La jueza Aileen Navas Auger, del Tribunal Superior de San Juan, le concedió hoy, martes, cinco días a la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta Febo y al gobierno para mostrar causa por escrito por la cual no se debe expedir un auto de mandamus, obligándo a entregar a la representante Jenniffer González Colón documentos sobre la crisis fiscal. 

Navas Auger dispuso, además, que en el término de cinco días, Acosta Febo y el gobierno, demandados por la portavoz de la delegación novoprogresista en la Cámara de Representantes, expongan por escrito al tribunal sus argumentos en torno a la solicitud de injuction preliminar y permanente de la parte que reclama la entrega de documentos.

La jueza emitió la orden esta tarde, tras analizar la demanda y los anejos sometidos temprano hoy, martes, por vía electrónica. González Colón reclama que le entreguen documentos de consultores externos, pagados con fondos públicos, relacionados con la situación financiera del país. 

Entretanto, la Presidenta del BGF, se reafirmó en declaraciones escritas en que los documentos legales reclamados por González Colón están cobijados por la relación abogado-cliente y los informes de asesoramiento sobre reestructuración de la deuda, no son de carácter público. 

“La pregunta que nos tenemos que hacer es por qué el gobierno de Puerto Rico no quiere divulgar información financiera, específicamente, las recomendaciones sobre la situación fiscal”, sostuvo, por su parte, González Colón, en conferencia de prensa en el Capitolio.

La legisladora dijo que en los últimos meses ha requerido públicamente y mediante comunicaciones escritas a la presidenta del BGF la entrega de los documentos financieros, pero las gestiones han resultado infructuosas.

González Colón pide la entrega del informe “completo” de la economista Anne Krueger y otros documentos relacionados con el asesoramiento legal, fiscal y financiero de la empresa de consultores externos, Millstein & Co., así como de otros contratistas del gobierno.

“En momentos en que el gobernador (Alejandro García Padilla) ha dicho que se está confeccionando un plan fiscal a cinco años, la delegación novoprogresista en la Cámara de Representantes no tiene la misma información que tienen el gobernador, los presidentes de los cuerpos legislativos y el BGF para tomar decisiones sobre política pública”, indicó la representante.

“Se hace imperativo que el pueblo soberano conozca lo que sucede, entienda por qué se toman las acciones, pueda objetarlas o apoyarlas, pero si se nos niega el acceso a la información a la cual tenemos pleno derecho, no podemos descargar nuestra función fiscalizadora, indispensable para la transparencia y la democracia”, añadió.

La portavoz del PNP en la Cámara sostuvo que la demanda es similar a la que presentó la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) en reclamo de que el gobierno le entregara el informe de la firma KPMG sobre la reforma contributiva.

“Aquí hay mucha información y esto le cuesta millones al pueblo de Puerto Rico. Necesito la data para nosotros poderla analizar”, dijo para agregar que espera que se le conceda pronta atención a la demanda ya que la Legislatura tendrá que tomar varias decisiones relacionadas a la finanzas del gobierno y sus dependencias y los documentos que ha requerido “son de suma importancia para tomar decisiones informadas”.

“El propósito de la demanda es vindicar los derechos constitucionales de libertad de expresión y acceso a información pública que cobijan a la representante González como legisladora”, sostiene el recurso legal de 13 páginas, presentado por los abogados Antonio Sagardía de Jesús, Carlos Sagardía Abreu y Félix Colón Serrano.

Pero, la Presidenta del BGF indicó que la demanda “parece muy similar” a la que presentó en octubre de 2014 el representante José Enrique Meléndez, que fue desestimada con perjuicio. 

“En dicha demanda, el representante solicitó copia de todos y cada uno de los informes, análisis, hallazgos y recomendaciones rendidos al BGF y a cualquier firma del Estado por las firmas de abogados y firmas especializadas en reestructuración de deuda.   En el mencionado caso, mediante sentencia de 13 de abril de 2015, el Tribunal desestimó con perjuicio la referida demanda, pues concluyó que los informes emitidos por firmas de abogados están cobijados por el privilegio abogado-cliente, y los informes sobre asesoramiento financiero, incluyendo asesoramiento sobre reestructuración de deuda, no eran documentos públicos sino que estaban sujetos al privilegio de información oficial”, arguyó Acosta Febo.

Añadió que, según la decisión del tribunal, los informes trabajados contienen recomendaciones que son pre decisionales y puramente deliberativos para la determinación de política pública en materia fiscal y de financiamiento del gobierno central, por lo que no procedía su divulgación.  

“Nos reafirmamos en que el tipo de documento solicitado por la representante es confidencial, más aún en la etapa actual en la que se encuentra el Gobierno, en la cual presentará próximamente su Plan de Ajuste Fiscal y comenzarán las negociaciones con nuestros diferentes acreedores. No obstante lo anterior, el BGF se encuentra en la mejor disposición de entregar a la Representante, como lo hemos hecho hasta el momento, todos aquellos documentos públicos que no estén cubiertos por privilegios ni revistan de confidencialidad”, agregó Acosta Febo.