El uso de las llamadas “bolsas desechables” de plástico podría tener los días contados en Puerto Rico ante la gestión que realiza la Asamblea Legislativa para limitarlas o prohibirlas y el apoyo que tal iniciativa tiene entre las distintas agencias reguladoras locales.

Tres proyectos con el mismo objetivo son evaluados en estos momentos por la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales del Senado, que este martes celebró audiencias públicas sobre el tema. 

Uno de los proyectos ya fue aprobado en la Cámara de Representantes, otro fue sometido por el Ejecutivo y el tercero es de la autoría del expresidente del Senado Tomás Rivera Schatz.

En comparecencia hoy ante la mencionada comisión, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Junta de Calidad Ambiental (JCA) y la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS), endosaron el objetivo de las tres medidas y favorecieron una eventual prohibición total del uso de estas bolsas.

“De principio, presentamos nuestro endoso a los propósitos de las tres medidas legislativas ante nuestra consideración. El problema del manejo de las bolsas plásticas en Puerto Rico y la necesidad de una legislación que lo atienda son asuntos de incuestionable importancia”, sostuvo la secretaria del DRNA, Carmen Guerrero, en ponencia que presentó ante la comisión senatorial Merangeli Valentín.

“Las bolsas plásticas tienen un impacto significativo en el medioambiente tanto por su fabricación, como por su disposición”, agregó. “Para su fabricación se consumen grandes cantidades de energía y las mismas se encuentran compuestas de sustancias derivadas del petróleo, un combustible fósil causante del calentamiento global”.

La ponencia del DRNA reiteró que la mayoría de estas bolsas terminan en vertederos, en cuerpos de agua o en la ciudad contaminando tanto las ciudades como los ecosistemas naturales. Su descomposición, añadió, es sumamente lenta –entre 100 y 1,000 años por cada bolsa – “debido a que el plástico es resistente a la descomposición por bacterias o degradación ambiental y biológica”. 

Datos similares ofrecieron los representantes de las otras dos agencias, que igualmente apoyaron los objetivos de los proyectos, aunque en todos los casos se hicieron sugerencias de cambios a las distintas medidas.

“Ciertamente acogemos con agrado todas estas iniciativas legislativas. Una vez más enfatizamos que a nuestro juicio la mejor alternativa para resolver el problema de las bolsas plásticas “desechables” es su prohibición o eliminación y eventual sustitución por bolsas reusables”, expresó el director ejecutivo interino de ADS, Aniano Rivera Torres.

Recordó este que “debido al grave impacto ambiental que tienen las bolsas plásticas, múltiples jurisdicciones han promulgado legislación prohibiéndolas o imponiendo costos sustanciales a su uso para disuadir el mismo”. 

En Puerto Rico, agregó, los municipios de Rincón y Cabo Rojo han promulgado ordenanzas prohibiendo las mismas y el Municipio de Culebra se dispone a hacer lo mismo.

Las tres agencias coincidieron que la opción preferible para Puerto Rico es la prohibición total del uso de estas bolsas y que debe establecerse un periodo mínimo de un año para la transición y educar, tanto a los ciudadanos como a los comercios del país.