En el 2004, cuando Ángel Pérez era legislador, su director de oficina y asistente especial, Ismael Bonilla Hernández, alegadamente incurrió en un patrón de hostigamiento sexual contra la entonces secretaria ejecutiva y administradora de su oficina.

José Quetglas, abogado de la mujer -a quien no identificamos para proteger su identidad- dijo que el pleito se transó muy poco después de que se presentara la demanda en el foro federal en un acuerdo del que no divulgó detalles.

Según el texto de la demanda, aunque el legislador le dijo que se iba hacer cargo del asunto, nunca la orientó acerca de la política y los protocolos establecidos por ley contra el acoso sexual.

Un año y medio después de la primera vez que la mujer se quejó ante el otrora legislador, y mientras el patrón de hostigamiento seguía con la misma “frecuencia, persistencia y agresividad” de antes, entonces fue que Pérez, su asesor legal Raúl Santiago y ella acudieron a la Oficina de Recursos Humanos de la Cámara de Representantes... y nada pasó, indica el documento.

O sí pasó: la presión sobre la mujer aumentó al punto de que le vandalizaron su auto en el estacionamiento del Capitolio y comenzó a recibir llamadas, a veces anónimas y en otras ocasiones a nombre de un tal Estrada de Cataño, diciéndole que se abstuviera de “hacerle daño a Bonilla”.

En ese momento la mujer le advirtió a Pérez que se sentía enferma y drenada emocionalmente, por lo que agotó sus licencias de vacaciones y enfermedad.

A su regreso se topó con que habían cambiado las cerraduras de la puerta de la oficina y que sus funciones se repartieron entre otros empleados. Peor aun, seguiría bajo la supervisión de Bonilla, reza la demanda.

Pérez no la atendió y el presidente del cuerpo legislativo, José Aponte Hernández, tampoco. Durante dos semanas estuvo sin tareas asignadas y nadie le hablaba. 

Tres semanas pasaron y entonces el legislador la llamó a una reunión, pero para decirle que tenía que renunciar o la botaban.

“Lo que no se indica ahí es que para ese momento había un informe del Contralor... y ante esos señalamientos yo le doy la opción a ella”, señaló Pérez en entrevista telefónica.

¿Los señalamientos eran directamente por actuaciones de ella? 

No voy a entrar en ello, porque no voy a mancillar la reputación (de ella)... pero sí, se le dio la opción de renunciar y ella solicitó que por favor la despidiéramos para poder colectar y así se procedió.

“No compara con la situación de Guaynabo (con el exalcalde Héctor O’Neill) y aquí es que establecemos el contraste: yo advine en conocimiento y tomé acción de inmediato. Si hubiera actuado incorrectamente no hubiera salido a solicitarle la renuncia al alcalde por este concepto”, agregó.

El aspirante a la alcaldía de Guaynabo en una elección especial el 5 de agosto contra el senador Carmelo Ríos, atribuyó que la demanda trascendiera ahora a un intento de sus adversarios de tergiversar los hechos porque “han visto los números” y saben que Ríos perderá la contienda.

Alegó que la evidencia de que “actuó correctamente es que en ningún momento me demandan a mí”.

En efecto, la demanda es a nombre de la Cámara de Representantes, pero Quetglas explicó que en los casos de hostigamiento sexual ante el foro federal solo se puede demandar al patrono y no al supervisor directo, o de lo contrario, no procede. En otras palabras la mujer no podía demandar a Pérez directamente, dijo el abogado.

Pérez indicó que ni siquiera figuró como testigo. Mientras, Quetglas relató que no hubo descubrimiento de prueba, ni deposición, ni entrevistas a testigos porque la Cámara transó el caso de forma expedita.

“No tomó las medidas correctivas. Ese era el argumento en la demanda y ellos transaron”, declaró el abogado de la mujer.

Aponte Hernández dijo que se transó el caso durante la presidencia de su sucesora Jenniffer González.

Al cierre de esta edición la hoy comisionada residente no había respondido un pedido de entrevista.