El gobierno dio este miércoles un paso adelante en la ruta hacia la flexibilización de su política en torno a la posesión de la marihuana al aprobarse en el Senado un proyecto que establece sanciones administrativas, en lugar de cárcel, a quienes sean intervenidos por poseer hasta 14 gramos de esa sustancia.

La medida de la autoría del senador popular Miguel Pereira pasó con 14 votos a favor, el mínimo requerido para ser aprobada. Votaron en contra de la pieza 12 senadores incluyendo a los populares Luis Daniel Rivera, Pedro Rodríguez, Ángel Rodríguez Otero, Gilberto Rodríguez Valle y Ramón Ruiz, así como toda la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP).

A un lado del hemiciclo senatorial, observaban atentos el debate líderes religiosos y otros opositores a la medida, mientras que al otro extremo, un grupo de favorecedores aplaudió con júblilo tan pronto se consignó el aval de la mayoría de los legisladores que se mantenían en sesión atendiendo otras piezas legislativas pasadas las 10:00 p.m.

Pereira, también presidente de la Comisión senatorial de lo Jurídico, Seguridad y Veteranos, que evaluó la pieza, recalcó que el proyecto no legaliza la marihuana, sino que busca evitar que se penalice con tres años de reclusión a quienes sean intervenidos por tener cualquier cantidad de esa droga.

Precisó que, en siete vistas que efectuó la comisión legislativa, solo la Misión Nuestra Señora del Pozo apoyó el estado de derecho actual en el que esta conducta está tipificada como delito grave.

"Se está buscando lo que se pueda entender por todos como justo. Se entiende justo que la posesión de 14 gramos o menos por una persona de 21 años o más pague su transgresión con una multa", dijo Pereira durante su turno de debate en la sesión.

"La marihuana será buena o será mala, eso está abierto a una discusión científica, pero la cárcel es peor... Tenemos ahora mismo en nuestras manos la habilidad de generar justicia, y es de eso que se trata", añadió el senador.

Pereira, también exsuperintendente de la Policía y exsecretario de Corrección y Rehabilitación, planteó que cuando se aprobó en 1971 la Ley de Sustancias Controladas, se hizo bajo la premisa de que fijar penas severas desalentaría el uso de las drogas, y según dijo, la historia ha probado que eso no dio resultado.

"Nadie en este recinto ha participado tan activamente en la guerra contra las drogas, y por qué entonces un guerrero en la guerra contra las drogas viene aquí a decir 'vamos a repensar eso'. Mi conciencia me lo impele. Tengo que hacer eso porque tengo que compartir con mis colegas las enseñanzas que aprendí en esa guerra", dijo Pereira.

El proyecto original sufrió enmiendas sustanciales, pues la versión presentada buscaba despenalizar la posesión de hasta una onza de marihuana en personas de 21 años o más.

La medida avalada por el Senado dispone que la posesión de 14 gramos o menos de marihuana será sancionable con una multa que no podrá exceder los $100, y si la violación a la Ley de Sustancias Controladas se repite en un término de tres años, la multa por una segunda infracción será de $200, y $300 por la tercera violación o subsiguientes.

La persona intervenida también podría ser referida a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) para evaluar la posibilidad de que necesite tratamiento por abuso de sustancias controladas.

Si la persona posee 14 gramos de marihuana o más, hasta un máximo de 28 gramos, cometería un delito menos grave, y se expone a una multa que no superará los $500 o una pena de reclusión de hasta seis meses.

El proyecto de ley advierte, además, que "la posesión de marihuana, según establecida en esas disposiciones, no constituirá motivos fundados suficientes para registrar a una persona o su propiedad, o practicar un arresto", y que una violación a sus disposiciones no violentará una probatoria o la condición de libertad bajo palabra.

Caldeado el debate

Los miembros de la delegación del PNP expresaron de manera reiterada su rechazo a la propuesta con argumentos que aludían a la legalización de la marihuana -que no estaba en discusión-, así como a la concepción del proyecto como una invitación a consumirla.

"Con este proyecto, lo que se busca es enfermar a la sociedad puertorriqueña. Se quiere enviciar al pueblo. Se quiere destruir al pueblo puertorriqueño... De facto, se legaliza la marihuana, de facto se despenaliza, de facto se promueve el uso de la droga, y se promueven las visitas a los puntos de drogas en el país", argumentó Peña.

En tanto, el presidente senatorial, Eduardo Bhatia, tildó de "hipócritas" a quienes critican la política propuesta y no presentan un modelo alterno para atender el problema de las drogas.

"Lo hipócrita es estar pregonando por todos lados que estamos en contra de esto y no hacer nada al respecto, y eso es lo que tiene al país mal. Se nos llenan las cárceles de muchachos jóvenes a los que no se les da una segunda oportunidad", argumentó el líder senatorial.

El proyecto de ley pasaría ahora ante la consideración de la Cámara de Representantes. El representante Luis Vega Ramos, presidente de la Comisión cameral de lo Jurídico, dijo a este medio que todavía la mayoría parlamentaria en ese cuerpo no ha discutido qué trámite le dará, y dijo que aguardará por revisar la versión final ratificada por el cuerpo hermano.

Avalancha de medidas a última hora

El último día para aprobar medidas en la Asamblea Legislativa es este jueves. La sesión ordinaria concluye el martes de la semana próxima, y hasta ese día podrán considerarse todas las piezas en comité de conferencia.

Después de las 10:00 p.m. quedaban pendiente de consideración en la sesión del miércoles dos calendarios o paquetes de medidas.

Más temprano, en la sesión los senadores aprobaron el proyecto de ley que crea un nuevo plan estratégico para el desarrollo del Puerto de Las Américas Rafael Cordero Santiago, en Ponce. La medida reestructura la Junta de Directores de la Autoridad para el Puerto de Ponce al dejar en manos del gobierno central, y no del ayuntamiento, el poder decisional sobre la política de desarrollo que seguirá ese proyecto.

Igualmente, se le dio paso al proyecto que crearía la “Ley para prohibir y prevenir el Acoso Laboral", que entre otras cosas, ordena al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos crear un protocolo para manejar esos casos.

Asimismo, se aprobaron enmiendas a la "Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores" para añadir la trata humana entre las modalidades de maltrato de menores. La pieza añade entre las obligaciones del Departamento de la Familia la creación de programas de educación y prevención sobre el tráfico humano.

El Senado también avaló el proyecto que declara zona histórica el área urbana localizada en el entorno inmediato de la Universidad del Sagrado Corazón, en Santurce. La medida dispone que cualquier proyecto de desarrollo o restauración que se haya proyectado o se contemple para el área deberá conservar su carácter residencial y "el conjunto de estilos y características constructivas y especiales que la distinguen".

Además, se aprobó una pieza legislativa que crea una nueva política ambiental para el país, y le añade nuevos deberes a la Junta de Calidad Ambiental. La medida deroga la "Ley para el Manejo de los Desperdicios Biomédicos Regulados” y la “Ley para Fomentar el Reciclaje y la Disposición de Equipos Electrónicos de Puerto Rico”.