Los jefes de la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos (Ocalarh) y del Departamento del Trabajo defendieron ayer en la Legislatura el proyecto del empleador único, contenido en el Plan para Puerto Rico del gobernador Ricardo Rosselló. Sin embargo, no pudieron precisar los costos, ni los ahorros que generaría la propuesta con la cual el gobierno procura el traslado de empleados públicos para evitar despidos. 

Tampoco quedó claro si a los empleados que sean trasladados a Alianzas Público Privadas (APP), los cobijará el principio de mérito.

La medida facilitará la movilidad de empleados públicos entre agencias, corporaciones públicas, municipios y a las APP, pero según los directivos de las agencias, el proyecto no afectará los derechos adquiridos en los convenios colectivos.

“El salario base del empleado no se va a ver afectado”, dijo la designada directora de Ocalarh, Nydza Irizarry Algarín, en el segundo día de vistas públicas de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes.

“Se tiene que reformar, transformar y hacer más eficiente el gobierno para mejorar la calidad de de los servicios esenciales que se proveen a un costo mucho menor”, sostuvo.  Añadió que para lograrlo “se tienen que ubicar empleados públicos donde sean de mayor utilidad”.

Irizarry dijo que el proyecto “está alineado” con la Ley Federal Promesa. “Estamos reduciendo costos, estamos haciendo un cambio estructural”, dijo la jefa de Ocalarh.

Por su parte, el secretario del Trabajo y Recursos Humanos, Carlos Saavedra Gutiérrez, indicó que los traslados se realizarán “de manera estructurada” y dijo que el proyecto “le da garras al gobierno” para evitar el despido de empleados.

Pero, el representante independentista Denis Márquez dijo que los empleados que serían transferidos a una APP estarían en peligro. Indicó que aunque el sistema de mérito plantea que el trabajador tiene derecho a la retención del empleo, el proyecto establece que dependerá del contrato que se haga con la APP”.

Márquez cuestionó también que el proceso de centralización y unificación de los planes de clasificación propuestos tendrá un costo millonario para el país. 

El representante popular Manuel Natal mencionó que en el Departamento de Salud se hizo un plan de clasificación para unos 5 mil empleados que costó más de $700 mil. Sostuvo que el estudio tardó de 2004 a 2007 y no fue hasta 2011 que se implementó.  

Mientras tanto, varias uniones  en representación de unos 130 mil empleados públicos,  aseguraron que el proyecto creará un disloque en las relaciones obrero patronales con el gobierno. 

“Este proyecto trastoca de manera clara e inequívoca los cimientos en los cuales fue creada la legislación laboral en Puerto Rico y ocasionaría un conflicto operacional y administrativo sin precedentes”, dijo el presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), Gerson Guzmán, quien encabezó el panel de gremios sindicales.

Destacó que la medida no dispone nada sobre si se respetarán los convenios colectivos de los servicios que se traspasen a una APP ni qué sucederá con sus pensiones de retiro. Dijo además, que la medida no dispone procesos para impugnar un traslado oneroso ni contempla la onerosidad como un motivo para evitar el traslado. 

El presidente de la Comisión, Ángel Peña adelantó que está trabajando enmiendas al proyecto de ley, una de las cuales busca evitar el traslado oneroso de un empleado, equivalente a un despido constructivo. “Estamos buscando el lenguaje y las garantías para que eso no se de”, dijo el legislador penepé.