La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) notificó hoy al gobernador Ricardo Rosselló Nevares y a los líderes legislativos que la Certificación de Cumplimiento emitida por el Gobierno sobre la recientemente Ley 47 de 2017 no contiene el requerido “estimado formal” sobre el impacto fiscal.

Según un comunicado de prensa del ente federal, la junta indicó que su análisis preliminar la lleva a “concluir que la Ley 47 es significativamente inconsistente con el Plan Fiscal para Puerto Rico”.

Expusieron que “en base a la información disponible al presente, parece irrealista esperar que la Ley 47 no vaya a aumentar los costos médicos”.

Originalmente, la Ley 47 era el Proyecto del Senado 27, de la autoría del presidente de ese cuerpo Thomas Rivera Schatz. Según la exposición de motivos de esa medida, esta enmendó la Ley Habilitadora del Procurador del Paciente para garantizar mayores protecciones a los pacientes y procurar por mejores servicios de salud. En particular, la Oficia del Procurador del Paciente tendría jurisdicción para atender querellas relacionadas con la negación de autorización de cubierta de seguros de servicios médicos. 

La información le fue notificada mediante carta enviada el miércoles a Rosselló Nevares, Rivera Schatz, y el líder de la Cámara, Carlos Méndez.  

La Junta señaló que la Sección 204(a)(2)(A) de PROMESA dispone que una certificación de cumplimiento deberá incluir un “estimado formal… del impacto, si alguno, que la ley habrá de tener sobre gastos e ingresos”. Por tanto, la Junta requirió al gobierno que provea un estimado formal sobre el impacto que la implementación de la ley tendrá sobre los gastos de servicios de salud públicos.

“La significativa pérdida de fondos federales para salud que experimentará la Isla hacen tanto más urgente reformar el sistema mediante el cual se le provee el tan necesario cuidado de salud al Pueblo de Puerto Rico. Sin embargo, la Junta estima que la Ley 47 probablemente aumentará los costos del cuidado de salud e impedirá la capacidad del Gobierno de desarrollar modelos efectivos de cuidado de salud que cumplan con los objetivos de ahorros en salud que requiere el Plan Fiscal certificado para alcanzar la recuperación de Puerto Rico”, dijo Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta.

“Con los costos de cuidado de salud aumentando a un ritmo tres veces mayor que la inflación, una reforma total del sistema público de cuidado de salud es una necesidad tanto social como económica. El Gobierno de Puerto Rico está trabajando diligentemente en un nuevo modelo que contenga la curva ascendente de los costos y cumpla con el requisito de una reducción de casi 30 por ciento en los gastos de cuidado de salud establecido en el Plan Fiscal. La implementación de reformas costo-eficientes que cambien la forma en que operan en la Isla tanto aseguradores como proveedores es esencial para alcanzar el balance estructural y restaurar el crecimiento”, añadió Jaresko.