Mientras, todos los acreedores de la AEE deberán vestirse de paciencia para saber si permanecerán congelados o no los litigios de cobro.

Eso fue parte de lo acordado hoy durante una vista presidida por la jueza de quiebra, Laura Taylor Swain, en el tribunal federal en San Juan, que se extendió poco más de cinco horas y en la que prefirió seguir evaluando los argumentos antes de decidir si da luz verde a que los acreedores de la AEE cobren sus deudas o si los reclamos deben permanecer congelados.

Lo que sí autorizó la jueza fue el pedido de la AEE de acogerse a la quiebra bajo el Título III de la federal Ley PROMESA, lo que sepultó para siempre la negociación que por dos años y tres meses dirigió la oficial de reestructuración, Lisa Donahue. 

Durante el debate judicial en sala, los bonistas insistieron en que se debe subir la tarifa de la AEE para generar ingresos suficientes y cumplir con las obligaciones que ascienden a unos $8,300 millones.

Además, la jueza ordenó que se avise a los clientes de forma clara que la AEE comenzó un proceso de negociación de su deuda, por lo que usted no debe asustarse cuando en una próxima factura vea la leyenda “aviso legal importante”.

Por otro lado, Taylor Swain negó el pedido de los municipios para que tuviesen un comité propio que los represente durante las negociaciones que están pendientes.

Michael R. Rochelle, abogado del comité Ad Hoc de Municipios, declaró que gracias a cada gobierno local es que se pueden ofrecer servicios que de otra forma, a nivel estatal, no se podrían brindar como pavimentado de calles y recogido de basura, entre otros.

Agregó que muchos pueblos han visto reducciones del 50% de sus presupuestos debido a la situación fiscal y de no resolverse este problema, colapsará el País.

Nada de eso fue disuasivo.

La jueza también denegó una solicitud parecida de retirados y empleados de la Universidad de Puerto Rico (UPR) quienes buscaban tener un representante en el comité que evalúa la deuda con los sistemas de retiro.

Asimismo, los abogados que asesoran a los acreedores se llevaron su agüita cuando la jueza les cuestionó sobre los descuentos tímidos que habían hecho contrario a la práctica en otras jurisdicciones.

También se anunció que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y la Autoridad de Carreteras y Transporte (ACT) llegaron a un acuerdo con algunos de sus acreedores.