Encubrimiento de violaciones de ley, conflicto de intereses, ganancias desmedidas de especuladores financieros y mayores cargas económicas para el pueblo son algunas de las implicaciones de los acuerdos que la Junta de Supervisión Fiscal está negociando con los acreedores del gobierno, según el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda.

Mediante comunicado de prensa se aseguró que en acuerdos como el de los bonistas del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) se pretende el encubrimiento de muchas de las personas responsables de esta deuda, esto mediante amplios relevos de responsabilidad de funcionarios, bufetes legales y banqueros involucrados en la creación de toda la deuda del país.

"Esto promueve la impunidad, porque prohíbe la presentación de reclamaciones judiciales civiles y criminales por la responsabilidad de estas personas en nuestra crisis financiera. Desde el BGF se orquestó toda la deuda pública del país, también era el principal responsable de supervisar las emisiones de bonos de las demás corporaciones públicas y de los Sistemas de Retiro", expresó Eva Prados Rodríguez, portavoz del frente.

"La impunidad es aún peor que el delito, porque lo institucionaliza. Como pueblo tenemos que repudiar este acuerdo y sus clausulas de inmunidad”. agregó.

Esta conferencia de prensa surge seguido a la publicación esta semana de un informe de la organización de Estados Unidos, Hedge Clippers, criticando los terribles relevos de responsabilidad y las implicaciones para el pueblo de Puerto Rico del acuerdo del BGF, que actualmente está en el proceso de votación para aprobación de los acreedores, que incluye cooperativas y otros bonistas locales. “En esos acuerdos, los mismos que participaron del endeudamiento del país, como Gerardo Portela, ex-oficial del Banco Santander y luego director de AFAFF, y Jorge Irizarry, Carlos García y José Ramón González, ex-directivos del BGF, intentan que nadie les pueda demandar por su responsabilidad al país sobre esta debacle financiera”, dijo Julio López Varona, portavoz en Puerto Rico de los Hedge Clippers y Director de Campañas en el Center for Popular Democracy.

El colectivo de organizaciones presentes también se expresaron en contra de los acuerdos con los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica. La UTIER, representada por su presidente Ángel Figueroa Jaramillo y José Rivera, presidente de la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro de la AEE, denunciaron que el pago a los bonistas se va a financiar con la implantación de un nuevo Cargo de Transición, que se pagaría en la factura de todos los abonados y de haber algún proceso de privatización, los privatizadores no asumirán ninguna responsabilidad sobre la deuda, solamente el pueblo de PR. Además, el Acuerdo de la AEE mejoraría la categoría de tenedores de bonos de no asegurados a asegurados, lo que limitaría la viabilidad de una reestructuración sólida de la deuda de la AEE.

"Con este acuerdo se busca beneficiar a los acreedores por encima del pueblo de Puerto Rico, imponiendo aumentos en las tarifas de luz para el re-pago de esa deuda a una economía que todavía no se recupera del paso del huracán María. A su vez, implicará un aumento a largo plazo de la deuda total que tendremos que pagar. “ expresó Figueroa Jaramillo.

En el caso solo de COFINA,  aunque se plantea una reducción a la deuda de 17.5 billones, en realidad todavía el pueblo tendrá que pagar 33 billones de una deuda que solo tiene de principal 17 billones. Hay fondos buitres que estarían generando ganancias multimillonarias y que incluso han aumentado sus inversiones después de María. Mientras amarrarán al pueblo al pago del IVU por los próximos 40 años para saldar esa deuda.

También en ocasión de la radicación de la demanda por acceso a información de la Comisión Ciudadana para la Auditoría de la Deuda contra el BGF y AFAFF se invitó a la ciudadanía a participar de la vista judicial mañana viernes, a las 9am en la Sala 904 del Tribunal de San Juan en Hato Rey.