Los independentistas de Puerto Rico alzan su voz en contra de la decisión de Washington de imponer una junta de control federal que fije la política fiscal de la isla, al entender que profundiza en la relación colonial que rige entre ambos territorios.

Y es que según declaró hoy a Efe el copresidente del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), Héctor Pesquera, la deuda económica de 72,000 mil millones de dólares que acumula Puerto Rico debería recaer sobre el país norteamericano, ya que es el "administrador" de la isla desde la intrusión de sus tropas militares en 1898.

"Hay que ver quién le debe a quién, porque desde que invadió a Puerto Rico, EE.UU. todo lo que ha hecho es hacernos daño", expresó Pesquera, al esgrimir sus argumentos para justificar su afirmación de que Washington en la responsable de la crisis que atraviesa la isla caribeña desde hace una década.

Pesquera indicó que al llegar a Puerto Rico, los norteamericanos se apropiaron de la mayoría de las tierras donde se sembraba café para impulsar la industria del azúcar, implantaron las leyes de cabotaje (que exigen que toda la mercancía importada viaje en barcos con bandera estadounidense) "que le cuestan a la isla más de 500 millones de dólares" y "esterilizaron a las puertorriqueñas sin su consentimiento" en la década de los 50.

Igualmente, mencionó que los estadounidenses bombardearon las islas Vieques y Culebra utilizándolas como campo para sus maniobras militares, pese a que las municiones contenían químicos que afectaron muy negativamente a sus respectivas poblaciones.

"Son tantos daños que nos han hecho, que son ellos los que nos deben a nosotros, pero sobretodo que nos hayan restringido la libertad. Esa es nuestra posición", enfatizó el colíder del MINH, movimiento que impulsa la visión del educador y filósofo Eugenio María de Hostos, conocido como "El ciudadano de América".

El Gobierno de Puerto Rico lleva meses pidiendo a Washington que le permita acogerse a la Ley federal de Quiebras, para poder declararse en bancarrota y reestructurar su deuda, como hizo en su día Detroit, ya que los intereses ligados a los 72,000 millones de dólares que debe se han vuelto "impagables", según el gobernador, Alejandro García Padilla.

Debido a su peculiar estatus político (Estado Libre Asociado a EE.UU.) Puerto Rico carece que autonomía respecto a Washington en cuestiones macro, lo que da potestad a Washington para imponer, por ejemplo, la creación de la citada junta de control fiscal.

Por su parte, el grupo clandestino EPB-Macheteros (por Ejército Popular Boricua) reclama que se juzgue a los responsables de la deuda pública, a la vez que exhortó a los puertorriqueños "a olvidarnos de rencillas" para hacer frente a la crisis fiscal y económica de forma unida.

La organización reconoce en declaraciones publicadas hoy por medios locales que prevalece un ambiente de indiferencia en un sector de la sociedad, mientras que otro ha sido tomado por el desaliento "impidiendo la acción militante que es necesaria".

"Puerto Rico tiene hoy una cita con la historia, ¿acudiremos todos como un pueblo o nos quedaremos al margen y permitiremos que los buitres destruyan el futuro del país, de nuestros descendientes?", indica, asegurando que la "deuda no es del pueblo" y por lo tanto no la debe pagar la ciudadanía.

"Sobre la deuda impagable en que incurrieron, irresponsablemente e innecesariamente, los Gobiernos corruptos que hemos soportado durante más de 50 años", esta agrupación reclama que "se juzgue a los responsables", al tiempo que hace un llamado "a manifestarnos de la forma que cada cual crea mejor".

Asimismo, el candidato a la alcaldía de San Juan por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adrián González Costa, criticó las alternativas propuestas por alcaldesa de la capital, Carmen Yulín Cruz, que, aunque es del partido gobernante, también está en contra de la citada junta de control fiscal.

Entre las proposiciones de Cruz están que el Gobierno de EE.UU. elimine las leyes de cabotaje de Puerto Rico y que comience "un proceso de descolonización y libre determinación de los puertorriqueños".

"El mero hecho de proponer como alternativas mecanismos en los que los puertorriqueños no tendríamos control o participación en la toma de decisiones sobre bienes y activos que son patrimonio nacional, como es el caso de una quiebra, es ofensivo de por sí", sostuvo González Costa.

"Plantear el regreso de unas leyes que no tuvieron efecto real sobre la economía de Puerto Rico y que su permanencia también dependería del Congreso, es seguir consintiendo al colonialismo que es la causa de todos nuestros males", añadió.