Les vendieron sueños a los "food truckeros"
Participantes del programa “Pa’ mi gente” insisten en que el Gobierno ha incumplido con los acuerdos.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 6 años.
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Participantes de “Pa’ mi gente” explicaron los escollos que enfrentan tras acogerse al programa.
Una de ellas es Brenda Acevedo, residente en Juncos y quien vio la oportunidad perfecta de crear su propio negocio mediante el programa, al cual logró entrar en el 2012, después de completar un ciclo de adiestramientos de 90 horas relacionado al buen manejo de ventas, mercadeo, promoción, contabilidad y servicio al cliente.
“Después que terminé esos talleres -que fueron excelentes- tuvimos el primer tropiezo porque se tardaron un año en entregarme el vagón, aún cuando ya habían aprobado el plan de negocios”, dijo la mujer que vende en su carrito cuajitos y verduras.
El contrato, según Acevedo, era que la participante operara por un año el negocio y demostrara en el transcurso de esos 12 meses una estabilidad microempresarial.
Además, debía cumplir con otra serie de requisitos. Posterior a la fecha, insiste, debían otorgarle el título de propiedad del carretón.
“Pero han pasado cinco años y no tenemos ese título. Lo he pedido constantemente y siempre sucede algo que no lo entregan, aún cuando siempre he cumplido con todos los requisitos y papeleo de rigor. Honestamente, estamos disgustados porque después de tantos años de esfuerzo, inversión y dedicación ellos pueden venir a quitarnos el carrito, decir que es de ellos y eso sería bien injusto”, dijo.
Agregó que está buscando orientación legal para someter una demanda contra el Departamento del Trabajo por incumplimiento de contrato.
“Demandando sería la única forma de hacerlos cumplir su parte del contrato porque yo he cumplido la mía”, expresó Acevedo.
Mientras, Sandra Ponce, tuvo una experiencia similar. En su caso, después del adiestramiento, la agencia se tardó dos años en entregarle la unidad donde vende papas asadas en el casco urbano de San Lorenzo.
Cuenta que su negocio era uno “próspero” con el cual ganó con el paso del tiempo muchos clientes.
En cambio, hace unos meses tuvo que dejar de vender las papas pues una coordinadora del programa le quitó la tablilla que le permite operar en ley, y se vio involucrada en una situación de estafa con un contable que no procesó “como correspondía” el pago del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU).
“Esa persona desapareció y no reportó el dinero… yo lo supe cuando me hicieron el reclamo”, aseveró al agregar que tiene una cita en agenda con el Departamento de Hacienda para tratar de resolver el asunto mediante una prórroga o algún otro remedio que le ofrezca la agencia.
“Yo les dije a ellos lo que sucedió y les expliqué que estoy en proceso de resolver la situación, pero me quitaron la tablilla, pero no dejé que se llevaran el carretón porque, honestamente, he dedicado mucho esfuerzo en ese proyecto y siempre cumplí con todos los requisitos”, aseguró.