En una caldeada sesión, el senado aprueba la reforma educativa
Tres penepés que se unieron a la mayoría popular en respaldar el proyecto que impulsaba el presidente del Senado.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 9 años.
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El Proyecto del Senado 1456 fue aprobado en votación 18-8, pero no pudo ser debatido ante el pleno senatorial, pues la mayoría parlamentaria determinó suspender la discusión legislativa ante los incesantes gritos y actos de protesta escenificados desde las gradas por parte de algunos líderes magisteriales que rechazan el modelo propuesto por entender que supone la privatización del sistema público.
La pieza contó con el favor de los senadores del Partido Nuevo Progresista Larry Seilhamer, Carmelo Ríos y Margarita Nolasco. En cambio, se opusieron sus correligionarios Thomas Rivera Schatz, Migdalia Padilla, Ángel Martínez, Itzamar Peña, José Pérez Rosa, así como los senadores populares Antonio Fas Alzamora y Cirilo Tirado y la senadora independentista, María de Lourdes Santiago. Mientras, el senador de mayoría Ángel Rosa estuvo ausente.
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Bhatia, presidente de la Comisión Especial para la Transformación Administrativa y Operacional del Sistema de Educación de Puerto Rico, que evaluó la medida, intentó sin éxito darle curso al debate, pero desde que tomó la palabra, parte del público presente comenzó a abuchearlo. Algunos le gritaron expresiones como “sicario de la educación pública” y “enemigo del magisterio”, y entonaron estribillos como “¿y dónde está Bhatia? Bhatia no está aquí, Bhatia está vendiendo lo que queda del país” o “mi escuela no se vende, mi escuela se defiende”.
El personal de seguridad del Alto Cuerpo intervino en varias ocasiones con el grupo de manifestantes, y se mantuvieron en todo momento vigilándolos de cerca. En las gradas, estuvo la presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, quien mantuvo distancia de los docentes que protestaban, además de la portavoz de Educamos, Eva Ayala; Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros, y Emilio Nieves, directivo de la Unión de Empleados y Trabajadores de la Educación (UNETE).
Con evidente molestia, Bhatia pidió respeto en reiteradas ocasiones, además de sus compañeros de delegación Aníbal José Torres y Martín Vargas, quien finalmente planteó la cuestión previa que dio por terminado el debate.
“Espero que esto siga sirviendo de lección. Sí, el Senado es un Senado abierto, pero tiene que ser un Senado de respeto, donde se les respete el espacio a aquellos que quieren deponer. Nosotros los respetamos, pero aquellos que quieren legislar hay que respetarlos también, y aquellos que quieren votar y necesitan debatir, hay que respetar ese espacio también. Hoy no se respetó ese espacio”, manifestó el presidente senatorial durante una rueda de prensa celebrada luego de la votación final.
“Nosotros queremos abrir los espacios democráticos, pero los espacios democráticos tienen unos límites, en términos de que tiene que haber respeto”, abundó Bhatia, quien también resaltó que los dirigentes sindicales tuvieron oportunidad de exponer sus planteamientos en vistas públicas sin límite de tiempo.
Cuando concluyeron los trabajos de la sesión, las dirigentes magisteriales Ayala y Martínez se trasladaron con varios seguidores a un pasillo cercano a la entrada de la oficina de Bhatia, y allí continuaron la protesta, que por momentos se tornó acalorada, y requirió la intervención de policías estatales.
Defiende su constitucionalidad
El presidente del Senado defendió nuevamente la constitucionalidad de su propuesta, e insistió en que no busca la privatización de las escuelas públicas. Rechazó, además, que el proyecto se haya concebido para satisfacer los intereses de algunas entidades privadas en pactar con el gobierno para administrar los planteles.
“El mayor interés aquí es el niño, y más importante es que el niño sea el que se eduque. Todo lo demás son especulaciones que no tienen fundamento ninguno”, sentenció sobre los supuestos intereses económicos que se atribuyen como motivación del proyecto.
Bhatia dijo que el sistema que se impulsaría a través de la “Ley para las Alianzas en la Educación Pública” tiene la intención de despolitizar el Departamento de Educación (DE), y fomentar mayor participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con el sistema público.
“Le hemos quitado funciones hoy al gobierno, sí, pero más que le hemos quitado funciones al gobierno, le hemos ampliado al gobierno el grupo de personas que puede ayudar y puede colaborar en un experimento en democracia”, sostuvo.
