El Tribunal Federal acogió planteamientos de las entidades que reclamaron en ese foro que se declare inconstitucional la Ley para el Cumplimiento con las deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas.

La demanda de Franklin California Tax Free Trust y Bluemountain Capital Management, LLC, reclamó que se declare inconstitucional el citado estatuto, denominado popularmente Ley de Quiebra Criolla, el cual fue aprobado el 28 de julio de 2014 para declarar una emergencia fiscal y procurar la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

En un pliego de 75 páginas, el juez federal Francisco Besosa establece que la ley estatal choca con disposiciones de le Ley de Quiebra de los Estados Unidos y declara no ha lugar la petición de desestimación de la demanda por parte del gobierno de Puerto Rico. Además, reconoce gran parte de los reclamos de los demandantes, aunque desestimó a favor del Estado Libre Asociado algunas mociones.

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Ante la determinación de Besosa, el secretario de Justicia, César Miranda, por el momento se limitó a anticipar que la examinarán en detalle para determinar si apelan el fallo.

 "Vamos a revisar todos los parámetros de la decisión emitida en la noche de hoy por el juez Francisco Besosa. A su debido tiempo y luego del examen de rigor, habremos de determinar el curso de acción", sostuvo Miranda en declaraciones escritas.

"Una decisión responsable sobre el particular requiere la evaluación correspondiente por parte de la Procuradora General y de los abogados que intervinieron en la defensa original del Estado Libre Asociado ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico", agregó Miranda.

Entre otros argumento, los demandantes alegaron que la ley local es está sujeta al Código Federal de Quiebras, por lo que argumentaron su nulidad y citaron cláusula de supremacía de la Constitución de los Estados Unidos.

En conjunto, los demandantes en tienen $2,000 millones en bonos de la AEE y plantean que la ley de quiebra criolla viola cláusulas contractuales al respecto. El estatuto endosado por el gobernador Alejandro García Padilla el pasado 28 de junio servició para renegociar condiciones de pago de las deudas de esa corporación.

Franklin Funds posee $907,195,000 en deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), y Oppenheimer Rochester Funds, $821,440,000, según información preliminar surgida al momento de presentarse la demanda en contra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Mientras, la representante Jenniffer González, quien como portavoz del Partido Nuevo Progresista combatió la aprobación de ese estuto en la Cámara, recordó que advirtieron sobre la inconstitucionalidad de la ley

“La aprobación de la llamada Ley de Quiebra Criolla, a toda prisa, sin debate ni análisis, costó que degradaran por segunda vez en cuestión de meses la calificación crediticia de la deuda de Puerto Rico. Este es otro golpe a la credibilidad del gobierno”, dijo González en un comunicado de prensa.