La práctica del Gobierno de usar la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) como una ATH para resolver  problemas fiscales de otras corporaciones, agencias y municipios ha mermado sus reservas y puesto en peligro su solvencia.

Buena parte del dinero que la CFSE ha venido obligada, por distintas leyes, a transferirle al Departamento de Hacienda, al Banco Gubernamental de Fomento (BGF), a la Administración de Seguros Médicos (ASEM) y a otras dependencias  no le ha sido devuelto. 

Eso, sumado a que los recaudos han mermado por concepto de primas, debido al cierre de negocios, ha provocado una situación comprometedora para la CFSE al punto de que actualmente enfrenta un déficit.

“Los recaudos están entre $600 y $700 millones anuales, pero están siendo socavados porque al Estado estar utilizando dinero del Fondo y no devolverlo, socava su condición actuarial”, indicó el abogado José Ortiz Torres, presidente de la Asociación de Gerenciales de la corporación.

La otra práctica que va en detrimento de la CFSE es la de comprar las notas de anticipación de contribuciones e ingresos (TRANs, en inglés) que el Gobierno emite. 

“Como las leyes especiales nos llevaron los sobrantes, pues fueron contra las inversiones del Fondo, obligándonos a realizar inversiones donde la garantía de recobro está en cuestionamiento”, mencionó Juan Osorio, presidente de la Federación de Empleados Gerenciales. 

En el 2015, la CFSE compró $335 millones y recientemente se convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 2964 para que la CFSE, el Seguro de Incapacidad No Ocupacional Temporero (SINOT) y la Administración de Compensación por Accidentes Automovilísticos (ACAA) vuelvan a invertir en bonos TRANs.

“Antes no se permitía buscar bonos que no estuvieran bien clasificados, pero se enmendó la ley de los TRANs para que vaya al mercado y compre cualquier bono. Eso es una irresponsabilidad porque puede colocar bonos que no se puedan pagar y con altos intereses. El Fondo está siendo usado como un banco para sostener las operaciones del Gobierno”, afirmó Ortiz.

Bajan los recaudos

Para el año fiscal 2015-2016, la CFSE estimó que recaudaría $589.8 millones, pero al 16 de junio pasado tenían $567 millones, según indicó la administradora Liza Estrada Figueroa en el Memorial Explicativo del Presupuesto Recomendado para el año fiscal 2016-2017, sometido a la Comisión senatorial de Hacienda y Finanzas Públicas. 

En el mismo documento, Estrada Figueroa señaló que el gasto proyectado era de $538,684,589, pero que al final no habría superávit.

“Considerando los estimados de ingresos y gastos operacionales, para mejoras y para pago de beneficios, al cierre del año fiscal 2015-2016 la CFSE experimentaría un superávit. No obstante, en virtud de las obligaciones impuestas a la CFSE por legislación especial para atender necesidades de otras entidades o programas públicos, la CFSE enfrentará al cierre del año fiscal una deficiencia, la cual será solventada con el rendimiento de la cartera de inversiones de la CFSE y con extracciones de capital de su reserva”, explicó Estrada, sin precisar cifras.

Primera Hora solicitó entrevista con la funcionaria, pero no hubo respuesta.

¿Prestamista o benefactor?

Mientras bajan los ingresos, aumentan las obligaciones de la CFSE con otras dependencias del Gobierno, por virtud de varias leyes especiales aprobadas en años recientes.

El Fondo ha dado $100 millones para municipios, asistencia legal y  terapias para niños de educación especial; otros $100 millones para municipios; $125 para el Departamento de Hacienda; $253 millones para la ASEM, $50 mil anuales desde 2011 para OCALARH, $100 mil anuales desde 2011 para el Fondo Especial de la Junta de Relaciones del Trabajo,  entre otras aportaciones. Además, tiene $110 millones “secuestrados” en el BGF por la Ley de moratoria.

Pero eso no es todo.

“La Junta de Principios de Contabilidad Gubernamental (GASB, en inglés), en el Pronunciamiento Contable Número 60, ordenó separar una reserva para el retiro de los empleados y el Fondo tuvo que separar $1,400 millones. ¿Qué creó eso? Que el Fondo entrara en un déficit en los libros de $936 millones. Antes de tener esa obligación, el Fondo tenía un superávit de $50 millones”, señaló Ortiz.

Se necesitan empleados

Ortiz y Osorio coincidieron en que a la CFSE le hace falta personal que dé servicio directo a los pacientes. Denunciaron que, en cambio, se están contratando empleados de confianza.   

“Si el Fondo, por motivos externos, tiene un déficit de mil millones de dólares por motivo del Pronunciamiento 68, es altamente irresponsable llenar puestos que no son de servicio directo. Si no hicieron falta en todos estos años, ¿por qué hay que llenarlos ahora?”, cuestionó Osorio.

Privatización latente

Los rumores de privatización no se marchan, sino que han aumentado con la próxima llegada de la Junta federal de control fiscal, sostuvo Ortiz. 

“Siempre el Fondo está dentro del mercado atractivo de las aseguradoras, sean multinacionales o locales, y además la legislación está lista para viabilizar la privatización. Ya están cabildeando las aseguradoras con la Cámara de Comercio, con los Industriales”, aseveró.

Hay esperanza

A pesar de este cuadro, Ortiz y Osorio confían en que la CFSE puede recuperarse.

“La corporación tiene que ser más agresiva en los recaudos y darle un detente a los asuntos no relacionados al seguro obrero. Puede aportar a la crisis, pero con dos condiciones: que se le devuelva el dinero y que cuando se extraiga se garantice la solvencia del Fondo. Es un ente muy importante y sensible”, dijo Ortiz.