El Movimiento Amplio de Mujeres (Mampr) exigió este jueves que la evaluación del proyecto legislativo que propone la fusión de las procuradurías y la Comisión de Derechos Civiles se abra a un proceso de vistas públicas.

“Exigimos que el Estado garantice la discusión amplia de la medida y un proceso participativo para que los diferentes sectores involucrados podamos expresarnos y presentar recomendaciones sobre el mismo. El proyecto de la Cámara 2464 está actualmente en primera lectura en la Cámara de Representantes y estamos en la espera de que se convoquen a vistas públicas”, sentenció la expresidenta del Colegio de Abogados, Ana Irma Rivera Lassén, en comunicado de prensa.

Aunque las portavoces del Mampr afirmaron que la propuesta “tiene méritos”, el grupo explicó que la medida debe ser refinada para garantizar que se incluyan los principios que han promulgado, como lo son los derechos humanos, autonomía, fiscalización, transparencia, participación, inclusión, transversalidad y rendimiento de cuentas.

La abogada Eva Prados Rodríguez también mostró preocupación, al aludir a que cuando impulsaban la transformación de la Procuraduría de las Mujeres, “nunca propusimos la consolidación de algunas funciones administrativas de las procuradurías”.

La medida en controversia fue presentada el pasado 11 de mayo en la Cámara de Representantes. Esta crearía la Defensoría de Derechos Humanos, la cual estará compuesta por seis Defensorías Asociadas dedicadas a los siguientes temas: Equidad de Género, Personas de Edad Avanzada, Personas con Diversidad Funcional, Derechos Sociales y Económicos, Derechos Civiles y Constitucionales y Veteranos. Sustituirá la Comisión de Derechos Civiles, y las oficinas de los Procuradores de las Mujeres, de las Personas con Impedimentos, Edad Avanzada, Pacientes y Veteranos.

“Estamos en el proceso de estudiar el proyecto de la Cámara 2464, pues entendemos que tiene mérito”, expuso Rivera Lassén. “Sin embargo, es imperativo garantizar que el proyecto responda a las exigencias que se hicieron en el 2014, por lo que participaremos en las vistas públicas y someteremos recomendaciones si fuera necesario. Siempre ha sido un reclamo de nuestro colectivo que el tema de los derechos humanos sea atendido desde una perspectiva transversal e integrada como se ha estado discutiendo en otras partes del mundo. Este proyecto presenta una oportunidad única para analizar los beneficios y retos que esta fórmula o mecanismo de protección de los derechos humanos podría representar en Puerto Rico. Aprovechemos el momento”.

Por otro lado, la presidenta de la Junta de la Comisión de Derechos Civiles, Georgina Candal Segurola, indicó que se opone a la fusión de esta entidad con las procuradurías.

Según argumentó, la consolidación no resolverá la crisis económica que se plantea en la exposición de motivos.

“No podemos olvidar que la filosofía de los derechos humanos establece que los mismos son universales, indivisibles, interdependientes y relacionados entre sí.  Dividir las funciones que ahora lleva a cabo la Comisión en la defensa y protección de todos los derechos humanos en dos nuevas defensorías, representaría un error porque se fragmentaría dicha filosofía”, insistió la exjueza del Tribunal de San Juan en declaraciones escritas.