San Juan, Ricardo Rosselló Nevares tomará mañana posesión como nuevo gobernador de Puerto Rico con el reto inmediato de dar solución a una deuda pública impagable y convivir con una entidad de supervisión impuesta por Washington para atender la crisis económica que seguirá cada uno de sus pasos.

 El hijo del exgobernador Pedro Rosselló González (1993-2000), de 37 años y señalado por sus críticos como persona de nula experiencia en la vida pública que ha llegado al cargo gracias a su padre, tiene la tarea durante los próximos cuatro años de dar solución a los problemas de este Estado Libre Asociado a Estados Unidos con unas arcas vacías.

Cada una de la decisiones de Rosselló, presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), formación que aboga por anexionar la isla a EE.UU., serán examinadas con lupa por la Junta de Supervisión fiscal, entidad que surge de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, conocida como Ley Promesa, aprobada por el Congreso estadounidense.

El Ejecutivo se declaró durante 2016 incapaz de pagar una gigantesca deuda de más de 60.000 millones de dólares y ante las amenazas de los acreedores de juicios interminables y el riesgo de cerrar las operaciones gubernamentales por falta de liquidez solicitó la colaboración de Washington.

El Congreso estadounidense rechazó la petición de Puerto Rico de acogerse al capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal para negociar con sus acreedores al argumentar que para ello debería ser un estado más de EE.UU., requisito que no cumple la isla, un Estado Libre Asociado al país estadounidense con Constitución propia y cierto grado de autonomía.

Puerto Rico había buscado al promover a nivel local la Ley 71 de 2014 para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas, conocida como "ley de quiebra criolla", que las corporaciones públicas pudiesen declarase en quiebra, pero distintos tribunales determinaron que era inconstitucional.

Rosselló tendrá muy poco tiempo para reaccionar, ya que a mediados de febrero termina la prórroga que establece la ley Promesa para las demandas judiciales presentadas por los acreedores, que esa normativa dejó durante unos meses sin efecto para que el Ejecutivo de San Juan pudiera afrontar sus problemas sin la distracción de una maraña judicial.

El que mañana será nuevo gobernador ha dejado entrever que va a buscar algún tipo de ayuda financiera desde Washington para afrontar el reto de la deuda, aunque sin dar detalles.

Rosselló lo primero que tendrá que garantizar es la prestación de servicios básicos a la población y a la vez negociar con los acreedores.

El gobernador electo, que se ha rodeado de un gabinete de gente tan joven como él, ha dicho que la raíz del problema es que Puerto Rico es tratado por Washington como una colonia, por lo que pondrá en marcha todos los mecanismos para que durante su mandato se celebre una consulta con el objetivo de que la isla se integre plenamente en Estados Unidos.

Puerto Rico cuenta desde 1952 con una Constitución que le otorga cierto grado de autonomía gubernamental, pero se supedita a las autoridades federales de EE.UU. en áreas críticas como relaciones diplomáticas, fronteras, moneda o defensa.

Analistas políticos han apuntado que Rosselló tiene un complicado panorama y las manos atadas, ya que la Junta de Supervisión fiscal tiene capacidad para vetar cualquier decisión de naturaleza financiera del futuro Gobierno, además de supervisar y tener la última palabra en la práctica totalidad de las agencias gubernamentales.

A convivir con esa entidad y pagar la deuda se unen otros graves problemas como una criminalidad que cada semana se cobra la vida de cerca de diez personas, un alto desempleo o elevar una de las poblaciones laborales con menos trabajadores activos del mundo.

El presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, estará mañana presente en el acto de toma de posesión.