El Departamento de Salud aceptó que no tiene los fondos para pagar los más de $9 millones que le deben a los Centros de Salud Primaria de Puerto Rico 330 y que ya gastaron los $329 millones que recibieron por parte del gobierno federal destinados al programa Medicaid.

Luego de escuchar a las partes del caso, el juez federal Gustavo A. Gelpí se reservó el fallo e indicó que la emitirá por escrito en o antes de este viernes. Adelantó que el gobierno tendrá que pagar la deuda, pero va a determinar cómo y cuándo se deberá emitir el pago.

Gelpí catalogó la situación como "vergonzosa", refiriéndose a tener que realizar una vista para que el gobierno del Estado Libre Asociado le pague a los demandantes en un caso que data del 2003, y señaló que nunca ha tenido que embargar fondos, pero que es una opción que no descarta.

Durante la vista en la sala del Tribunal Federal del Viejo San Juan, el juez indicó que la deuda del primer trimestre de este año es de $9,389,743, según los demandantes. 

"Nunca se ha pagado a tiempo. Esto es algo de todas las administraciones. Siempre he dado extensiones, pero no se puede esperar más. Los centros tendrían que cerrar sus puertas y esto afectaría a los pacientes de Puerto Rico y ese es el problema aquí", señaló Gelpí, quien destacó que no podía encontrar en desacato a la secretaria de Salud, Ana Ríus, pero que tiene que cumplir con las leyes federales.

En una moción, el Departamento de Salud dijo que no presupuestaron la cantidad que tienen que parear con fondos federales para estos centros y que pagaban con una línea de crédito del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), pero que ya no tienen fondos. El juez indicó que eso "no es excusa".

"No veo defensa para no pagar los más de $9 millones que se les adeuda a los centros 330... No sé si el dinero se presupuestó o qué se ha hecho, pero hay que pagar. Bajo todas las administraciones ha pasado esto, pero ya es suficiente y hay que agarrar el toro por los cuernos", insistió el juez, quien preside el caso desde hace 12 años y adelantó que nombrará a un "special master" o asesor que sea abogado y contable y evalúe el caso.

La abogada de Litigios Federales del Departamento de Justicia que representó al gobierno de Puerto Rico, Arlene Pérez Borrero, indicó que los cheques están hechos, pero no tienen los fondos.

"Al momento, el problema es debido a la situación fiscal en el gobierno. La intención es cumplir, pero en este momento se hicieron los cheques, pero no hay los fondos para sustentarlos. Esto podría crear un problema en la administración, los salarios. Estamos buscando el efectivo para poder emitir los cheques", confesó Pérez Borrero.

Cuando el juez le preguntó sobre los fondos federales del Medicaid para el pareo en este caso, la abogada indicó que recibieron $329 millones para dicho programa, pero "ya no tenemos fondos Medicaid".

El juez mostró preocupación en este sentido, y en que cada parte estimó una deuda diferente, por lo que insistió en nombrar un asesor para tener un cálculo exacto. Contempló además la posibilidad de dar una extensión para pagar hasta el 1 de julio, cuando entra el nuevo presupuesto del año fiscal 2015-2016, y cuestionó si el embargo a las cuentas del Departamento de Salud serían en el Departamento de Hacienda o en el BGF.

El gobierno pidió una extensión de tiempo para pagar la deuda correspondiente al primer trimestre de este año, mientras que la parte demanda, representada por los abogados Robert Graham y Miguel Rodríguez Marxuach, insistieron en que sus clientes necesitan el dinero "ayer". Criticaron además que el dinero se usara para "otras cosas".

"La situación fiscal es seria. Esto es de conocimiento general. No podemos garantizar nada, no podemos decir que podrá ser la semana que viene, por ejemplo", agregó Pérez Borrero.

"Este es el asunto más difícil que he tenido ante mi consideración en los últimos 12 o 13 años", confesó Gelpí, quien reiteró que emitirá su decisión esta semana.

Fuera de sala, la directora de la Oficina de Litigios Federales del Departamento de Justicia, Janitza García, recordó que el Estado Libre Asociado atraviesa por una situación fiscal difícil y que el problema que tienen es la falta de fondos.

"Es un asunto de liquidez, de falta de fondos para poder hacer el pago que se tiene la intención de hacer", opinó García.

Por su parte, la Asociación de Salud Primaria señaló por escrito que este caso lleva más de una década y que busca asegurar que los fondos del “wrap around” se destinen al servicio de los pacientes de Medicaid, mientras que los fondos 330 que reciben para atender a los pacientes no-asegurados se utilicen para esta población y no para otros propósitos.

"El gobierno está obligado por ley federal a hacer los pagos de 'wrap around' a los centros, ya que optó por participar en el programa Medicaid... Hemos solicitado al Tribunal Federal que garantice el pago para que los centros de salud puedan continuar ofreciendo los servicios que tanto necesitan nuestros pacientes. Hacemos un llamado al entendimiento y comprensión de las necesidades de todas las partes, incluyendo a los centros de salud primaria que están llamados a cumplir con los más estrictos parámetros de calidad y excelencia operacional, y a rendir cuentas", lee el comunicado de la Asociación, que es una corporación sin fines de lucro fundada en 1984 que sirve de enlace, representación y apoyo a la red de Centros de Salud Primaria 330. La directora ejecutiva es Lisa Suárez.

Desde 2002, se estableció la ley para parear fondos federales y pagarle a los llamados centros 330, que ofrecen servicios primarios y preventivos, como pruebas de cernimiento, servicios de vacunación, nutrición, trabajo social, salud mental, dentista, planificación familiar, laboratorio y farmacia, entre otros.

Los centros demandantes son: Río Grande Community Health Center, Inc., Concilio de Salud Integral de Loíza, Inc., Dr. José Belaval Inc., Atlantic Medical Center, Inc., Camuy Health Services, Inc., Centro de Salud Familiar Dr. Julio Palmieri Ferri, Inc., Ciales Primary Health Care Services, Inc., Corporación de Servicios Médicos Primarios y Prevención de Hatillo, Inc., Corporación de Servicios Integrales de Salud Integral de la Montaña, Inc., El Centro de Salud de Lares, Inc., El Centro de Servicios Primarios de Salud de Patillas, Inc., Gurabo Community Health Center, Inc., Hospital General Castañer, Inc., Hospital General Castañer, Inc., Migrant Health Center, Inc., Morovis Community Health Center, Inc., Rincón Health center, Inc., y Toa Alta Comprehensive Urban/Rural Advanced Health Services, Inc.