Con recortes de sobre $50 millones adicionales a las agencias públicas y un aumento en el servicio de la deuda de $78 millones en comparación con lo aprobado en la Cámara de Representantes, el Senado aprobó pasada la medianoche de este jueves en votación partidista las resoluciones del presupuesto gubernamental con cargo al Fondo General, que entran en efecto el 1 de julio.

Sin embargo, pospondría hasta la sesión de este jueves, último día de aprobación de medidas, el debate sobre un nuevo mecanismo que establecerán para ajustar automáticamente las asignaciones presupuestarias si el gobierno no logra los recaudos estimados a lo largo del año fiscal.

El senador José Nadal Power, presidente de la Comisión senatorial de Hacienda, indicó que los recortes aplicados por ese cuerpo legislativo provendrán de los ajustes que se efectuarán al proceso de compras del gobierno y la posible consolidación de instituciones penales, entre otras áreas.

Algunas de estas reducciones serán incluidas en la resolución de gastos de funcionamiento del gobierno y otras, según Nadal Power, requerirían que se concreten ciertas condiciones, y en las piezas legislativas se dispondrían los lineamientos en aras de cumplir con esos objetivos.

“Son cosas que vamos a estar incluyendo en la resolución de gastos que constituyen unas metas adicionales de ahorros, y eso va a servir como amortiguador para la eventualidad de que existan problemas durante el año fiscal con los recaudos”, indicó el senador del Partido Popular Democrático (PPD).

Pasadas las 9:30 p.m., el Alto Cuerpo comenzó a discutir la Resolución Conjunta de la Cámara 747 sobre los gastos de funcionamiento del gobierno y la Resolución Conjunta de la Cámara 748 de asignaciones especiales, y restaban entonces sobre cuatro horas de debate. A las 12:30 a.m., la discusión no había finalizado.

Las principales asignaciones en la resolución de gastos corresponden al Departamento de Educación, a la Policía y al Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Nadal Power dijo en un aparte con la prensa que la asignación para el pago al servicio de la deuda totalizaría $1,507 millones, lo que representa $78 millones más que lo aprobado el lunes por la Cámara, pero $30 millones menos que lo recomendado por el Ejecutivo.

Esas partidas serían para cumplir los pagos de las obligaciones generales del gobierno (GO’s), de los bonos de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), los bonos y los préstamos en cartera del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), para pagar otros bonos y completar los desembolsos de las notas en anticipación de ingresos (TRANs) correspondientes al año fiscal que concluye.

“Hemos provisto un aumento a ese pago que entendemos se puede dar de manera saludable sin ocasionar ningún disloque en otras áreas del presupuesto. Tal vez, no estamos poniendo lo que originalmente se estaba proponiendo, pero estamos mitigando un poco esa parte”, expresó el legislador.

El pago al servicio de la deuda constituye el 16% del presupuesto de $9,800 millones, y ocupa el tercer lugar entre los gastos del Fondo General luego de la nómina y los costos relacionados (44%) y las entidades gubernamentales (20%).

“Ese es el costo de la irresponsabilidad, pero hoy nos estamos haciendo cargo de esa realidad para sentar las bases para un futuro próspero en Puerto Rico”, dijo Nadal Power.  

Sobre las entidades sin fines de lucro, cuyos representantes -a través del movimiento Una Sola Voz- se mantuvieron pendientes a los trabajos legislativos desde las gradas, Nadal Power dijo que se identificaron fondos para asegurarles el 100% del presupuesto vigente, al menos, a aquellas organizaciones educativas y con ofrecimientos para los jóvenes, y dijo que el resto recibirá 90% de sus asignaciones actuales, lo que supone un leve alza con relación a lo que avaló la Cámara.

Mientras, el mecanismo para regular el presupuesto trimestralmente a base de los recaudos que reciba el Departamento de Hacienda será incluido en el Proyecto de la Cámara 2542, que será considerado este jueves, y no en la resolución sobre el presupuesto, como se había anticipado. Esa legislación se relaciona con la emisión de los TRANs a través de corporaciones públicas, y provee para la suspensión del pago mensual de las obligaciones generales del gobierno.

Aunque no se precisaron detalles sobre la nueva herramienta, Nadal Power dijo que se ajustarán automáticamente los gastos de la agencias según los ingresos que obtenga el gobierno, y se establecerá un fondo de reserva para atender cualquier insuficiencia presupuestaria.

“Como es un proyecto (el P. de la C. 2542) que tiene que ver con el manejo de efectivo, entendíamos que era el vehículo correcto porque es el proyecto que provee para que exista esa estabilidad en la liquidez”, puntualizó Nadal Power.

Durante el debate, el presidente senatorial, Eduardo Bhatia, reconoció que el presupuesto bajo consideración “no es perfecto”, y lo calificó como uno “de sacrificio”. Asimismo, criticó a la administración de Luis Fortuño al señalar que, durante los cuatro años de incumbencia, se tomaron a préstamo para cuadrar el presupuesto unos $12,000 millones. 

“Este es un presupuesto responsable, que le estaremos dando seguimiento cada semana las próximas 52 semanas. Las próximas 52 semanas son cruciales para Puerto Rico. Lo que aspiramos, puede que lo logremos, puede que no, pero lo que queremos lograr es que, al final de las 52 semanas, la cantidad de recaudos sea igual o mayor al gasto de Puerto Rico. Eso se llama un presupuesto balanceado, y Puerto Rico no ha visto un presupuesto balanceado en 20 años”, sostuvo el líder senatorial.

En tanto, el senador Larry Seilhamer, portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), destacó que el nuevo presupuesto entrará en vigor junto al alza del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU), lo que, según dijo, provocará una contracción en la economía, y afectaría las proyecciones de recaudos, y advirtió sobre los efectos que podría tener que durante los primeros nueve meses de vigencia rija un modelo de impuesto al consumo distinto al que prevalecería durante el último trimestre del año fiscal.

Por su parte, la senadora independentista, María de Lourdes Santiago, comparó la situación del país y los malos manejos administrativos con la “autofagia” o lo que describió como la “capacidad de un organismo de consumirse a sí mismo”.

“Ese fenómeno de la autofagia describe con mucha precisión lo que está pasando en nuestro país en estos tiempos. Un sistema que a punto de colapsar, empobrecido, sin recursos, termina consumiéndose a sí mismo”, dijo la legisladora.

“Este presupuesto no es otra cosa que la certificación de que ese mecanismo de consumirse a sí mismo el país, en efecto, está acabando con la posibilidad de vida económica”, puntualizó.