El gobernador electo, Ricardo Rosselló, se propone en los primeros 100 días de su administración a establecer el marco legal para su compromiso de campaña de empleador único en el que se espera que la mayoría de los traslados entre las agencias se den para el 2018.

Así lo informó el designado secretario de la gobernación, William Villafañe, quien explicó el nuevo modelo laboral que podría impactar a miles de empleados que trabajan en 118 agencias de gobierno.

En síntesis, la propuesta permitiría mover empleados de una agencia a otro, conforme a las necesidades actuales del gobierno. El grupo de trabajo de Rosselló ha hecho un análisis de labores que son redundantes y repetitivas en el gobierno y que se entiende se pueden hacer con menor personal, y el resto de esos empleados serían colocados en otras áreas, para las cuales de ser necesario recibirían adiestramientos. También en este modelo el empleado tendría prioridad para contrataciones en el gobierno, por lo que esa persona podría solicitar trabajo en otra agencia y tendría prioridad por encima de alguien que actualmente no está en el gobierno.

Villafañe explicó a que responde el cambio: ¨Hay dos realidades que nos obligan a transformar eso. Razones que nos obligan a cambiar esto, número uno, la realidad fiscal, que es importantísimo, hay que buscar economías, y la operacional que es que hay 118 gobiernos, cada cual jalando para su lado¨.

La iniciativa al momento solo se implantaría en las agencias del gobierno central, y no tocaría a las corporaciones públicas, aunque Villafañe dijo que al otorgarle una prioridad a cualquier empleado de agencia, este podría serle más fácil solicitar plazas en alguna de esas corporaciones.

Villafañe dijo que  como parte de esos traslados también se escucharía al empleado para tomar en consideración sus intereses.

La Policía y el Departamento de Hacienda serían de las agencias que comenzarían a recibir empleados de las otras dependencias, dijo Villafañe. Hacienda necesita más empleados para el área de rentas internas, y la Policía en la actualidad tiene a cerca de 1,000 agentes fuera de las calles porque realizan labores de oficina, explicó el secretario general del Partido Nuevo Progresista en la pasada campaña.

Entre esas áreas que se repiten agencia tras agencia se encuentran compras, legal, finanzas, entre otras. 

“Esas oficinas tiene potencial de centralizarse, aplicar tecnología y laborar con mucho menos personal. Ese otro personal puede moverse a áreas de servicio al ciudadano o a labores en la Policía, por ejemplo”, dijo Villafañe.

No se crearía una oficina nueva, sino que en parte se usaría la la actual Oficina de Personal del Gobierno, actualmente conocida como la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos (Ocalarh), dijo Villafañe.

Esa “movilidad intergubernamental”, como lo describió el secretario designado, sería luego de que los empleados a ser trasladados sean capacitados, de ser necesario, por ejemplo en la Universidad de Puerto Rico. En caso de que haya el interés de ese empleado a ser movido por ejemplo a Hacienda, los traslados “podrían ser rápidos”.

Precisó que hay metas propuestas con un itinerario para los primeros 100 días, que sería para establecer el marco legal, otras a mediano plazo, como sería en 18 a 24 meses, y algunas incluso que son para luego que termine el actual cuatrienio.

¿En los primeros 100 días la base legal, y cuál es la expectativa a mediano plazo, 18 a 24 meses?, se le preguntó.

“Ahí ya debe concretizarse gran parte de la movilidad. Poder minimizar esa operación ineficiente hoy día y fortalecer la que verdaderamente necesitamos, que rinda servicios directos a la ciudadanía, y que sea efectiva, que logre resultados”, sostuvo Villafañe.

Levantan bandera

La propuesta podría traer aciertos, pero también despierta preocupaciones, como pueden ser las demandas por discrimen político que puedan surgir por los traslados, reconoció Palmira Ríos, profesora de la Escuela Graduada de Administración Pública del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.

¨Esa modalidad que nos ha costado tanto en demandas, el discrimen político en el empleo público, nos ha costado mucho en demandas, cientos de millones. Es dinero que no está disponible para servicios públicos porque violamos nuestras propias leyes, así que hay que tener mucha cautela que este instrumento que se está proponiendo no cree casos de violación derechos de los empleados¨, dijo la profesora.

Ríos también dijo que el tema de centralizar estas áreas de recursos humanos no es nueva y que ha sido estudiada como una alternativa para el gobierno.

De otra parte, Yolanda Cordero, actual directora de la Escuela Graduada de Administración Pública, dijo que entre los méritos de la propuesta se encuentra que los empleados serían colocados donde hagan falta.

¨Hace bastantes años se consideró, aunque el término (nombre) que se consideró fue otro, pero era que el gobierno fuera un solo patrono y que permitiera la movilidad de empleados públicos entre agencias¨, dijo la doctora Cordero. 

 ¨Es ver al gobierno como un empleador que permita la redistribución de la fuerza laboral y localizar a nuestros empleados donde sean más necesarios. Aunque se hablaba de agencias que deberían reducir su plantilla, habría algunas que necesiten más personas y es una forma de garantizar empleo a los servidores públicos¨, agregó Cordero.

Otro factor positivo es que se presta para una mejor organización de las regiones del gobierno, que permita una mejor descentralización de servicios que actualmente se concentran en San Juan.

La doctora también advirtió que esa relocalización de empleados debe hacerse de forma responsable para evitar por ejemplo mudarlo a trabajar muy lejos de su hogar, por los disloques familiares que eso puede causar. O que este mecanismo se use para deliberadamente colocar a un empleado  en una posición incómoda para que renuncie, lo que puede llevar a pleitos judiciales por "despidos constructivos".

Al respecto de las dudas de las profesoras, Villafañe dijo que la intención del empleador único no es castigar gente sino ¨todo lo contrario¨ permitiría que los empleados puedan hasta vivir más cerca de sus centros de trabajo. 

¨Esto no se va a hacer de forma atropellante, se va a hacer sentados a la mesa con los gremios laborables y con los propios empleados, escuchándole en todo momento, pero siempre decididamente moviéndonos, no hay espacio para el inmovilismo¨, explicó Villafañe.