El gobierno municipal de Guaynabo gastó el año pasado $2.3 millones en servicios de abogados.

Frankie Amador, quien dirige la oficina desde hace dos semanas, dijo ayer al final de los tres días de vistas públicas de transición, que a pesar de que están facultados, no todos los contratos del municipio pasan por la evaluación de sus abogados, sino que dependen de que se los refieran… Y aparenta ser que nada obliga a la administración a ello. 

Amador tampoco pudo especificar si alguna de las firmas externas revisa los contratos.

Precisamente, uno de los acuerdos que no pasó por evaluación legal ni de ninguna otra área de administración para saber si cumplía con requisitos de ley fue el de la empresa de relaciones públicas Perfect Partners a razón de $15,000 al mes, por tres meses.

Se suponía que para que fuera válido se iba a establecer un Reglamento para Relaciones Públicas y el Manejo de Crisis. Ya se extinguió la contratación y se desembolsaron los cheques, pero si existe el reglamento, el funcionario dijo que nadie lo ha visto. 

Sobre este particular, la relacionista y presidenta de Perfect Partners, Helga García, aseguró que el manual -que consta de 28 páginas y del que Primera Hora tuvo copia- fue entregado a las oficinas de la vice alcaldesa y de Recursos Humanos y al director de Prensa y Comunicaciones.

Perfect Partners organizó una actividad con empleadas del municipio negando que hubiese un ambiente hostil hacia las féminas en la administración del alcalde Héctor O’Neill.

Por otro lado, se confirmó que hay cuatro querellas por hostigamiento sexual que están pendientes.

Asimismo, el 8 de agosto el municipio se enteró que todavía hay reclamaciones por parte de la mujer que transó una querella contra el alcalde, por lo que el comité de transición entrante solicitó información adicional que no se brindó de inmediato.

Por otro lado, trascendió que hace tres años el municipio de Guaynabo no ha trabajado con las 171 querellas pendientes, ni acepta denuncias nuevas sobre estorbos públicos. 

Ada Bones, directora de Planificación e Infraestructura, dijo que en el 2014 cambió la ley a nivel estatal y desde entonces, simplemente, no han podido redactar un nuevo reglamento municipal que vaya acorde. 

En la actualidad, tampoco hay inspectores suficientes para evaluar estructuras que representen peligro.

Otro asunto que levantó banderas de preocupación fue la aportación en fondos federales por $455,000 a la Corporación de Bellas Artes para auspiciar la visita de niños a los museos, pero el municipio no fiscaliza el uso del dinero.

Asimismo, se asignó dinero federal para el reclutamiento de ocho policías que nunca se contrataron.

Además, se cubrieron los puestos con policías ya existentes, por lo que se teme que haya que devolver el dinero y sufrir y hasta una amonestación, alertó Antonio Pabón, presidente del comité de transición entrante de Pérez.

Aunque las vistas públicas concluyeron ayer, hoy habrá vistas confidenciales sobre posibles deficiencias en las medidas de protección en las computadoras, así como el manejo de los programas de vivienda, envejecientes y la Policía.