Confiado en que la Cámara discutirá la medida
Bhatia volvió a mostrarse confiado en que la Cámara de Representantes le dará curso a la evaluación de la pieza legislativa, aunque el presidente del cuerpo hermano, el representante Jaime Perelló, ha advertido que la medida no es una prioridad en esta sesión legislativa.
La Cámara aprobó el año pasado el proyecto sobre el Plan Decenal de Educación, y la legislación no ha sido atendida por el Senado. Sin embargo, Bhatia aseguró este jueves que se propone discutir esa propuesta con el caucus del PPD durante las próximas dos semanas, y opinó que esa iniciativa podría coexistir sin mayores inconvenientes con su proyecto de reforma educativa.
Senado incluyó múltiples enmiendas
La versión del P. del S. 1456 aprobada este jueves, que tiene 138 páginas, incluyó algunas enmiendas que resultaron del debate acontecido durante las 13 vistas públicas que se efectuaron desde finales de agosto.
La medida mantuvo la intención original de reformular las partidas asignadas a las escuelas, y a esos fines establece que el presupuesto se determinará a base de la cantidad promedio de estudiantes en cada plantel. El titular del DE estaría a cargo de realizar ese cálculo.
Además, la medida fue enmendada para acoger una de las recomendaciones que hizo el pasado lunes el secretario del DE, Rafael Román, y ahora reduciría el tamaño administrativo de la agencia al eliminar las oficinas regionales y consolidar sus funciones en el nivel central y los distritos escolares, que se mantendrían como la unidad de apoyo académico más cercana a las escuelas.
El cambio, según la exposición de motivos de la medida, permitiría reducir los gastos operacionales en la agencia y redirigir esos recursos hacia los planteles.
También se incluyeron algunos cambios conceptuales en la Junta de Alianzas e Innovación Educativa, y aunque en términos generales mantuvo su composición intacta, dispuso que el líder magisterial que la integre deberá ser designado por el gobernador, tomando como referencia una lista de candidatos recomendados por el propio gremio. Además del representante docente, la junta estaría compuesta por el secretario del DE, el presidente de la Universidad de Puerto Rico, el decano de la Facultad de Educación de esa institución, el líder de la Asociación de Colegios y Universidades Privadas de Puerto Rico; un representante de una organización sin fines de lucro, y los dirigentes de la Liga de Cooperativas, de la Cámara de Comercio y de la Asociación de Industriales.
La referida junta estaría a cargo de suscribir los acuerdos con las entidades no gubernamentales sin fines de lucro para la administración de los planteles sujetos al nuevo modelo de alianzas. Estas instituciones se conocerían como las Escuelas Líder, y en principio, serían aquellas que representen el 15% con el aprovechamiento académico más bajo, aunque también se permitiría que otros planteles se sometan al sistema alternativo si así lo deciden la mayoría de los padres y madres que componen la comunidad escolar.
Como parte de los cambios incluidos luego de las vistas públicas, el Senado estableció que, para considerar cada propuesta de alianza, se añadirán a la junta dos miembros que representen a la escuela intervenida. Esos dos integrantes serían padres, madres o tutores legales de un estudiante del plantel o un miembro de la comunidad.
“Las Escuelas Públicas Líder se limitarán a concretar la política pública formulada por la Rama Legislativa y la Rama Ejecutiva en torno a la educación pública. Estas ramas de gobierno mantienen el control de poner en vigor las facultades delegadas, pues esta legislación provee criterios específicos para evaluar y seleccionar las entidades educativas certificadas, establece requisitos con los que una propuesta y posterior contrato de alianza educativa debe cumplir, dispone criterios de evaluación de la ejecutoria de las Escuelas Públicas Líder y provee para la revocación de alianzas en caso de incumplimiento”, indica la medida en su parte expositiva.
La medida que pasa ahora a la consideración de la Cámara también incluyó cambios en el lenguaje relacionado con el cierre de escuelas, y en lugar de fijarse por fórmula, se le confirió al secretario del DE la facultad de adoptar un reglamento para determinar la cantidad máxima ideal de planteles que podrán operar en el país. Ese proceso se realizaría con el apoyo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Junta de Planificación.
Bhatia dijo que no le preocupa el impacto fiscal que pueda tener la pieza, pues, según comentó, actualmente el gobierno destina cerca de $9,000 anuales por cada estudiante del sistema público, y el proyecto de su autoría provee herramientas para mejorar la administración de esos fondos.