La llegada de la Junta de Control Fiscal creará una forma de gobierno nueva para los puertorriqueños que cambiará  todo lo que conocíamos hasta ahora, según el análisis del economista Joaquín Villamil.

Ante eso, sugiere que el sector privado tome la delantera y proponga, en conjunto con otros sectores, medidas de desarrollo económico para que el País salga de la crisis fiscal lo antes posible. Asimismo, urgió a los boricuas a cabildear para que el director ejecutivo de la Junta, más que los siete miembros que la integrarán, sea una persona afín con el pueblo y no necesariamente con los acreedores o bonistas que solo buscan que se les pague su deuda.

“Promesa no es una ley o un cambio al margen, es una nueva manera de gobernar a Puerto Rico  con implicaciones que todavía no sabemos del todo su alcance”, explicó Villamil en un foro de la Coalición del Sector Privado que incluye a 20 organizaciones para, precisamente, explicar lo que representa la ley federal para la Isla.

A continuación algunos detalles relevantes de lo que  indica la ley que crea el ente.

¿Qué es Promesa?

Es una ley aprobada por el Congreso cuyas siglas en español significan Gerencia, Supervisión y Estabilización Económica de Puerto Rico. 

Permite que el Gobierno boricua reestructure su deuda -estimada en unos $70,000 millones- sin que se le pueda demandar para cobrar el dinero. 

Además establece una Junta de Control Fiscal que puede tomar decisiones  sobre  las finanzas del País.

Ninguna ley promulgada en la Isla puede ir por encima de esta ley federal, advirtió ayer el ex secretario de Justicia Luis Sánchez Betances.

El organismo federal tendrá un mínimo de cinco años para supervisar que el Gobierno boricua tenga presupuestos balanceados con estimados de ingresos y gastos correctos.

Tiene que crear,además, un Plan Fiscal y el Gobierno aunque puede hacer sugerencias para ese plan, tiene que seguirlo al pie de la letra. Si no lo hace, la Junta puede revocar lo que digan el Ejecutivo y la Legislatura.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso estadounidense, la Junta costaría $370 millones. Pero según Bill Cooper, director del sub comité de Energía y Recursos Minerales del Senado federal, es muy prematuro establecer una cifra. El dinero saldrá completamente del limitado  presupuesto de Puerto Rico.

¿Qué poderes tendrá?

La Ley Promesa otorga amplios poderes a la Junta de Control Fiscal:

Puede revisar todas las leyes vigentes y si entiende que alguna no ayuda a estabilizar las finanzas públicas, puede ignorarlas y ordenar cambios.

Tiene la facultad de pedir informes sobre créditos aprobados por el Gobierno. Puede solicitar en las cortes locales órdenes para viabilizar la entrega de información a la que no se le de acceso. 

Puede firmar los contratos que entienda para ayudar a reestructurar la deuda. Asimismo puede revisar todo contrato firmado por el Gobierno que sobrepase los $100,000.

También puede revisar y cambiar toda orden ejecutiva que emita el gobernante.

Si el Gobierno no entrega un presupuesto que se ajuste al plan fiscal que habrán de establecer, puede derogar ese presupuesto y hacer todos los cambios que entienda.

Deberá solicitar informes de ingresos y gastos de las ramas de gobierno cada tres meses.

Puede otorgar permisos de construcción en 20 días para proyectos de infraestructura si lo entiende necesario.

¿Alguna limitación?

Sí, tendrá algunas limitaciones, según la presidenta del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, Zulmarie Urrutia Vélez:

Los siete integrantes de la Junta de Control Fiscal, no pueden recibir en su carácter personal ninguna donación o regalo. Como ente unido, sí puede recibir donaciones o regalos, pero está obligada a reportarlo en un periodo no mayor de 30 días.

Tiene que someterse a las regulaciones de la Ley de Ética Gubernamental.

Sus miembros estarán sujetos a todas las regulaciones federales para funcionarios.

Si quieren hacer una reducción en el salario mínimo federal de las personas menores de 25 años, tienen que esperar a que el gobernador de Puerto Rico lo autorice. Si no, no entra en vigor elajuste salarial.

No están obligados a investigar las acciones que llevaron al Gobierno a la presente crisis fiscal. Según Bill Cooper, director del subcomité de Energía y Recursos Minerales del Senado federal, la meta principal del organismo es estabilizar las finanzas del del País y “mover la página”, más que mirar al pasado.

No tienen ningún mandato de trabajar con el status y, según Bill Cooper, eso se debe atender “después”.

Opciones ante la Junta

La Coalición del Sector Privado junto a varios expertos ofrecieron algunas alternativas en los espacios que quedan para tratar de salir de la crisis:

Los economistas Juan Lara y Joaquín Villamil, así como el abogado Carlos E. Serrano de la Asociación de Industriales, propusieron cabildear para que se incluya a Puerto Rico en un proyecto piloto de la Reforma Contributiva federal. La idea es que las empresas estadounidenses se establezcan aquí y solo tributen por el 15% de sus ganancias. Pagarían la mitad de la tasa contributiva actual de 35%. Es  decir, que solo paguen 17% del 15 % de sus ganancias. De esa manera puede crecer la economía puertorriqueña entre .6% y 1.2%, en lugar de quedarse en la recesión, aseguran.

Coincidieron en que el problema de la lentitud en otorgar permisos para montar negocios lo tenemos que resolver ahora sin necesidad de la Junta. 

Bill Cooper director de la subcomisión senatorial de Energía y Recursos Minerales dijo que hay que estar pendiente a las siguiente fecha: 15 de septiembre.  Es el límite para que el task force que hará recomendaciones para mejorar la economía entregue su informe. 

Mientras más pronto actúen, mayor probabilidad de que el Congreso apruebe legislación que nos ayude.