El director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis Cruz Batista, dijo ayer que esa dependencia ya está desarrollando modelos para el próximo presupuesto que incluyen una serie de recortes, pero garantizando  la  prestación de los servicios esenciales al pueblo puertorriqueño.

La OGP se está  concentrando en un escenario fiscal de  moratoria en el pago de las deudas, pero el presupuesto a presentarse a la Legislatura  va a depender de los recaudos reales que tenga el Gobierno a partir de ahora.

El peor escenario al que se enfrenta Puerto Rico, según el gobernador Alejandro García Padilla, es uno en que el Congreso de los Estados Unidos no haga nada por nosotros,  que no  se nos provea con mecanismo para reestructurar la deuda de una forma ordenada y obligatoria. 

Sumado a eso, los  acreedores demanden a las dependencias del Gobierno que les deben dinero y los tribunales congelen las cuentas del Estado.

En resumen, lo que el Gobierno de la Isla teme es perder el control  sobre los fondos públicos.

“Estamos en un escenario bien complejo... Estamos navegando en aguas que nadie ha navegado antes… No tenemos un  mapa que seguir”, dijo el primer ejecutivo en una conferencia de prensa en la que planteó que los problemas del país irán empeorando si no se logra  acción congresional.

“La crisis  se profundiza cada más. Se le van añadiendo capas”, dijo García Padilla, quien sostuvo que las negociaciones voluntarias con los bonistas son “un proceso escarpado y lento”; que sería con lo único que contaríamos  si el gobierno estadounidense no ayuda.

El gobernador planteó ayer que los retrasos en el pago a  suplidores, a los que prestan servicios de salud, a los  terapistas de educación especial y otros, continuarán a medida que no haya una solución real para la crisis fiscal de la Isla.

¿Ahorros en lo queda de este año fiscal?

El director de la OGP dijo que este presupuesto ya fue achicado, de $9,800 a $9,300 millones.

El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jesús Manuel Ortiz, añadió que las medidas de austeridad auto-impuestas por el  Gobierno   suman más de $2 mil millones y que  hoy día no hay gastos que puedan considerarse superfluos.

“Yo he protegido al máximo la nómina pública… Otros gobernadores a la primera habrían pensado en despedir empleados”, dijo García Padilla, quien le envió ayer a un mensaje a los que lo critican por no haber recurrido ya al despido de trabajadores:

“(No los he despedido) en primer lugar porque son padres y madres de familia, gente de carne y hueso… El que trabaje en la empresa privada y piense que debo actuar contra el empleado público, que lo re-piense; que  recuerde  lo que pasó en 2009, que por cada empleo público que perdimos, se perdieron dos y tres en la empresa privada”,  sostuvo.

Le cae encima a los bonistas y a Pierluisi

El gobernador mencionó que los acreedores de Puerto Rico están gastando decenas de millones de dólares, tanto aquí en la Isla como en los Estados Unidos, “mintiendo de manera racista”.

Afirmó que los puertorriqueños deben saber quién de verdad los defiende; “que llora ante los ojos de Dios que haya cabilderos puertorriqueños haciendo trabajo en Washington en contra de Puerto Rico”.

Asimismo, García Padilla criticó al comisionado residente Pedro Pierluisi por manifestarse en contra del impago del domingo.

“Pagar o no pagar es un ejercicio matemático y aquí no existe dinero. Mi petición es que sigamos trabajando juntos, que le dedique un poquito de tiempo al Congreso; que le explique a los congresistas lo que está pasando porque tengo que ir yo a hacerlo. Cuando yo voy, nadie les ha explicado… De Ricky Rosselló yo espero unas declaraciones como esa, pero de Pierluisi (no)….¨, dijo.

Casa Blanca reacciona

La Casa Blanca alertó ayer que la situación de Puerto Rico empeora cada día y que es urgente que el Congreso actúe a su favor.

El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest,  dijo que el impago masivo del 1 de mayo coloca a la Isla en posición de no poder pagar otras deudas que vencen en julio,  montantes a casi $2 mil millones.

“Han pasado 194 días desde que la administración de Barack Obama ofreció una propuesta legislativa para hacer frente a esta situación… y desgraciadamente el Congreso, controlado por los republicanos, no ha actuado con la rapidez necesaria¨, indicó Earnest, según la Agencia EFE.

Puerto Rico dejó de pagar el domingo $367 millones de los $420 millones que debía abonarles  a los acreedores del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

Solo pagó  $22 millones en intereses ayer.  También llegó a un acuerdo con  las cooperativas para retrasar hasta el 2017 un pago de $33 millones pautado también para el pasado domingo.

El Gobierno comenzó negociaciones en el fin de semana con un sector de los bonistas del BGF y si las mismas se concretan, el impago del 1 de mayo,  se reducirá en otros $120 millones.

A esos bonistas se les está ofreciendo como garantía  préstamos que el BGF le concedió a los municipios,  préstamos que se pagan con dinero del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).

“Esos préstamos son un activo del Banco¨, explicó la presidenta del Banco Gubernamental, Melba Acota, al rechazar que ese colateral pudiese implicar una retasación de las propiedades en Puerto Rico.

“Eso no es correcto, no sé de dónde han sacado eso”, dijo.