El Partido Nuevo Progresista (PNP) y cuatro ciudadanos privados, entre los que figura la exsenadora Lucy Arce Ferrer, radicaron hoy, miércoles, una demanda contra el gobernador Alejandro García Padilla en la que solicitan al tribunal que declare ilegal utilizar fondos públicos para cabildear en contra de la interpretación que hace dicha colectividad de los resultados del plebiscito del pasado año.

La demanda fue radicada en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan y figuran también como demandados el director de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa), Juan Eugenio Hernández Mayoral, y la propia Administración.

El anuncio sobre la demanda, que fue adelantada desde la pasada semana por el presidente del PNP, Pedro Pierluisi, lo hicieron en conferencia de prensa el director ejecutivo del PNP, Jorge Dávila, y el secretario general de la colectividad, José “Pichy” Torres Zamora.

"El pasado 6 de noviembre, el pueblo de Puerto Rico envió un mensaje claro rechazando el status colonial en el que vivimos y pidiendo la anexión de nuestra isla como el estado 51. No existe justificación legal alguna para utilizar fondos públicos en contra del mandato del pueblo", sostuvo Dávila.

Explicó que el PNP fundamentó su reclamo en las expresiones que hizo el director de Prfaa en un artículo publicado en El Nuevo Día sobre el uso de los cabilderos del Gobierno para adelantar gestiones “en contra de los resultados del plebiscito, donde el pueblo rechazó el Estado Libre Asociado y pidió la estadidad”.

Según Dávila, esa “era la última pieza que necesitábamos".

“Ciertamente, el gasto de fondos públicos… por parte de la presente administración es ilegal e inconstitucional por ir, no solo en contra del mandato y la voluntad expresada por el pueblo de Puerto Rico en la consulta de status realizada el pasado 6 de noviembre, sino también por constituir un uso indebido de fondos públicos para fines no públicos y contravenir el axioma constitucional de igualdad electoral en su vertiente de igualdad económica para los partidos políticos”, se argumenta en la demanda.

Se incluyen como causas de acción la violación del derecho fundamental al voto, el uso indebido e inapropiado de fondos públicos y el derecho internacional.

“Se solicita específicamente al Tribunal que dicte la correspondiente sentencia declaratoria determinando la ilegalidad de la utilización de fondos públicos por parte de los demandados con el fin de impedir la consecución del mandato emitido por el pueblo de Puerto Rico el 6 de noviembre de 2012”, reza el documento.

Se reclama, además, que se ordene a los codemandados “a cesar y desistir de erogar fondos públicos para fines políticos partidistas”.

Firman el recurso los abogados Luis Benjamín Méndez, Francisco J. González y Oscar Santamaría.

"La Constitución de Puerto Rico es clara. Los fondos públicos se utilizarán únicamente para fines públicos. Intentar adelantar la agenda del PPD, en contra de la voluntad del pueblo, es contrario a esa disposición, y Alejandro García Padilla debe responder por sus actos y desistir de los mismos inmediatamente. El PNP protegerá la voluntad del pueblo y acudirá a los foros que sean necesarios para hacerla valer", señaló el secretario general del PNP.