Ayer, los bonistas demandaron a Puerto Rico, luego de que expirara el  congelamiento de litigios que protegía al gobierno en medio de crisis económica. 

A continuación detallamos varios aspectos de este asunto.

Un grupo que representa a los que adquirieron una porción de los bonos por valor de $16,000 millones afirma que es inconstitucional un plan del gobierno para reducir su deuda de $70,000 millones. El grupo acusó al gobierno de aplicar presiones indebidas para forzarlo a aceptar “condiciones desleales, injustas e ilegalmente punitivas”. 

Otra demanda, interpuesta por Ambac Assurance Corp., acusa al gobierno de retener ilegalmente $300 millones que se le deben a los tenedores de bonos. La compañía dijo que se ha visto obligada a pagar más de $52 millones en reclamos de asegurados derivados de la falta de pagos del gobierno puertorriqueño. 

Ambac también interpuso otras tres demandas, una contra el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, en la que se busca una retención a los impuestos al ron que ese departamento recauda y posteriormente remite a Puerto Rico. Ambac arguye que la isla ha desviado de manera ilegal los ingresos fiscales por ron que estaban destinados a los tenedores de bonos. 

Se prevén más demandas a medida que los tenedores de bonos tratan de recuperar millones de dólares que invirtieron.

Puerto Rico ya enfrentaba una decena de demandas antes de que quedaran congeladas como parte del paquete de rescate aprobado por el Congreso en Washington el año pasado. 

Las nuevas demandas se presentan después de que el gobernador Ricardo Rosselló no pudo negociar un acuerdo con los tenedores de bonos tras el congelamiento, que finalizó el lunes. 

El Gobierno ofreció el sábado pagar 50 centavos por dólar a los tenedores de bonos de obligación general y del impuesto sobre las ventas respaldados por la constitución puertorriqueña. Los bonistas rechazaron la oferta. 

El plan fiscal para Puerto Rico asigna $800 millones al año para el pago de deudas, una fracción de los $33,500 millones que debería pagar en los próximos 10 años