunicado de prensa. 

"En el día de hoy el gobernador firmó el Proyecto 2482. Con esta medida de consenso, se mitiga la difícil situación fiscal que enfrenta el Gobierno de Puerto Rico”, dijo Suárez.

“Ahora corresponde completar la presentación de un presupuesto balanceado y la implementación de medidas de austeridad para garantizar los servicios y proyectos esenciales para nuestro desarrollo como pueblo”, agregó.

La medida que sube de 7 a 11.5% el IVU y entra en vigor el 1 de julio surge tras una intensa pugna entre las ramas ejecutiva y legislativa. El proyecto original del gobernador pretendió encaminar un Impuesto al Valor Añadido de 16 por ciento como parte de una reforma contributiva que no fue acogida y quedó trunca ante la oposición de un puñado de legisladores populares. 

No obstante, poco después de la aprobación del proyecto del IVU agrandado en las cámaras, García Padilla dijo que el mismo "permite tener los recursos que el País necesita de inmediato". Sin embargo, reconoció que "no permite dar los alivios que queremos dar" al referirse a su propuesta original rechazada a principios de mayo. 

La esperanza del gobernador es que en discusiones posteriores, como las que sostendrán miembros de la Comisión de Alternativas para Transformar el Impuesto al Consumo (Catic), se puedan incorporar algunos elementos del fallido proyecto de reforma contributiva y la propuesta reducción en las contribuciones sobre ingresos

Mientras, se espera que la Legislatura apruebe a corto plazo presupuesto recomendado de $9,800 millones, el cual estará respaldado por los ingresos proyectados del alza en el IVU y por el Impuesto al Valor Añadido (IVA) en los servicios de 4% hasta que se convierta en 10.5%, según el proyecto recién aprobado.

También está en agenda encaminar recortes en gastos operaciones por $674 millones a fin de equilibrar los recaudos proyectados con las obligaciones generales.

Las obligaciones generales ascienden a $10,474 millones pero los recaudos proyectados del IVU agrandado a 11.5% son de $9,800.

Otro reto legislativo incluye consolidar 20 agencias como la Junta de Relaciones del Trabajo, la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación, la Comisión Apelativa del Servicio Público y la Comisión Industrial.

 Pronóstico nefasto

El alza en el IVU fue aprobada primero en la Cámara de Representantes con un lenguaje repudiado enérgicamente por cabilderos de la industria de los alimentos. Eventualmente, cuando la medida fue considerada en el Senado, se eliminó el lenguaje que proponía la aplicación del IVU a los alimentos procesados.

Con votación de 14 votos a favor y 12 en contra, el Proyecto de la Cámara 2482 quedó finalmente aprobado en el Senado. La Cámara concurrió con los ajustes y el proyecto quedó pendiente de la firma del primer ejecutivo, acción que se concretó esta noche. 

Ese aumento, según expertos, tendrá un impacto negativo inmediato en los consumidores. De hecho, se ha anticipado un aumento en toda la cadena de negocios de Puerto Rico con impacto particular en el sector de seguros, banca, construcción y en las pequeñas y medianas empresas (pymes).

El golpe vendrá, principalmente, por la imposición de una tasa de 4% en servicios corporativos que no podrá reclamarse como crédito o contribución prepagada, estimó el contador público Salvador Jiménez en entrevista con El Nuevo Día

“El impuesto va a ser un costo significativo sin rebajas contributivas y podría tener un efecto importante porque solamente se pensó desde el punto de vista de recaudos”, manifestó Jiménez, quien además es abogado y labora en el bufete Acosta & Ramírez. 

Según Jiménez, los cambios a la tasa y la base a la que se aplica el IVU podrían duplicar lo que ahora paga una empresa en el impuesto al consumo.