Al principio para algunos fue asombroso y para otros, hasta gracioso, pero no es ningún chiste que los propietarios de la Funeraria Marín, quienes velaron a un muerto parao y a otro montado en una motora, serán investigados por el Departamento de Justicia.

La funeraria fue referida el lunes a la agencia luego que la Junta Examinadora de Embalsamadores de Puerto Rico, adscrita al Departamento de Salud, iniciara unas investigaciones que levantaban serias interrogantes en cuanto al proceso de embalsamamiento del último difunto y la forma en que se manejaron los restos durante la sepultura.

La información fue confirmada a Primera Hora por el fiscal Fernando Chalas, asistente de la fiscal general de Puerto Rico, Ivelisse Domínguez, quien de inmediato asignó el caso a Fiscalía de San Juan.

Sin entrar en detalles sobre la pesquisa, Chalas adelantó que lo que prosigue es auscultar si la funeraria incurrió en alguna violación de ley “al realizar un velatorio que no sea de la forma tradicional”.

“No quiere decir que se van a acusar mañana, sino que se va a investigar si hubo acción criminal en esa conducta”, dijo el fiscal sobre el proceso de investigación que incluirá entrevistas y la inclusión de un agente de la Policía .

En cambio, los miembros de la Junta de Embalsamadores sí están convencidos de que, al menos en el velorio del mensajero David N. Morales, expuesto sobre su lujosa motora modelo Repsol, hay unas “incongruencias” serias.

Así lo explicó a este diario Norma Torres, directora ejecutiva de la Oficina de Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud.

“La querella que le presentamos a Justicia es amparada en el Artículo 227 (Falsificación en el ejercicio de profesiones u ocupaciones) del Código Penal, que establece que ejercer alguna profesión, sin su debida licencia, se considera un delito grave”, indicó Torres al asegurar que la vicepresidenta de la Funeraria Marín, Elsie Marín -quien dijo que era embalsamadora-, no tiene licencia “y nunca la ha solicitado”.

Las penas de los delitos graves de cuarto grado son de un mínimo de seis meses a un máximo de tres años de cárcel.

Torres aclaró que el caso fue referido también a la secretaría de Salud Ambiental y a la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Osha). La primera entidad, explicó, se centrará en investigar las disposiciones que utilizó la Funeraria Marín para proteger al público de las emisiones líquidas y gaseosas que expiden los cadáveres. Mientras, OSHA, comprobará si la empresa cumplió con los requisitos para proteger a sus empleados durante el proceso fúnebre.

Funerarios se oponen a velorios “exóticos”

Otra organización que manifestó malestar ante el “muerto en la motora” fue la Cámara de Dueños de Funerarias de Puerto Rico, que por razones “éticas y morales” se oponen a que un cadáver sea expuesto fuera de un ataúd.

“Es una falta de respeto al muerto y a las costumbres y tradiciones nuestras”, dijo el presidente, Jorge Lugo, quien pidió participación en las vistas públicas que se celebran en la Cámara de Representantes, con el fin de investigar la práctica ilegal de reúso de ataúdes por parte de algunas funerarias, a raíz de una historia exclusiva publicada en Primera Hora.

Acompañado de otros funerarios, Lugo le entregó a la mano al legislador Jorge Navarro una declaración jurada en la que se le recomienda al Departamento de Salud que incluya en su reglamentación que todo velorio se realice con el cuerpo de forma horizontal en un ataúd.

Primera Hora hizo varias llamadas a Elsie Marín para una reacción, y ésta no respondió.