El Partido Popular Democrático (PPD) anunció hoy que pondrá a disposición de los empleados públicos, a un grupo de abogados para que atienda a aquellos que sean víctimas de despidos injustificados, persecución política, traslados forzosos y cualquier otra acción ilegal que violente sus derechos como trabajadores del sector público.

El presidente del PPD, Héctor Ferrer, durante una conferencia de prensa conjunta con el representante Jesús Manuel Ortiz, denunció el impacto de más de mil millones de dólares como resultado de las medidas del plan fiscal del gobernador Ricardo Rosselló, de las cuales ninguna ha sido impulsada por la Junta de Control Fiscal (JCF).

El viernes, se anunció que el Gobernador solicitará a la JCF la salida de más de 800 empleados a los que llamaron "atornillados" que fueron contratados por la pasada administración popular durante la crisis fiscal luego de haber sido electo como Primer Ejecutivo.

Ferrer detalló que, hasta el presente, el plan fiscal que radicó en marzo del 2017, ha afectado a sobre 5 mil trabajadores transitorios que fueron despedidos, cerca de 1.6 millones de pacientes de la reforma de salud que han sufrido las reducciones en sus cubiertas médicas, a 50,000 estudiantes del sistema de la Universidad de Puerto Rico con los aumentos en sus matrículas y recortes en el presupuesto.

Ante la posibilidad de una reducción de jornada laboral que podría impactar hasta a 138 mil trabajadores, Ferrer describió la acción como una copia fiel y exacta de los despidos bajo la Ley 7 de Emergencia fiscal bajo la administración del Gobernador Luis G. Fortuño.

El PPD tiene a disponibles unos mil abogados para atender los casos por de despidos injustificados los cuales están activos desde noviembre del 2016 ya que también atendieron asuntos electorales para esa fecha.

Según se adelantó, hay una cantidad indeterminada de casos de la Administración de Corrección y Rehabilitación que ya han sido sometido ante los tribunales y existe otra cantidad de otras agencias que se encuentran agotando los remedios administrativos.

El presidente del PPD, indicó que hasta que no se vea la totalidad de los casos no puede concluir que todos los despidos que se proyecta hacer son por discrimen político.

“A esos miles de servidores públicos y sus familias que ya comenzaron a sentir la carga que le impone el plan fiscal del gobernador les digo; el PPD no los dejará solos. El Partido Popular pondrá a su disposición a nuestros abogados para defenderlos de cualquier acción que este fuera del marco legal y la justicia. Vamos a evaluar los despidos, la reducción de jornada, las transferencias irregulares de una agencia a otra y cualquier otro acto guiado por motivaciones de fanatismo político”, dijo el licenciado Ferrer.

Por su parte, el Representante Jesús Manuel Ortiz, sostuvo que el plan fiscal del Gobernador que fue aprobado por la JCF ha tenido un efecto devastador en las diferentes áreas de servicios y cuyo impacto sobrepasará los $1,000 millones en un sólo año.

“Los recortes a los municipios han obligado a la reducción de jornada laboral de más de 15 mil empleados municipales en 22 municipios con un impacto económico de $31 millones. Asimismo, se despidieron más de 5 mil empleados transitorios lo que representó una merma de 100 millones de dólares en salarios y beneficios que perdieron esos empleados, otros $350 millones en servicios esenciales en los municipios como recogido de basura, mantenimiento de carreteras y atención directa a la grupos poblacionales; y, como si fuera poco, ya se inició la reducción de $100 millones en el Plan de Salud del Gobierno, especialmente en los medicamentos.”, señaló el representante popular.

Mientras, el secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Rafael “June” Rivera Ortega, y su vicepresidente y sub secretario, Abel Nazario Quiñones, le salieron al paso a los populares.

El secretario y representante Rivera Ortega expresó que “hoy el Presidente del PPD y el ex portavoz de García Padilla se pintan como los defensores de los empleados públicos. Lo que no dicen es que fueron ellos los que dejaron de enviar las aportaciones patronales de las pensiones al Sistema de Retiro y quebraron el mismo. Lo que no dicen es que fueron ellos los que por años retuvieron sus reintegros para pagar los contratos de sus amigos del alma. Lo que no dicen es que fueron ellos los que nos dejaron con un déficit de $7,600 millones de dólares y un Gobierno sin crédito y en quiebra. Lo que no dicen es que mientras Anaudi Hernández afirmaba que el representante Ortiz era su contacto en La Fortaleza, los empleados sufrían los aumentos en los impuestos incluyendo el aumento s IVU de 7% a 11.5%”.

“¿Dónde estaba el Presidente del PPD Héctor Ferrer cuando el PPD abusó, por 4 años, contra de los empleados públicos?", planteó Nazario.