Todas las uniones que agrupan a empleados de la Corporación del Fondo de Seguro del Estado están de acuerdo en una cosa: defenderán juntos esa entidad para evitar su privatización, aunque eso implique “tirarse a la calle con la fuerza de siempre”.

Los miembros de la Junta Permanente de Organizaciones Laborales de la Corporación, que agrupa a las seis uniones, se reunieron hoy con el administrador José Rodríguez Rosa y le hicieron múltiples propuestas de mejoras que allegarían nuevos fondos. La idea es evitar que se traspasen parte de sus servicios a empresas privadas.

Francisco Reyes, líder de la junta y presidente de la Unión de Empleados, dijo que la corporación y su fuerza laboral tienen la capacidad de fortalecer todos los aspectos del Fondo.

Dijo que el administrador vio con buenos ojos la disponibilidad de flexibilizar los convenios y la necesidad de mejorar el cobro de pólizas a los patronos, que fueron algunas de las propuestas, pero lamentó que Rodríguez Rosa insista en que sean aseguradoras privadas quienes vendan las pólizas para accidentes domésticos y la de personas autoempleadas. Según Reyes, eso tan solo traerá problemas.

“Sabemos que hay un interés del mercado de las aseguradoras y del sector privado de quedarse con la corporación… pero si eso pasa, van a subir los costos, se van a reducir los beneficios a los lesionados, los servicios no van a ser iguales y posiblemente los van a limitar”, alertó en rueda de prensa tras la reunión con el administrador.

Actualmente la póliza ante posible accidentes en residencias cuesta unos $99 al año, pero apenas representa un 5% de los ingresos de la corporación, por lo que una de las propuestas es promocionar y mercadear más aún ese servicio.

Víctor Villalba, miembro de la Central Puertorriqueña de Trabajadores que es parte de la junta, dijo que hay que detener esa privatización, que es lo que impulsan inversionistas políticos, que a su juicio, son los mismos que promovieron cambios en las leyes laborales para quitarle beneficios como días de paga doble y reducción de vacaciones a los empleados de empresas privadas.

“Hay un pitcher y cátcher en todo esto, es nuestra impresión, con las campañas políticas. No podemos ser ingenuos. Detrás de esto están los inversionistas políticos de ambas administraciones que lo que buscan es solamente su beneficio”, afirmó.

Según Reyes, en caso de que el gobierno insista en la privatización “la vamos a combatir desde todos los frentes y en todos los foros”.

“Y si no nos escuchan nos tiraremos a la calle”, advirtió. 

Otras propuestas del grupo incluyen impulsar legislación para que toda persona que contrate a un empleado para trabajos en su residencia esté obligado a tener la póliza doméstica, que se exija a todos los patronos a mostrar evidencia anualmente de cuántos empleados tiene y de los pagos de cada póliza, establecer acuerdos interagenciales con el Departamento del Trabajo y el Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM) para mediante el intercambio de información corroborar quiénes son patronos, así como fortalecer los mecanismos internos para los cobros y embargo de deudores y los sistemas de auditorías.