La rehabilitación y “las segundas oportunidades” en las que dice creer la directora ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Zulma Rosario Vega, al parecer, sólo las acepta cuando se trata de un “amigo entrañable”, pero se las niega al servidor público común.

Rosario Vega contribuyó para que su amigo Juan Ramón Cotto Vives fuera restituido al ejercicio de la abogacía, lo rescató del desempleo, también lo puso a investigar y a juzgar la conducta ética de los empleados públicos a pesar de éste haber sido convicto en la esfera federal por apropiarse de $10,000 de un cliente, conducta delictiva que le costó cumplir una sentencia de cinco años en probatoria.

Y le dio el break porque, según ha afirmado, cree en su completa rehabilitación.

Sin embargo, esa nobleza y fe en un miembro de su “familia extendida”, como le llama la directora de Ética a los Cotto Vives, contrasta con la severidad de sus opiniones respecto a la conducta ética y normas que aplica a funcionarios públicos que, obviamente, no son parte de su ampliado grupo familiar.

Por ejemplo, el 29 de septiembre del año pasado, la directora de la OEG concluyó que un empleado del Municipio de Orocovis no debía formar parte del Comité de Ética de esa municipalidad porque había sido multado por la OEG por violación a la Ley y Reglamentos de Ética.

La directora de Recursos Humanos del Municipio, Rosa Medina Colón, solicitó una opinión a la OEG para saber si el empleado multado podía continuar como miembro del Comité de Ética del Gobierno Municipal. Rosario Vega concluyó que no.

La opinión de la directora de Ética está basada, entre otras cosas, en que “los miembros del Comité (de Ética) deberán ser de reconocida probidad moral”.

“Es incompatible el ser miembro del Comité y haber sido multado por nuestra oficina”, añade Rosario Vega a la directora de Recursos Humanos de Orocovis.

“No debe ser miembro del Comité una persona que haya sido objeto de alguna acción disciplinaria, menos aún debe ser miembro un servidor público objeto de una multa por violar las disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental o del Reglamento de Ética”, advierte.

Esta estricta norma, Rosario Vega la protege con vehemencia para un miembro de un comité municipal de Ética que, sin restarle méritos a esa labor, en la práctica se dedica a repartir promoción sobre los valores éticos, pegar anuncios sobre talleres o mensajes éticos e información general sobre la Ley y el Reglamento de Ética.

No obstante, al parecer no fueron consideraciones que evaluó cuando a los cuatro meses de su restitución como abogado, contrató en un puesto de carrera a Cotto Vives, quien fue convicto en la jurisdicción federal. Por esos hechos fue separado durante 23 años de su profesión de abogado.

La acción de Rosario Vega denota que no es “incompatible” haber sido convicto por apropiarse dinero, con la tarea que mediante un ascenso le encargó de determinar cuál comportamiento de un empleado es ético o no, y así presentar o no querellas.

En enero, Cotto Vives fue nombrado director auxiliar del Área de Investigaciones y Procesamiento Administrativo.