El gobernador Ricardo Rosselló todavía no ha decidido si firma o veta un proyecto de ley que le otorga al procurador del paciente más poderes de fiscalización sobre las aseguradoras, y esto ha comenzado a generar fricción entre representantes de la Rama legislativa y del poder ejecutivo.

El proyecto 27 del senado fue aprobado por unanimidad tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado y se encuentra bajo la consideración de La Fortaleza hace unas tres semanas porque fue enviado para la firma del gobernador desde el 30 de junio.

El secretario de Salud, Rafael Rodríguez, dijo hoy en WKAQ, al igual que ha expresado en días recientes, que tiene reservas con la medida.

"El cuidado médico lleva unos gastos, y esos gastos no están claros", dijo Rodríguez, quien dijo que le pueden traer evidencia que lo convenza de que la medida no es onerosa.

"La preocupación era que si algún momento salía financieramente oneroso para salud se tuvieran que remover pacientes de mi salud. Ya tenemos 500,00 persona sin plan médico y no cualifica para Reforma", agregó.

Rodríguez también se expresó ayer en Radio Isla sobre la medida, y dijo que se debe devolver a la Asamblea Legislativa para aclarar los números financieros.

“Yo creo que es un proyecto simpático, de verdad hay que actuar en contra de las aseguradoras porque no son monjita de la caridad y hay que tratar de que sea de una forma justa y firme... ahora esta es una medida que yo revisaría, no la vetaría, tu quitarle poderes al secretario de salud y al comisionado de seguros para darlos al procurador del paciente es algo cuestionable, dos no se ha hecho un impacto económico de esta medida, tanto de mi salud como de los planes privados"

Ayer, en una conferencia de prensa, Thomas Rivera Schatz “Yo pertenezco a un gobierno que no le preocupa el poder que tenga un funcionario, así que si el Secretario de Salud quiere más poder, tiene un problema porque él no fue elegido a un puesto para tener poder. Nuestro gobierno está para darle poder al ciudadano, y el proyecto de ley 27 procura que cuando una persona a tiene un quebranto de salud, este cubierto por el plan del gobierno o por plan privado, la aseguradora no pueda mediante un técnico decirle a un paciente o un médico que ese medicamento o tratamiento no se va a cubrir”, dijo Rivera Schatz.

El secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón Rosario, dijo en la misma conferencia de prensa que el gobernador todavía está evaluando el proyecto.

“No es el secretario de salud el que determina si un proyecto se devuelve o no. Es el gobernador de Puerto Rico. Él ha hecho un análisis profundo a la medida, que tiene muy buenas cosas como dice el presidente del senado, y cuando esté preparado el gobernador el decidiría si lo firma o si toma otra decisión, pero eso no le compete al secretario de salud sino al gobernador”, agregó Rosario.

El portavoz del gobernador dijo temprano en Radio Isla que Rosselló tiene hasta el 30 de julio para decidir qué hará con la medida.

Representantes de la oposición como Jesús Manuel Ortiz exhotaron en la misma radioemisora a que si el gobernador veta la medida, los presidentes legislativos deben considerar pasarle por encima al veto del gobernador y confía en que las minorías apoyarían a la mayoría novoprogresista en esa decisión.

“Es un asunto de sensibilidad”, expresó Ortiz en sus redes.