Él futuro de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) todavía es incierto ya que aún se desconoce el impacto en la nómina, los servicios y la existencia de oficinas como las Juntas de Inscripción Permanente (JIP) ante el recorte de unos $9 millones al presupuesto.

El presupuesto de la CEE el año pasado rondó los $38 millones, y este año fue cercano a los $29 millones, según un documento del presupuesto  del Gobierno de Puerto Rico, lo que representa una reducción de casi 25%.

Para paliar esa reducción económica, la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Norma Burgos, dijo que se podrían hacer “ajustes” en las JIP, las 110 dependencias de la CEE que están por toda la isla y que son las que usan los ciudadanos para servicios como notificar cambios de dirección, sacar tarjetas electorales y para inscribirse.

Esos ajustes no incluirán despidos de empleados públicos, dijo Burgos, quien no ha descartado la presidencia de la CEE si surge un ofrecimiento a esos efectos del gobernador Ricardo Rosselló.

“Es bien claro: no hay despido de empleados”, indicó la exsenadora y exsecretaria de Estado. “No vamos a despedir funcionarios de las JIP, no pongan un titular así porque en ningún momento eso se ha planteado”, sostuvo.

Los ajustes podrían incluir reducir el gasto de alquiler de esas dependencias, dijo Burgos. Actualmente esas 110 JIP están ubicadas en unos 88 edificios, y quizá algunas de esas JIP puedan trabajar en una misma instalación, indicó la comisionada novoprogresista.

También se ha planteado, según Burgos, que las JIP  se ubiquen en  los Centros de Servicios Integrados de la administración Rosselló, que unen las oficinas regionales de servicios gubernamentales en un mismo lugar.

Además, dijo que hay otras medidas a nivel central de la CEE que se pueden tomar, como por ejemplo, ejecutar la orden de control de gastos que está aprobada y que no fue ejecutada por Liza García, cuyo término en la presidencia de la CEE venció el pasado 30 de junio.

Una de las áreas donde se pueden controlar gastos es en el cuido de niños que se supone que sea solo para hijos de empleados de la CEE, pero en realidad hay hijos de empleados de seis dependencias públicas que no son el organismo electoral, hijos de exempleados y hasta nietos de empleados, según Burgos.

Miguel Ríos, comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), está menos seguro de lo que representa el recorte al presupuesto. Explicó que de $29 millones asignados, $20 corresponden a la nómina y solo en las JIP hay 330 empleados.

“La comisión no tiene dinero para funcionar”, dijo Ríos.

Como parte de los problemas presupuestarios, Ríos añadió que incluso no se había asignado dinero directamente a las oficinas de los comisionados.

Informó que confía en que haya conversaciones con el liderato de gobierno para identificar fondos adicionales para la CEE y que le preocupa que se acabe el balance partidista que impera en la CEE, que permite que las decisiones se tomen con injerencia de los sectores ideológicos representados en el organismo electoral.

De otra parte, María de Lourdes Santiago, comisionada electoral del PIP en la CEE, explicó que hay un comité de presupuesto nombrado en la agencia para identificar dónde generar economías.

“No se despedirá gente pero debe haber una contracción”, dijo Santiago.

Y son empleados que, muchos de ellos, tienen un salario que la comisionada describió como “casi el salario mínimo”. Por ejemplo, un empleado de JIP gana unos $1,388 mensuales y uno del área de operaciones electorales unos $1,259.

Santiago agregó que sí hay terminación de unos 105 empleados transitorios, pero explicó que es algo que usual luego que culmina un proceso electoral.

Coincidió con Burgos en que se ha hablado de colocar JIP en los Centros de Servicios Integrados, pero tiene que ser con garantías de que se protegerá la información sensitiva relacionada a los electores.